A un año desde la asunción de Rodrigo Paz al gobierno, el balance macroeconómico y social resulta devastador. La promesa de estabilización y apertura se ha traducido en un severo paquete de ajuste fiscal y monetario que recae de manera directa sobre los hombros de la población de menores recursos, sin que hasta el momento se vislumbre una ruta clara de reactivación económica.
El núcleo de la política oficial del gobierno, radica en el desmantelamiento de los subsidios estatales. La implementación del gasolinazo y el diéselazo ha encarecido de inmediato las cadenas productivas, a esto se suma el tarifazo en el servicio de electricidad. Por ejemplo, en el sector agropecuario, el costo por hectárea cultivada para alimentos esenciales como el maíz y la papa subió más de un 35% únicamente por el alza del diésel y los fletes de carga.
Las métricas oficiales insisten en mostrar una inflación contenida, pero este dato no refleja la realidad de los mercados, debido al sesgo que presenta dicho indicador. La canasta básica alimentaria sufre un incremento real superior al 25% en alimentos de primera necesidad como la carne, el arroz y la harina, golpeando con fuerza a los hogares vulnerables. Las filas interminables en surtidores para conseguir gasolina, diésel y garrafas de GLP persisten, demostrando que la liberación parcial no resolvió la escasez de divisas ni el descalce de oferta.
Mientras la población enfrenta un encarecimiento del costo de vida, es claro que, las medidas gubernamentales favorecen abiertamente a los sectores más acomodados mediante decisiones como la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas. En contraste, la publicitada reducción de sueldos del presidente y sus ministros no representa un ajuste estructural verdadero, sino una burla mediática frente al drástico recorte de ingresos que sufre la familia trabajadora.
En lo fiscal, el discurso oficial celebra un superávit comercial (exportaciones mayores a las importaciones) que resulta estéril para el Banco Central de Bolivia, pues los exportadores privados no están repatriando sus divisas al mercado local por la brecha del dólar paralelo. Esto acentúa la falta de liquidez e imposibilita la importación de insumos industriales básicos.
La inacción para proteger a los sectores desfavorecidos derivó en un aumento de la pobreza monetaria y la expansión de la informalidad laboral, por cuanto, ya supera el 82% de la población activa, destruyendo el poder adquisitivo. Las proyecciones económicas de distintos organismos internacionales ratifican una recesión económica para la presente gestión y el próximo periodo.
La consigna «Bolivia para el mundo y el mundo para Bolivia» muestra resultados nulos: con apenas un embajador designado en un año, la política exterior se redujo a la alineación e injerencia de Estados Unidos. A escala territorial, el modelo 50/50 carece de viabilidad al delegar atribuciones a gobernaciones y municipios sin asignar presupuesto, vulnerando la Constitución Política del Estado. Asimismo, se gobierna por Decreto Supremo, minando la seguridad jurídica.Finalmente, ante la ausencia de una planificación estratégica estatal en lo económico y social, se impone la receta del FMI vinculada a endeudamiento externo sin inversión productiva, donde lamentablemente, la carga del saneamiento fiscal se desplaza por completo hacia las familias más necesitadas, profundizando la desigualdad social, con mayor pobreza, incremento del desempleo, aumento de la informalidad laboral y destrucción del poder adquisitivo.