Por: El Martillo
La crisis política y económica del país, agravada por la incapacidad y corrupción, del régimen de Rodrigo Paz, que no puede resolver los problemas que afligen a los bolivianos, ha dado lugar a que el bloque popular salga a las calles y carreteras a protestar, que es la única forma de ser escuchado por los gobiernos de turno.
Añadido a esta crisis, están los actos de corrupción del régimen de Rodrigo Paz, expresados, entre otros, en la compra de gasolina basura, contratos de YPFB con sobreprecio, las 32 narcomaletas, el nunca aclarado accidente del avión de la FAB donde se transportaba millones de billetes de diferentes cortes, que al final, sin explicación ni fundamento legal alguno, dichos billetes dizque fueron quemados, al amparo de las sombras de la noche, por instrucción de las autoridades del Banco Central de Bolivia, hechos de los cuales, en algún momento, deben rendir cuentas al pueblo boliviano.
La movilización popular tiene como consigna la renuncia de Rodrigo Paz, además de las demandas sectoriales, lo que da lugar que en el escenario político se presenten dos caminos.
El primero, que Rodrigo Paz atienda, de manera inmediata, los petitorios de los diferentes sectores laborales que solicitan el incremento del 20% del salario como compensación de la tasa de inflación, incremento que debe será tanto para el sector público como privado; disminución del sueldo de las principales autoridades del Estado en un 50%; no privatizar las empresas estatales; además de otras reivindicaciones sociales, laborales, de salud y educación. De las promesas electorales de Paz y Lara, deberán cumplir con proveer de combustible a todos, como dijeron “desde el primer día de gobierno”, pero al país sólo llega gasolina basura, y lo peor al doble del precio anterior; también se prometió estabilizar el tipo de cambio en el primer día de gobierno, aspecto que no sucedió, el dólar sube día a día y nuestra moneda se devalúa también día a día; otras promesas electorales efectuadas por la dupla Paz-Lara, fueron pagar a todas las mujeres un salario universal; el pago del Bono Dignidad de bs850 hasta llegar a bs2.000; pagar subsidio a madres lactantes de bs2.400; dotar de viviendas con cero cuota inicial y 3% de interés anual; pagar nuevo bono de antigüedad para el magisterio; aumento del bono Juancito Pinto; pago de nuevo bono de bs200 para útiles escolares; entregar computadoras Laptop a todos los estudiantes de Bolivia. De todo lo enunciado, no se ha cumplido ninguno hasta el día de hoy.
Si el gobierno de Rodrigo Paz, mediante la puesta en vigencia inmediata de los respectivos decretos supremos, cumple todos esos compromisos, además de las legítimas peticiones de los trabajadores, puede salvar esta crisis y el gobierno continuar en su gestión.
De no cumplir con esos compromisos, se abre el segundo camino, que no es otro que la renuncia de Rodrigo Paz, como consecuencia de la exigencia del pueblo soberano ante una gestión gubernamental incapaz de resolver los problemas del país, y manchada con casos graves de corrupción, para ello se aplican las previsiones de la Constitución Política del Estado.
En el caso de renuncia, se habilita la sucesión constitucional, que no necesita de ley, ni resolución legislativa o reglamento alguno, es una sucesión ipso facto.
El vicepresidente del Estado asume la función de presidente, una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional acepte la renuncia del presidente. No existe ningún precedente donde la Asamblea Legislativa, o antes denominado el Congreso, haya rechazado una renuncia presidencial, porque prevalece el pedido de renuncia por parte del pueblo soberano, y por otro lado se entiende que no se puede obligar a nadie a desempeñar una función a la cual renuncia.
En Bolivia se tiene como antecedentes las renuncias de los ex presidentes Hernán Siles Suazo 1985, Gonzalo Sánchez de Lozada 2003, Carlos Mesa 2005 y Evo Morales 2019.
La convocatoria a las nuevas elecciones generales, previo acuerdo político y las reglas establecidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional, y en aras de lograr una paz social duradera, atendiendo el sentir del pueblo de mantener un sistema democrático plural, participativo y sobre todo legítimo, la renovación de cargos en esas nuevas elecciones generales debe alcanzar al presidente, vicepresidente, senadores y diputados.
Por ello es imperativo para toda la sociedad boliviana, que se realicen nuevas elecciones generales, como la única manera de contar con una representación política legítima, con autoridades electas, que cuenten con el apoyo, la confianza y el respaldo mayoritario del pueblo para afrontar la crisis estructural que asola al país.
