La imagen: Miles de personas marchando, mayoritariamente jóvenes, universitarias y universitarios. También hay personas adultas, miembros del Sindicato de Profesores, además de adultos mayores. Un día luminoso, invernal. Lo que permite ver, nítidamente, las nubes de humo de gases lacrimógenos, una gasificación violenta e indiscriminada. Policías y vehículos antidisturbios de Carabineros, los “guanacos”, equipados con tanques de agua a presión para dispersar multitudes, correteando a estudiantes. Tan violento el operativo que una joven estudiante, 24 años, aparece con la cara ensangrentada. Estamos en Santiago de Chile.
Bajo la consigna “por una educación al servicio del país y de las grandes mayorías”, miles de estudiantes, profesores, trabajadores de la salud y organizaciones sociales marcharon por el centro de Santiago en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. La manifestación de protesta fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), a la que se sumaron la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y fue respaldada por el Colegio de Profesores, la asociación de funcionarios de la salud y la Coordinadora Feminista 8M, entre otros.
Específicamente, marcharon en contra los recortes al presupuesto educativo, incluyendo su rechazo a reformas recientes que prevén una reducción de recursos para programas clave de diversos ministerios, especialmente en educación, salud, vivienda y trabajo: la denominada megarreforma, que propone un amplio plan de ajuste que incluye un recorte cercano al 3% en los presupuestos ministeriales. Propuesta criticada no solo desde la oposición, sino también en partes del propio gobierno. Un rechazo que no sólo se focaliza en los recortes previstos, sino que abre un debate más amplio sobre las prioridades del gobierno de José Antonio Kast y el rumbo de las políticas públicas, a tan sólo tres meses de su posesión.
Se muestra una profunda incongruencia entre las políticas de restricción del gasto público y la reducción de impuestos a los grandes capitales (que bajan de un 28% a un 23%), incidiendo en las fuentes de financiamiento del gasto público. O la incoherencia de plantear reducir el gasto social en seis mil millones de dólares y anunciar la solicitud de un préstamo al Banco Mundial por el mismo monto. Se trata de políticas de corte neoliberal, que buscan beneficios para los grupos sociales privilegiados, muy similares a las que se implementan en Bolivia o que ya fueron implementadas en países vecinos como Argentina o Ecuador.
Cabe recordar que, en Chile, la educación pública universitaria se acabó en 1978, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Desde entonces floreció el negocio de universidades privadas, con un sistema de “financiamiento” por medio de créditos bancarios, con aval del Estado, que dejan a una población de más de veinte mil estudiantes egresados, con una deuda promedio de 20.000 dólares americanos. Deuda que debe ser pagada por medio de su ingreso a un mercado laboral cada vez más restringido y, en muchos casos, poco vinculado a las profesiones y experticias adquiridas (“al debe”) durante el estudio universitario. Lo que deriva en un incremento de la mora de los beneficiarios y beneficiarias del CAE (Créditos con Aval del Estado), como corroboró el informe de rendición de cuentas de la Comisión Ingresa -administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores-, del año 2024, donde mostró el incremento del porcentaje de mora, que pasó del 37,5% en 2016, al 54,4% en 2022 y a 60,1% para 2023.
A pesar que la manifestación fue convocada como pacífica y que no ponía en riesgo la gobernabilidad estatal, la respuesta de las autoridades fue extremadamente agresiva y violenta, queriendo ser aleccionadora. La protesta terminó siendo dispersada por un amplio operativo de Carabineros, con un saldo de más de treinta estudiantes detenidos y varios heridos; incluido el caso extremo de una joven estudiante de Derecho de la Universidad de Chile que resultó con múltiples fracturas faciales y cuerpos extraños alojados en el rostro; tuvo que ser hospitalizada de emergencia, esperando una intervención quirúrgica.
Este actuar represivo y violento es otra muestra más del rasgo distintivo del nuevo gobierno chileno, otra característica compartida también por el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia: su poca o ninguna voluntad de diálogo y concertación con los sectores afectados por sus políticas regresivas. Actuaciones que se reflejan en la perdida de popularidad entre sus propios votantes. En el caso de Katz, de acuerdo a últimos sondeos (realizados por Cadem y Panel Ciudadano), se puede observar una caída cercana a los 17 puntos en su aprobación en sólo tres meses de gestión. Su aprobación ronda un 42%, mientras que su desaprobación subió por encima del 53%.
Es decir que no se trata del tiempo de ejercicio de gobierno. No son los noventa días de Katz ni los seis mese de Rodrigo Paz, se trata de la perdida de confianza de su electorado, de las mentiras periódicas que lanzan, de no haber cumplido con sus promesas de campaña, de la opacidad de muchas de sus medidas, de la corrupción y mal uso de los bienes públicos, de seguir beneficiando a los privilegiados de siempre. Medidas que la sociedad está cada vez menos dispuesta a tolerar.
En el caso del gobierno chileno, su discurso y su prioridad se focaliza en el tema de seguridad y combate a la delincuencia, proclamando su nula voluntad de negociar sus restricciones al presupuesto y al gasto social, buscando aislar y deslegitimar todo posicionamiento u opinión crítica. Nuevamente, otro elemento compartido con el gobierno boliviano que busca deslegitimar a la dirigencia de los movimientos sociales. Similitudes que se complementan con la característica de gobiernos conformados a partir del amiguismo, con alguna capacidad técnica, pero que no tienen conocimiento de la sociedad y su dinámica política.Ciertamente que las manifestaciones populares no son comparables unas con otras, ni entre países ni en los tiempos de cada país; sin embargo, sus demandas, consignas, disponibilidad y determinismo, nos muestran tiempos de resistencia a la arremetida de la derecha y sectores conservadores en toda la región.
