La creación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) responde a un proceso histórico de lucha social y cultural, anhelado por los movimientos indígenas aymaras del altiplano paceño y las organizaciones político-urbanas de la ciudad de El Alto. Su nacimiento estuvo guiado por objetivos de soberanía, dignidad territorial e inclusión educativa, buscando democratizar el acceso a la educación superior para miles de jóvenes obreros, campesinos e hijos de familias trabajadoras sin la necesidad de desplazarse diariamente a la ciudad de La Paz. Con la conquista de su autonomía plena mediante la Ley N° 2556 en 2003, la UPEA se consolidó como un bastión de pensamiento crítico, co-gobierno paritario y defensa de las causas populares.
Sin embargo, este legado histórico se ve severamente desvalorizado tras la decisión de sus autoridades de otorgar el título de Doctor Honoris Causa —su máxima distinción académica— al presidente Rodrigo Paz Pereira el pasado 8 de mayo de 2026. Esta acción ha sido catalogada por diversos sectores como una auténtica capitulación ante las élites políticas tradicionales y una traición a la identidad antiimperialista e intercultural que dio origen a la casa superior de estudios.
La indignación cobra mayor relevancia al considerar el contexto político: el gobierno de Paz contaba apenas con seis meses de gestión al momento del acto. Durante este periodo, la administración central no solo ha incumplido sus promesas electorales de campaña, sino que ha desconocido el apoyo decisivo del electorado alteño a la candidatura de Edman Lara —alianza clave para su victoria—, asumiendo una postura de corte liberal ajena a las demandas del pueblo trabajador. Frente a ello, voces críticas advierten que el reconocimiento busca amortiguar la capacidad de movilización de El Alto y legitimar prematuramente a un Ejecutivo distante de las agendas de autodeterminación territorial.
Desde el movimiento estudiantil y la izquierda universitaria se señala que convertir a la UPEA en una plataforma de validación del poder político vulnera el principio de autonomía universitaria. El galardón no responde a méritos académicos ni científicos genuinos, sino a un pragmatismo institucional orientado a la negociación presupuestaria, la asignación de recursos y el loteo de cuotas de poder en la administración pública.
Esta ruptura entre los ideales revolucionarios y la conducta pragmática de la dirigencia universitaria encuentra un paralelismo preciso en el cine nacional. En una escena emblemática de La nación clandestina (1989), de Jorge Sanjinés, un estudiante universitario de izquierda que huye de la represión militar le exige ayuda a un campesino aymara monolingüe e increpa su silencio gritándole que «está luchando por él». Sanjinés devela allí la mirada paternalista de una élite letrada que se autoconcibe como una «vanguardia iluminada», reduciendo al sujeto indígena a un actor pasivo al que debe emancipar.
Al igual que Sanjinés expuso la matriz colonial que pervive en estas élites intelectuales, los sectores críticos universitarios identifican en la actitud de las autoridades la trampa de la vanguardia política: pretender «pelear por el pueblo», pero actuar totalmente sin él. Al instrumentalizar la universidad como plataforma de validación del poder político a cambio de recursos presupuestarios, las autoridades de la UPEA asumen esa misma postura colonial y paternalista. Despojan al pueblo aymara y a la clase trabajadora alteña de su condición de actores políticos soberanos con pensamiento propio, relegando las luchas históricas de 2003 al olvido formal de los protocolos de palacio.
En última instancia, el episodio de la UPEA no es un caso aislado, sino el síntoma de un fenómeno más amplio y alarmante: la despolitización y el acomodamiento burocrático del Sistema Universitario Boliviano. La autonomía universitaria, conquistada con sangre y movilización popular, ha sido progresivamente reducida a un fuero administrativo para el reparto de cargos y la transacción presupuestaria con el Ejecutivo de turno. Al abandonar la formación de un pensamiento crítico comprometido con la transformación social, la universidad pública corre el riesgo de renunciar a su mandato histórico, convirtiéndose en un engranaje más de reproducción del orden establecido que vacía de contenido la memoria viva de las luchas del pueblo.