Una crisis de Estado tan temprana como ésta – sólo han pasado 6 meses del nuevo gobierno – puede parecer incomprensible e incluso insensata para los ojos externos, pero no lo es. Rodrigo Paz se burló de los sectores populares; tomó las elecciones y el poder político a manera de juego: prometes lo que te pidan, ofreces “capitalismo para todos”, obtienes votos y luego ignoras a quienes te los dieron. Si algunas élites ven con asco a los sectores populares en Bolivia, Rodrigo Paz los vio como objeto de burla; un juego igual de peligroso. Ahora ese juego ha implosionado: su base electoral pide su renuncia y el bloque social que él quiere que sea su base electoral – Santa Cruz – lo extorsiona a cambio de su apoyo.
Como buen mirista, Paz cree que a la gente se la aplaca con sobornos, pero ¿cómo sobornas a alguien que ni siquiera negocia contigo porque lo único que exige es tu salida? Lo que Paz y sus ministros no dimensionan es que el problema no es una demanda sectorial o una molestia puntual, sino una crisis de Estado que inició en octubre de 2019 y de la cual Paz sólo es un episodio. Crisis de Estado – y no simplemente de gobierno – porque lo que está en disputa es la forma de relacionamiento entre el Estado y los sectores populares, así como el sostén económico que hizo posible ese vínculo.
El Estado se reconstituyó el 2006 sobre un pacto sociopolítico relativamente claro: las organizaciones sociales, sus dirigentes y sus líderes participaban del poder estatal; el Estado se hacía presente donde antes no lo había estado redistribuyendo recursos a través de obras y programas (haciendo posible así procesos de acumulación local) y, a cambio, recibía apoyo y gobernabilidad. Poder político e inversión estatal, esos fueron los dos ejes centrales del pacto que garantizaron estabilidad política entre 2006 y 2019.
Paz y Lara – aunque de forma más intuitiva que consciente – fueron interpretados como la promesa de renovar ese pacto: continuar con el Estado Plurinacional, pero renovándolo con la crítica agresiva de Lara a la corrupción de las élites políticas y con la promesa de Paz de un Estado Plurinacional más proclive a los negocios populares. Con esa promesa implícita ganaron las elecciones, pero Paz la tomó a modo de engaño y burla, y por eso ahora su base electoral le pide su renuncia.
Pero Paz no sólo rompió ese pacto excluyendo a los sectores populares del aparato estatal sino que, más grave aún, le pidió a un país en crisis económica que pague el doble por la gasolina; el país aceptó y, en retribución, le mandó gasolina basura. No tiene idea de lo que esto significa material y simbólicamente porque para él es nada o muy poco, pero el desastre de la gasolina caló en el imaginario de todas las clases sociales porque para el empresario, el transportista o el campesino, un automóvil es una inversión de vida, para unos como un lujo, para otros como inversión y medio de trabajo. El problema no fue sólo el daño a automóviles particulares, sino también a trilladoras, motores y maquinaria agrícola en el campo.
Esta es una crisis de Estado porque la expectativa del pacto Estado-sociedad no se borró con la salida de Evo, la de Arce ni con la victoria de Paz; sigue vigente en el imaginario colectivo, pero, por ahora, no existen los recursos económicos para sostenerla. Estamos por tanto ante un desajuste entre la expectativa política colectiva y el patrón de acumulación económica.
Esto no quiere decir que se quiera volver al pasado pues todos los grupos sociales han cambiado enormemente en estos 20 años. Se sigue aspirando a que el Estado invierta y redistribuya, pero la dinámica de esa inversión y redistribución deben renovarse; aún se aspira a ser el actor central del poder político, pero también bajo lógicas y formas renovadas.
Sin embargo, mientras que las mayorías siguen esperando ese Estado que integre políticamente e invierta económicamente, estamos ante una predominancia económica de facto del sector exportador privado que lleva sus réditos fuera del país y ante una élite que se niega a la participación política de los sectores populares en el Estado central. El problema político se soluciona con la renuncia de Paz; el problema del patrón de acumulación no.
El gas ya no existe como fuente de excedentes. Lo que se necesita es que la fuerza de la movilización vaya acompañada de una agenda de economía política (que sin duda pasa por la minería y el litio, y un control a la fuga de capitales del país por parte de los grandes exportadores). Las agendas colectivas no aparecen de un día al otro; hace apenas un año casi nadie hablaba de dólares o de la minería y hoy ya son parte del pliego de la COB. Los programas económicos no se construyen en Harvard, sino en la lucha y en la discusión colectiva.
