No existe gobierno más frágil que aquel que nace como un accidente.
La democracia no es una máquina de resolver desacuerdos. Es un mecanismo para procesar conflictos a través de elecciones. No promete felicidad ni justicia, no resuelve todas las desigualdades. Promete algo más modesto, pero más valioso: que los “malos gobiernos” puedan ser reemplazados por vías institucionales y que los conflictos se procesen sin violencia y con mediación política desde un gobierno legítimo.
Por eso, más importante que el día de la votación son los días que vienen después. Un gobierno se mide en su capacidad cotidiana para mediar, escuchar, no mentir y, sobre todo, no menospreciar a su electorado. Cuando esa capacidad falla, la legitimidad se vacía. Y el vacío, antes o después, se llena de malestar social.
El voto no es un acto aislado. Es el resultado de una larga sedimentación: en las capas profundas se depositan la identidad de clase, la memoria histórica, la pertenencia territorial. Luego se suman los candidatos, los temas de campaña, los eventos de último momento. A través de esa sedimentación se cristaliza una suerte de decisión electoral final. Pero el voto también se orienta hacia el futuro: hacia lo que una sociedad cree que es posible. Cuando ese horizonte se ensancha, la política es esperanza y proyecto. Cuando se achica, la política se vuelve reactiva y defensiva. El voto por el mal menor es el síntoma de un horizonte achicado. La gente no elige un futuro mejor. Elige el futuro menos malo, entre los que quedan.
Un gobierno que nace así carga con una fisura de origen.
Una victoria como la que se vivió en Bolivia, producto de un balotaje inclinado por el voto de descarte ¿nace de un mandato popular genuino? ¿existe conciencia de ello entre quienes gobiernan? Ante estas preguntas surgen dos caminos: gobernar con sinceridad y de cara al pueblo, construyendo legitimidad día a día; o hacerlo con soberbia, creyendo que los votos obtenidos son un cheque en blanco.
Cuando ocurre lo segundo, la crisis se consuma.
El gobernante empieza a aplicar la receta que nadie le pidió. Elimina el impuesto a las grandes fortunas, aplica ajustes a la clase popular, procede a un sobreendeudamiento externo, gobierna a través de decretos y promulga leyes inconstitucionales. Y, lo más grave, desprecia a esa masa popular que votó por él, tratándola como un residuo del proceso electoral que ya cumplió su función.
Aquí ocurre la traición: empieza a gobernar para las élites tradicionales. Para quienes no lo votaron, pero ahora gozan de los beneficios que él les otorga.
El votante popular no tarda en darse cuenta que lo usaron como un peón electoral. La legitimidad se cuestiona y la política entra en zona de turbulencia.
Así, el gobierno deja de mediar y pasa a reprimir. Y la represión, sin respaldo de legitimidad, es un boomerang. Enfrenta entonces la fatiga social: la gente no solo está enojada, está agotada de que le mientan, de que le prometan una cosa y hagan otra.
El peor error de un gobierno es no admitir que está en crisis. Porque reconocer la crisis no es un signo de debilidad: es el primer acto de un gobierno que todavía aspira a gobernar. El gobierno que la ignora, la profundiza.
Pero si además desprecia a quienes votaron por él, inevitablemente causará un hartazgo crónico en la ciudadanía, a la que se le miente, se le promete y se le traiciona cíclicamente.
Quien así gobierna no entendió que gobernar no solo es ganar una elección. Gobernar es construir puentes de legitimidad todos los días. Y Rodrigo Paz, sistemáticamente, los dinamitó.
Ninoska Durán
Abogada internacionalista, especialista en derechos humanos
