El principal error de quienes intentan explicar los bloqueos actuales en Bolivia es creer que la relación entre Estado y organizaciones sociales se sostuvo únicamente mediante prebendas. La crisis actual muestra precisamente lo contrario: cuando se rompe la mediación transaccional que articulaba reconocimiento político, gestión estatal y representación social, la mera distribución de favores resulta insuficiente para reconstruir legitimidad.
Tuvo que transcurrir todo el mes de mayo para que los analistas políticos favorables al gobierno de Rodrigo Paz salgan de su cámara de eco. La estrategia inicial del gobierno y sus satélites fue enfatizar el carácter minoritario de las protestas en Bolivia. Las columnas de opinión y los podcast de líneas conservadoras se convencieron a sí mismas de que los bloqueos en Bolivia eran ocasionados por un puñado de dirigentes. Dirigentes que consideran de la laya de los codiciosos sin escrúpulos que no quieren soltar la mamadera de la dádiva gubernamental. Mientras los bloqueos estaban circunscritos al departamento de La Paz parecía que la narrativa podía pegar. La normalidad en muchos departamentos contrastaba y aislaba la experiencia de agobio en La Paz. Las protestas en ese momento podían representarse como aventuras de un sector que leyó mal la situación. Además, el gobierno derogó la ley de reconversión de tierras. Los fundamentos de una movilización, creyeron, se desmoronaban.
Concluye mayo y los puntos de bloqueo se cuentan en más de noventa y se han propagado a otros departamentos. La situación se ha intensificado y esto se siente en el humor y en la cartera de la ciudadanía en La Paz: miedo, malestar, incertidumbre y una canasta básica imposible de completar con mercados vacíos y precios disparados. A finales de mayo los opinadores oficialistas han tenido que ensayar otras interpretaciones para poder sustituir la refutada tesis de las minorías eficientes. Vuelven sobre hipótesis que antes desecharon por especulativas y que el mismo presidente quiso enfatizar al decir que no le debía nada a ningún sector.
En la desesperación de reorganizar una lectura de la situación, el ágora de los intelectuales circunstancialmente rodriguistas tuvo que aventurarse a explicar las movilizaciones más allá de la hipótesis de las masas coaccionadas y manipuladas. “Los dirigentes les obligan” se convirtió en una explicación menesterosa. Y tuvieron que reconocer alguna de las insuficiencias de sus análisis anteriores. La versión apasionadamente anti-popular se edificó sobre muchas intuiciones tergiversadas. Una de ellas es la reducción simplista del Estado Plurinacional a un mero contubernio entre la cúpula estatal y las dirigencias sociales, cuyo único pegamento sería la mediación prebendal: la dádiva, el soborno o la “mamadera”. Esta asociación ilícita, según los críticos, se sostiene en la manipulación de bases pasivas e ignorantes.
Este enfoque, sin embargo, comete un error fundacional: al obsesionarse con la denuncia de la dádiva gubernamental, se niega a ver el complejo tejido de la mediación transaccional que construyó la estatalidad contemporánea. La mediación transaccional es el conjunto de prácticas amplias que han relacionado al Estado con las organizaciones sociales, excediendo —e incluyendo— las prebendas. Es el bosque que la crítica dejó de ver. Hablamos de una forma de negociación recurrente que incluye ministración de fondos pero también rutinas de consulta, negociación y distribución. No todos salen con lo que demandan, pero existe un proceso de toma y daca que hoy simplemente se ha clausurado. Distintos niveles de organización territorial se articularon de modos que la dádiva no puede explicar.
Es aquí donde reside el misterio: Rodrigo Paz, que presumía de haber andado los municipios rurales, parecía entender este complejo sistema de reciprocidad y reconocimiento. Su fracaso actual en el diálogo sólo se explica por el cortocircuito producido en esta esencial mediación transaccional. Los intentos de prebendalizar las negociaciones lo han empantanado porque hay sectores que vigilan sus dirigencias de modo que no se tuerzan. Otros, como cooperativistas, sí han sido más fáciles de contentar con acuerdos irregulares. Las imposibilidades actuales del diálogo pasan porque el gobierno se maneja en la lógica de restablecer dádivas focalizadas, cuando se le exigió desde enero una recomposición de las relaciones y orientaciones políticas de cara a un periodo de ineludible reconducción económica.
El límite de la comprensión actual, en última instancia, no es un misterio de la personalidad presidencial, sino la incapacidad para entender que el pegamento de la mediación transaccional nunca fue únicamente el recurso financiero, sino el reconocimiento político y la consideración de las organizaciones. El cortocircuito actual surge de su decisión de enfocar la inevitable reconducción económica en favorecer únicamente a la agroindustria y a los cooperativistas, dejando de lado otros actores sociales.
Las vías de resolución de la crisis actual son inciertas. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que la relación entre Estado y organizaciones no puede reducirse a la simple distribución de recursos ni sostenerse únicamente mediante decisiones unilaterales. La mediación transaccional constituyó durante años un mecanismo de articulación entre ambos mundos. Su deterioro actual no solo deja al Estado sin una forma efectiva de interlocución; también encuentra a las organizaciones en un momento en que los horizontes de su propia construcción política permanecen abiertos e inciertos. La crisis presente no demuestra la desaparición de la mediación transaccional. Demuestra, más bien, el costo de perderla antes de haber construido una alternativa.
