El presente artículo examina la función pedagógica e ideológica de la Semiótica del espacio público en Bolivia, a la luz del debate entre memoria e historia oficial. Articulando los aportes de Hugo Achugar, Silvia Rivera Cusicanqui, Esteban Ticona Alejo y Sherry-Ann Singh, se analiza cómo los monumentos erigidos a figuras coloniales y republicanas en La Paz naturalizan una «violencia encubierta», en contraste con los intentos de proscripción y Condena al olvido dirigidos contra la simbología insurgente y transnacional —ejemplificada en el proyecto legislativo de 2026 sobre la figura de Ernesto «Che» Guevara—. El trabajo concluye que la memoria colectiva opera como un campo en constante flujo donde el poder letrado intenta imponer la censura, mientras la matriz cultural popular sostiene la pervivencia de los símbolos de resistencia en territorios como El Alto, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y Santa Cruz.
- LA GEOGRAFÍA MONUMENTAL COMO PEDAGOGÍA DEL PODER
Siguiendo a Hugo Achugar, el monumento opera como un dispositivo mediante el cual la memoria promueve una narrativa histórica orientada a moldear el pensamiento colectivo, configurando gradualmente la historia oficial a partir de una selección arbitraria del pasado. Esta premisa se evidencia en la estatuaria colonial de La Paz —encarnada en figuras como Cristóbal Colón, Isabel la Católica o Alonso de Mendoza—, cuya relevancia cívica se erigió sobre procesos de profunda violencia estructural y derramamiento de sangre inherentes a la instauración del orden colonial en América.
Estos criterios han sido reproducidos por la educación formal para consolidar una historia oficial centrada en valores idealizados de patriotismo, lealtad y civismo. De este modo, la geografía monumental del espacio público opera como un apéndice de la instrucción escolar, reforzando las premisas de un positivismo histórico que naturaliza las jerarquías de poder e invisibiliza los conflictos de origen.
2. VIOLENCIAS ENCUBIERTAS Y LA BRECHA DE LAS MEMORIAS
Esta violencia no constituye una anécdota del pasado. Como demuestra Silvia Rivera Cusicanqui en Violencias encubiertas en Bolivia, la dominación colonial apela a mecanismos de agresión que se enmascaran bajo el manto de la legalidad, el discurso civilizatorio y el ordenamiento urbano. Complementando este diagnóstico, el historiador y sociólogo aymara Esteban Ticona Alejo advierte sobre la profunda brecha entre la «memoria corta» de las élites —atrapada en la coyuntura política y el horizonte republicano señorial— y la «memoria larga» de los pueblos originarios y los movimientos populares. Para Ticona, la geografía monumental y la historiografía letrada han intentado imponer una visión monocultural que invisibiliza las luchas por la emancipación territorial y la continuidad del despojo, reduciendo la historia nacional a la canonización de los vencedores del orden estamental.
Una dinámica similar se observa en los monumentos dedicados a los protomártires de la independencia. Estos conjuntos escultóricos rememoran las luchas entre leales a la Corona y defensores de la autonomía territorial; un conflicto sangriento que fracturó a poblaciones que compartían un mismo espacio geográfico e incluso el seno familiar. Pese a la carga de violencia inherente a estos procesos, no se registra oficialmente la articulación de una narrativa de «memoria no grata» hacia las representaciones de la Colonia o la República; por el contrario, dicha violencia originaria permanece encubierta e institucionalizada como la norma cívica aceptable.
3. LA MEMORIA COLECTIVA EN FLUJO Y LA DISPUTA POR EL ESPACIO CULTURAL
Como parte del debate continuo entre historia y memoria, los grupos marginados a menudo intentan mantener en el centro de la memoria nacional aquello que el grupo dominante quisiera olvidar. El proceso da como resultado una memoria colectiva siempre en flujo: no una sola memoria, sino múltiples memorias que luchan constantemente por atención en el espacio cultural (Singh).
Esta tensión analítica cobra un dramatismo particular al examinar la reciente iniciativa legislativa impulsada por el diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Presentada el 8 de octubre de 2026 junto al activista Denis Vallejos —coincidiendo con los 59 años de la muerte de Ernesto «Che» Guevara en La Higuera—, la propuesta trasciende la mera declaración de «persona no grata»: busca declarar formalmente a Guevara como «enemigo de la patria y del Estado Plurinacional», exigiendo la erradicación de su nombre e imagen de parques, plazas, escuelas, monumentos y cualquier espacio público (incluyendo su monumento en la ciudad de El Alto), bajo el argumento de «borrar esa mancha, esa ideología perversa que nos han venido inculcando estos 20 años».
4. EL PODER LETRADO FRENTE A LAS HISTORIOGRAFÍAS CRÍTICAS
Frente a las aseveraciones del parlamentario, surge una interrogante de carácter estructural que atañe a los niveles de formación educativa crítica y de capacidad analítica que otorgan los centros de formación académica en nuestro país. Durante el Proceso de Cambio, se abrieron pautas institucionales para revalorizar los aportes de historiadores e intelectuales bolivianos —como el propio Esteban Ticona, René Zavaleta Mercado o Roberto Choque Canqui—. Este giro historiográfico buscaba superar la visión escolar y criollo-centrada, ofreciendo herramientas para comprender que las luchas de liberación en Bolivia y la región siempre han poseído un carácter transterritorial, antiimperialista y plurinacional.
A partir de la inclusión de la intelectualidad aymara, así como de los diversos pueblos y naciones indígenas, se ha profundizado la comprensión histórica de los acontecimientos que dieron paso a la constitución del Estado boliviano y a la posterior consolidación del Estado Plurinacional. Esta transformación se manifiesta en la posesión de autoridades municipales y gobernaciones, donde los protagonistas indígenas asumen cargos con representaciones ancestrales, así como en la incorporación de símbolos patrios que trascienden el catálogo republicano fundacional de 1825 para plasmar la memoria de lucha de los pueblos originarios. En consecuencia, la orientación y la profundidad de la educación cívica se ven sustancialmente modificadas.
5. RESISTENCIA TERRITORIAL Y LA PERVIVENCIA DE LOS SÍMBOLOS
Leída desde las categorías de Ticona y la perspectiva de Singh sobre las memorias en disputa, la pretensión de borrar por decreto la imagen del Che Guevara revela la impotencia del poder letrado frente a la matriz cultural popular. Las élites conservadoras perdonan, asimilan y convierten en estatua la violencia colonial porque no cuestiona la jerarquía de poder instaurada; en cambio, reaccionan con virulencia ante los símbolos de la insurgencia transnacional porque apelan a esa «memoria larga» de subversión y solidaridad entre los pueblos.
Pretender erradicar un monumento mediante la prohibición administrativa ignora que los símbolos de la resistencia no viven únicamente en el bronce o el mármol, sino en la matriz cultural y en las narrativas orales que circulan en los territorios populares: desde la ciudad de El Alto hasta el mural emblemático en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz, o la avenida Ernesto Che Guevara en la ciudad de Santa Cruz.
6. CONCLUSIONES: EL CHOQUE DE DOS PROYECTOS DE PAÍS
En última instancia, la disputa por el monumento expone el choque entre dos proyectos de país: uno que insiste en la «violencia encubierta» de la colonia y la censura parlamentaria, y otro que, desde la historiografía crítica y las memorias disidentes en constante flujo, exige descolonizar el espacio público y reconocer la pluralidad irreductible de las luchas históricas que atraviesan nuestro territorio.