Hay una operación política que se repite una y otra vez en la historia de Bolivia. Cuando las élites económicas se movilizan, cuando las clases medias urbanas salen a las calles, cuando los grupos de poder paralizan ciudades enteras, los grandes medios hablan de “la ciudadanía”, “la gente”, “la población indignada” o “la defensa de la democracia”. Pero cuando se movilizan campesinos, indígenas, trabajadores, mineros, maestros o sectores populares, el lenguaje cambia. Entonces aparecen palabras como “grupos radicales”, “minorías violentas”, “vándalos”, “sectores desestabilizadores”, “terroristas” o simplemente “bloqueadores”.
El gobierno de Rodrigo Paz parece haber decidido recorrer ese camino. Frente a las movilizaciones que atraviesan el país, ha intentado construir la narrativa de que una pequeña minoría mantiene secuestrada a una gran mayoría trabajadora. La idea es simple: presentar a quienes protestan como un grupo aislado, manipulado por intereses oscuros, y financiado por el narcotráfico, mientras el resto del país supuestamente observa en silencio y espera que el gobierno restablezca el orden. Sin embargo, esa narrativa comienza a resquebrajarse cuando se observa quiénes están presentes en las carreteras, en los cabildos, en las asambleas y en las marchas. No se trata de un solo sector. Son sindicatos, organizaciones campesinas, comunidades indígenas, maestros, transportistas, productores y trabajadores que expresan un profundo malestar no sólo frente a la crisis económica, sino frente a las políticas que favorecen a los sectores empresariales, agroindustriales, cargándole la factura de los ajustes a las clases trabajadoras.
Resulta inevitable recordar el año 2019. Durante semanas, los llamados “bloqueos pititas” fueron presentados por gran parte de los medios como una expresión legítima de la voluntad popular. En muchas ciudades se observaban puntos de bloqueo sostenidos por pequeños grupos de personas, con sogas o “pititas” atravesando las calles, fogatas improvisadas, vecinos jugando cartas, jóvenes consumiendo alcohol o compartiendo parrilladas. Aquellas imágenes eran mostradas como símbolos de resistencia democrática. Nadie hablaba entonces de una minoría secuestrando al país. Nadie cuestionaba si unas cuantas personas podían interrumpir la circulación de miles. La legitimidad parecía provenir no de la cantidad de participantes, sino de quiénes eran los participantes y de los intereses políticos que representaban.
Hoy ocurre exactamente lo contrario. Las movilizaciones actuales son descritas desde el poder como actos de vandalismo, conspiración o desestabilización. El propio presidente ha señalado que existen sectores que “no quieren dialogar” y que buscan “generar daño”, mientras desde el gobierno se han difundido acusaciones que vinculan las protestas con intereses irregulares o incluso con el narcotráfico. Sin embargo, detrás de esas etiquetas existe una realidad más compleja: amplios sectores sociales manifiestan sentirse excluidos de las decisiones gubernamentales y traicionados por promesas de gobernar para el pueblo, y las posteriores demostraciones de la intención de beneficiar a los poderosos, la eliminación del impuesto a las grandes fortunas como una de las primeras medidas de Rodrigo Paz, basta como muestra.
Desde las organizaciones movilizadas, que son muchas y representan a miles y miles de personas, esta discusión tiene una profundidad mayor. El problema no es solamente quién bloquea una carretera. El problema es quién tiene derecho a ser reconocido como sujeto político. Durante siglos, cuando los pueblos indígenas irrumpieron en la historia para cuestionar el orden colonial, fueron descritos como hordas, masas manipuladas o amenazas para la “civilización y la cultura”. Nunca se los reconoció como portadores de pensamiento propio. La vieja lógica colonial consistía en negar la racionalidad del indígena para justificar su exclusión. Hoy, bajo nuevas formas, esa misma lógica reaparece cuando se afirma que las bases movilizadas no saben por qué luchan, que están engañadas por sus dirigentes o que responden únicamente a intereses externos, y que actúan como rebaños, aprovechando de animalizar a las y los indígenas, originarios y campesinos de Bolivia.
La pregunta de fondo es incómoda para el gobierno: ¿qué ocurre si quienes están movilizados no son una minoría? ¿Qué ocurre si detrás de los bloqueos existe una mayoría social que ya no cree en los discursos oficiales? ¿Qué ocurre si el problema no es una conspiración, sino una profunda ruptura entre el gobierno y los sectores populares que alguna vez prometió representar? Las respuestas no pueden encontrarse en la criminalización de la protesta ni en la fabricación de enemigos internos. Porque ningún gobierno logra estabilizar un país negando la existencia de quienes le reclaman.
Bolivia atraviesa una disputa por el significado mismo de la democracia. Para algunos, la democracia se reduce al resultado electoral y a la obediencia posterior, principalmente si los poderosos se sienten representados, tienen la seguridad que sus intereses serán atendidos por encima del bien común o temen el retorno de un gobierno indígena. Para otros, especialmente para los pueblos indígenas y los movimientos populares, la democracia también implica la capacidad permanente de interpelar al poder, cuestionarlo y exigirle rendición de cuentas. En esa tradición larga de luchas indígenas, campesinas y obreras, la movilización no es una anomalía: es una forma histórica de participación política, de defensa de sus derechos frente al estado republicano, que hoy subsiste y se defiende como animal herido enfrentando ladinamente al Estado Plurinacional.
Por eso, más que preguntarnos si una minoría está bloqueando a la mayoría, quizá debamos preguntarnos quién tiene el poder de definir quién es la mayoría. Porque en Bolivia, demasiadas veces, los poderosos se han arrogado el derecho de hablar en nombre del pueblo precisamente cuando el pueblo deja de obedecerles.
