A cinco meses del inicio del gobierno del Presidente Rodrigo Paz, corresponde realizar una evaluación seria, sustentada en criterios de gestión pública, cumplimiento de funciones estatales y resultados verificables.
La conclusión, desde la fiscalización y el análisis, es clara: el gobierno muestra más debilidades estructurales que avances concretos, acompañadas de señales preocupantes en su orientación política y la forma de gobernar a través de Decretos Supremos sin respetar la Constitución Política del Estado.
Un elemento crítico es desinstitucionalización del Estado. La gestión pública eficaz requiere respetar la Constitución Política del Estado, Ley de Leyes de la normativa nacional y de la cual deriva la coordinación multinivel y diálogo permanente con actores territoriales y sociales.
Lo que se observa, en cambio, es una fragmentación interna dentro del gobierno, aislamiento de actores políticos clave como el Vicepresidente del Estado y una limitada capacidad de construir gobernanza. Sin institucionalidad y sin articulación, no hay políticas públicas que logren un impacto real.
Se observa que existe una brecha crítica entre planificación anunciada y ejecución real. No se evidencia una planificación consistente, ni metas claras, más si hay un relato cansado de inculpar de todo a los últimos 20 años de gobierno.
En gestión pública lo que no se planifica con rigor, no se ejecuta y lo que no se mide, no se corrige. Actualmente, esa ausencia de estructura técnica se traduce en respuestas dispersas, desarticuladas y en muchos casos inexistentes.
A ello se suma un patrón de gestión reactiva. Se gobierna en función de la coyuntura y la presión de sectores sociales, no desde una planificación estratégica de mediano y largo plazo, hasta ahora no se conoce que se esté trabajando el Plan de Desarrollo Económico y Social, que va a regir los siguientes, casi, cinco años de gestión. Esta lógica no solo limita la efectividad de las acciones, sino que evidencia la ausencia de un horizonte claro de gestión.
Pero, además, se hace evidente una línea discursiva y política orientada a desacreditar empresas estratégicas del Estado como Boliviana de Aviación (BOA), ENTEL y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Estas empresas no solo cumplen funciones económicas, sino que sostienen el modelo de redistribución que permite financiar bonos sociales como el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy. Debilitarlas no es un hecho aislado, es abrir paso a procesos de privatización, explícitos o encubiertos, donde las utilidades dejan de redistribuirse entre la población y pasan a concentrarse en manos privadas. Esto implica un cambio estructural y de retroceso en el rol del Estado, en la garantía de derechos y del sistema de protección social.
Asimismo, se evidencia un patrón de gestión marcado por la falta de transparencia y la existencia de hechos graves que no han sido esclarecidos. El caso de las denominadas “32 maletas”, con presunta implicación de policías y operadores de justicia, revela no solo posibles redes de corrupción, sino también un preocupante ocultamiento de información hacia la ciudadanía. Cuando no se informa, se debilita la institucionalidad y se erosiona la confianza pública.
En el ámbito de los hidrocarburífero, existen indicios de sobreprecios en la adquisición de crudo con intermediaciones de las empresas Trafigura y Vitol, sin dejar de mencionar que a ello se suma la mala calidad de los combustibles que se comercializan en el país, pagados en su totalidad por la población boliviana, generando un triple perjuicio para la población por precios cuestionados que causan un daño económico al Estado por contratos lesivos a éste y combustible de mala calidad que ha averiado miles de autos en el país. Todo ello, es pagado del bolsillo de cada boliviana y boliviano.
En esa misma línea, la promulgación de la Ley 1720 de reconversión de tierras, es un riesgo estructural para la protección de la propiedad agraria en Bolivia. Permitir la conversión de pequeña a mediana propiedad mediante mecanismos simplificados no solo desnaturaliza el carácter de patrimonio familiar y la inembargabilidad de la tierra reconocidos constitucionalmente, sino que abre la puerta a procesos de concentración de tierras y debilitamiento de la economía campesina. Esta medida, lejos de fortalecer la producción, puede generar mayor desigualdad y vulnerabilidad en el área rural.
Por ello, expreso mi rechazo a esta iniciativa y mi respaldo a la movilización legítima de organizaciones campesinas de Pando y Beni, que han salido en defensa de sus territorios, de sus medios de vida y de un modelo productivo que no puede ser subordinado a intereses de concentración y especulación de empresarios, agroindustriales y banqueros.
Finalmente, en política internacional es cuestionable el alineamiento con gobiernos y corrientes que promueven agendas contrarias a los derechos humanos. “Bolivia para el mundo y el mundo para Bolivia” se convierte en un slogan alineado a una parte de los países del globo terráqueo, pues son relaciones con países que no respetan el derecho internacional, que generan guerras, intervienen países y peor aún, participan y apoyan a genocidios en pleno siglo XXI.
Con todo lo descrito, es necesario decirlo con claridad: el gobierno de Rodrigo Paz es un gobierno que no respeta la Constitución Política del Estado, que genera desinstitucionalidad, que no planifica su gestión debilitando el rol estatal, que no garantiza derechos, que no actúa con transparencia. Porque en gestión gubernamental, sin transparencia y sin responsabilidad, no hay relato que pueda sostener la realidad.
