Los hechos suscitados en las últimas horas en La Paz son alarmantes, reprochables e injustificables. Las explosiones de dinamita, los ataques vandálicos contra instalaciones públicas, los abusos cometidos en medio de las movilizaciones y el impedimento del paso de ambulancias o alimentos hacia sectores vulnerables no pueden ser normalizados ni defendidos. Todo aquello debe ser investigado y sancionado. Pero CUIDADO: esos hechos no son sinónimo de la movilización popular ni anulan la legitimidad de la protesta social.
La historia de Bolivia es cíclica. Y esto ya pasó.
En abril del año 2000, durante la Guerra del Agua en Cochabamba, el entonces vicepresidente de Hugo Banzer y presidente nato del Congreso, Jorge “Tuto” Quiroga, ya planteaba la salida autoritaria del estado de sitio (ahora Estado de Excepción). ¿Cuál fue el resultado? Más de una veintena de detenidos, dos muertos y un país aún más incendiado. El conflicto no terminó por la represión; terminó porque el poder tuvo que retroceder frente a las demandas populares. Terminó porque el pueblo resistió. Terminó porque las aguas de Misicuni no fueron entregadas a intereses extranjeros ni a negociados disfrazados de modernización.
Hoy algunos vuelven a proponer exactamente la misma receta fracasada. Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa y otros representantes de las élites insisten en hablar de “mano dura”, de militarización y de estado de excepción como si Bolivia fuese una hacienda privada y no un país construido sobre la resistencia de sus pueblos indígenas y populares.
No han entendido nada.
Rodrigo Paz y sus amigos representan a un grupo de oligarcas profundamente desconectados del pueblo boliviano. Nunca comprendieron que Bolivia es india. Que este país tiene memoria, identidad, usos y costumbres. Que no se puede gobernar excluyendo a las mayorías indígenas mientras se protege a pequeños círculos de privilegio económico y político. Los indios no somos invitados en esta tierra: somos los dueños históricos de este país.
Hablan de detenciones y de “mano dura”, pero guardan silencio frente a la violencia económica que vive la población todos los días. ¿Acaso no es también un atentado contra el pueblo la gasolina basura comprada con sobreprecio? ¿No es violencia condenar a las familias a filas interminables, al encarecimiento de la vida y a la incertidumbre permanente mientras unos pocos hacen negocios desde el Estado?
Todas y todos estamos perjudicados por los efectos de la presión social, pero también estamos siendo golpeados por las medidas de un Gobierno incapaz de responder a la crisis que él mismo profundizó. A menos, claro, que se pertenezca a la élite que siempre cae parada.
Las consecuencias de los negociados estatales, los deseos de privatización encubierta, el saqueo silencioso de los recursos públicos y la corrupción descarada afectan a toda Bolivia. Y mientras tanto, el discurso oficial busca reducir todo a “bloqueadores” o “vándalos”, ignorando deliberadamente las causas de fondo.
El rol de la Policía Boliviana vuelve a ser el de siempre: represivo, abusivo y muchas veces extorsionador. Las denuncias sobre policías infiltrados vestidos de civiles, implantación de pruebas y uso desproporcionado de la fuerza no son nuevas en Bolivia. Son prácticas repetidas que atraviesan gobiernos y que casi siempre terminan en impunidad. Algún día las fuerzas del orden deberán entender que no toda orden merece obediencia, y que las órdenes ilegales deben ser rechazadas.
Por eso, los pedidos de estado de sitio no son solamente excesivos: son peligrosos. Son el terreno perfecto para las vulneraciones a los derechos humanos, para las detenciones arbitrarias y para el silenciamiento de la protesta social.
No estamos frente a una guerra civil ni ante una conmoción interna que justifique suspender derechos constitucionales. Estamos frente a una población desesperada que no encuentra otro camino para hacerse escuchar por un Gobierno que prometió una cosa en campaña y ejecuta otra completamente distinta desde el poder.
El problema es político. Y la responsabilidad también.
Después de traicionar su agenda electoral y burlarse del voto prestado por millones de bolivianos en las elecciones de 2025, el Gobierno debe decidir si seguirá gobernando para las élites económicas y los acuerdos oscuros o si finalmente escuchará a la población que hoy exige respuestas.
Porque las demandas cambian hora tras hora. Y la historia boliviana demuestra que cuando el conflicto escala hasta este punto, las respuestas tardías dejan de servir. Esa responsabilidad no es del pueblo movilizado: es exclusivamente de un Gobierno incapaz de anticipar, dialogar y resolver.
También habrá que preguntarle al fiscal Mariaca:
¿Dónde está la acción penal firme contra los corruptos que compraron gasolina basura con sobreprecio?
¿Dónde está la acción penal contra los autoprorrogados que destruyeron la institucionalidad democrática del país?
¿Dónde están las investigaciones contra quienes convirtieron el Estado en un espacio de negocios privados?
Si la justicia solo persigue bloqueadores y opositores mientras protege a los poderosos, entonces no se está cumpliendo la Constitución ni el principio básico de igualdad ante la ley.
Bolivia ya recorrió este camino. Y cada vez que las élites intentaron resolver el conflicto social con represión, el país terminó más dividido, más herido y más pobre.
