En las últimas décadas, especialmente desde la consolidación de procesos de transformación política, económica y cultural, que se han dado en Bolivia, se ha hecho evidente una línea editorial que, bajo el pretexto de la objetividad y la defensa de la democracia y la libertad, a operado como un mecanismo de deslegitimación de las movilizaciones populares. Este fenómeno no es casual, sino que responde a una alineación de intereses económicos, políticos y de clase que establecen una narrativa sobre la protesta social.
Las organizaciones sociales como “amenaza”
La principal estrategia editorial de los grandes medios frente a las movilizaciones sociales en Bolivia es el uso de marcos de referencia (framing) que priorizan el orden público sobre el derecho a la protesta.
Cuando un sector —ya sean campesinos ponchos rojos, campesinos del norte de Potosí, campesinos de Pando y Beni, mineros, profesores urbanos y rurales, mujeres campesinas, gremiales, choferes, y otros — sale a las calles, la cobertura suele centrarse en las consecuencias negativas inmediatas: el bloqueo de caminos, el perjuicio económico, basura en las calles o la interrupción del tráfico en las calles.
El objetivo principal es que la demanda social quede relegado a un segundo plano. Las editoriales al transformar al sujeto político de la movilización en un “obstáculo” para el ciudadano común. Se construye así una calificación entre “ciudadanos de bien”, que trabaja y respeta la ley, y el ” ciudadano movilizado”, que es presentado como un agente del mal. Esta técnica despoja a la protesta de su carácter democrático y la reduce a un problema de seguridad interna.
La criminalización y la estigmatización del discurso
Otro pilar de la línea editorial contra las movilizaciones es la criminalización. En Bolivia, es frecuente que los medios utilicen adjetivos cargados de connotaciones negativas para describir a los manifestantes. Términos como “hordas salvajes”, “vándalos”, “grupos de choque” u “hordas terroristas” son comunes en los titulares de prensa escrita y en los relatos de los noticieros televisivos o en las “discusiones” o “análisis” de algunos “analistas independientes”.
Esta estigmatización tiene una raíz profunda en el racismo y el clasismo que aún persisten en las estructuras de poder bolivianas. Las movilizaciones de sectores indígenas y campesinos suelen recibir un tratamiento informativo mucho más severo y punitivo que las protestas de sectores urbanos o de clases medias-altas. Mientras que las primeras son presentadas como amenazas a la democracia, las segundas suelen ser narradas como expresiones legítimas de la sociedad civil. Esta doble vara no solo sesga la información, sino que valida la represión estatal al construir una percepción de peligro inminente en la opinión pública.
Qué callar, qué decir y no ver las de causas de los problemas
La línea editorial no solo se manifiesta en lo que se dice, sino también en lo que se calla. La omisión de las causas estructurales que originan la protesta —como la desigualdad, el incumplimiento de acuerdos estatales, las mentiras de las autoridades, la descalificación de lo simbólico— es una forma de desinformación.
Al no explicar el “por qué” de la movilización, el medio proyecta la imagen de que los manifestantes actúan por capricho, por manipulación política o por intereses monetarios directos (“están pagados”).
Este enfoque despolitiza la movilización social. Si la audiencia no comprende que un bloqueo es el último recurso a una demanda incumplida, solo verá la molestia del viaje interrumpido. Los medios bolivianos han perfeccionado la técnica de entrevistar al pasajero varado en la carretera antes que al dirigente que explica la plataforma de lucha, inclinando la balanza emocional de la audiencia en contra del movimiento social.
Los medios como actores políticos
Es fundamental entender que los medios de comunicación en Bolivia y en muchas partes del mundo no son meros observadores independientes, e imparciales. Durante la crisis, como la “Guerra del Gas” en 2003 o la crisis política del golpe de Estado de 2019, gran parte de los medios actuaron como actores políticos con intereses definidos.
La propiedad de los medios, vinculada en muchos casos a grupos empresariales y financieros, determina una línea editorial que protege el interés económico y político de una clase social.
Las movilizaciones sociales, por definición, buscan cuestionar o transformar ese orden, lo que las coloca automáticamente en el bando contrario de los intereses editoriales.
La concentración de la pauta publicitaria, tanto estatal como privada, también juega un rol. Los medios temen que una cobertura demasiado favorable a una movilización social les genere represalias económicas o políticas. Por ello, la línea “segura” suele ser la alineación con los sectores de poder que exigen mano dura y el restablecimiento del orden.
Conclusión
La línea editorial de los medios de comunicación predominantes en Bolivia frente a las movilizaciones sociales no es un reflejo neutro de la realidad, sino un filtro ideológico. A través del encuadre negativo, la estigmatización de los actores y la omisión de las raíces del conflicto, se construye una narrativa que busca debilitar la legitimidad de la protesta popular. En un país, como Bolivia, donde la movilización es una herramienta histórica de conquista de derechos, el rol de los medios se convierte a menudo en un muro que impide el diálogo social, reforzando las divisiones y justificando la exclusión de los sectores más vulnerables del debate democrático. La necesidad de medios alternativos, comunitarios y un aprendizaje del uso de medios críticos al sistema se vuelve, entonces, una tarea urgente para la ampliación y profundización de la democracia boliviana.
