¿Es posible gobernar sin el pueblo? En teoría, y en otras latitudes, pareciera que sí. Institucionalidades fuertes, Estados confiables y sistemas de contrapeso internos hacen posibles las democracias representativas en toda regla: el ciudadano vota, delega y confía, en ese orden. Pero esa lógica, en Bolivia, no funciona. En realidad, nunca ha funcionado. Y hay razones históricas, políticas y profundamente humanas para que así sea.
Porque los últimos veinte años no solo transformaron la economía, el sistema político formal o los diferentes órganos ejecutivos que vimos pasar. Transformaron la conciencia política de millones de bolivianas y bolivianos que aprendieron, a veces a golpe de gas y bala, que su participación democrática no se agota en depositar un voto cada cinco años para luego volver a sus talleres o sus puestos de venta como si nada. Aprendieron que existe otro tipo de democracia: intensa, agotadora y permanente pero efectiva en resultados.
A través de movimientos, organizaciones y sindicatos, los sectores populares conquistaron algo que en Bolivia siempre se les había sido negado: un lugar en la mesa donde se toman las decisiones. Con excesos e insuficiencias, con derivas prebendalistas y personalistas, sin duda. Pero participaron. Y definitivamente, aportaron. Y hoy se resisten, con toda la razón del mundo, a ser nuevamente reducidos a la condición de testigos mudos de su propio destino.
El poder no fue un lujo: fue sobrevivencia
Para comprender por qué los sectores populares se resisten a quedar fuera del Estado, hay que abandonar la mirada superficial y tecnocrática que ve en las movilizaciones un obstáculo para la gobernabilidad, y asumir una perspectiva histórica más honesta. En Bolivia, el Estado nunca fue neutral. Durante siglos fue el instrumento de las élites para administrar la exclusión: quitarle la tierra al indígena, negarle el voto al analfabeto, ignorar la demanda del trabajador o cerrarle las puertas laborales al no universitario. El Estado no era el garante de los derechos de todos; era el mecanismo de preservación de los privilegios de pocos.
Por eso, cuando los sectores populares accedieron al poder, no fue simplemente para administrar y asignar recursos. Fue algo más profundo y esencial: fue un acto de supervivencia y de reconocimiento ontológico. Estar en el Estado significaba, por primera vez, existir para el país, para la sociedad y para el mismo Estado. Dejar de ser dato estadístico. Dejar de ser objeto de lástima. Significaba convertirse en actor con voz y rostro propio en los espacios donde se distribuyen porciones de futuro.
Para quien históricamente fue invisible, el Estado no es un administrador de recursos: es un validador de su existencia. Ignorar esto es tanto un error analítico como una forma de repetir, ya en el gobierno, la mirada despectiva de las élites que siempre gobernaron de espaldas al pueblo.
Tres conquistas que nadie está dispuesto a entregar
La participación popular en el Estado produjo conquistas concretas, vividas en el cuerpo y en la vida cotidiana, que nadie está dispuesto a ceder.
La primera fue la presencia física. Saber que “alguien como yo” ocupa un cargo de decisión no es un capricho identitario: es la diferencia entre existir o no existir en el imaginario del Estado.
La segunda fue el acceso al poder de decisión: la capacidad de colocar las propias necesidades en el centro de las políticas nacionales, tal como siempre lo hicieron los grupos acostumbrados a habitar ese poder. Y con ello, la comprensión de que los derechos no son concesiones generosas del Estado, sino conquistas que se protegen desde el ejercicio mismo del poder.
La tercera fue la garantía efectiva de derechos sobre la tierra, los recursos naturales, el acceso a crédito y mercados. La posibilidad de tener esa porción de futuro para poder dejársela a sus hijos. Y esa transformación no se olvida, ni se devuelve.
La desconfianza no es paranoia: es memoria
Cuando los sectores populares salen a las calles a presionar al gobierno, no lo hacen por capricho ni por nostalgia. Lo hacen porque tienen buenas razones históricas para desconfiar. La institucionalidad boliviana no es confiable para quien fue sistemáticamente excluido por ella.
Y tampoco las élites tradicionales han cambiado su mentalidad. El actual gobierno, aunque emergido del voto popular, muestra señales preocupantes de querer administrar sin rendir cuentas, de gobernar sin escuchar, de pedir paciencia cuando lo que la gente necesita son respuestas y de considerar a los sectores populares una suerte de incómodo invitado en los salones de Palacio Quemado.
En consecuencia, cualquier intento de marginar a los sectores populares de las decisiones estatales ya no es leído como una medida técnica de eficiencia. Es leído, con toda justicia, como un retorno al pasado: la vieja lógica de “ustedes voten, nosotros decidimos.” Y esa lectura activa mecanismos de defensa social que Bolivia conoce bien: bloqueos, movilizaciones, presión en las calles. No porque la gente quiera el caos, sino porque aprendió que esa es, muchas veces, la única forma de ser escuchada.
Una interpelación necesaria
Entonces, la pregunta no es por qué el pueblo se moviliza. La pregunta es por qué el gobierno parece sorprenderse, o peor, incomodarse. ¿Acaso han olvidado de dónde vienen? ¿ De donde salieron los millones de votos que los encumbraron?
Gobernar con el pueblo no es una concesión generosa del gobierno al ciudadano. Es la condición de posibilidad de cualquier proyecto político serio en Bolivia. Sin esa participación activa, cualquier Gobierno sólo vive la ilusión del poder. Y las ilusiones suelen durar poco.
El autor es Especialista en Comunicación Política
