En el mundo hay sistemas de gobierno que se caracterizan por su capacidad de resolver problemas y conflictos, obteniendo resultados eficaces para su población, que se expresan en desarrollo social, una economía estable, distribución equitativa de la riqueza y continua mejora en su calidad de vida, con gestiones transparentes que informan a su población de lo bueno y malo que pasa en sus países. Se entiende que para eso están los gobiernos, conformados por gente competente, calificada, con alta sensibilidad social e identificada con los intereses de las mayorías.
Lo antes descrito no pasa en Bolivia, más bien ocurre lo contrario. En nuestro país, así lo demuestran los hechos, las personas que hoy por hoy nos gobiernan, son demostradamente incompetentes, incapaces, ineptas, mentirosas, cínicas y especialmente corruptas.
Al gobierno como el que encabeza Rodrigo Paz, se le denomina kakistocracia, es decir, un gobierno en que el poder es ejercido por los peores. Están como gobernantes las personas menos calificadas, en términos de: aptitud, ética e integridad. La kakistocracia boliviana no es más incapaz porque no se entrena.
Para todos es sabido que el régimen de Rodrigo Paz es un accidente de la historia, no tiene el respaldo de una estructura política, no tiene un programa de gobierno propio, carece de personas competentes para el ejercicio de la función pública, por tanto son sujetos totalmente permeables a los actos de corrupción que todos los días salen a la luz pública, para el colmo, entre los miembros del gabinete de ministros y otros cargos jerárquicos hay personas con sentencias ejecutoriadas en materia penal, lo que desde el punto vista constitucional los inhabilita para desempeñarse como servidores públicos, pero ahí están, orondos y amenazando al pueblo. La incompetencia y la corrupción son el común denominador en los niveles altos del gobierno
El presidente Rodrigo Paz y sus ministros gobiernan a través de decretos supremos, que en la mayoría de los casos son violatorios de los mandatos constitucionales, lo que significa que más temprano que tarde dará lugar a juicios de responsabilidad en contra del primer mandatario y por tanto de sus ministros, que entre sus consecuencias estarán las de resarcir los graves y enormes daños económicos que están ocasionando al Estado, además de la condena de privación de libertad que tendrán que purgar en la cárcel, tal como ocurrió con Luis García Meza y Luis Arce Gómez.
Pero el desmadre de ilegalidades y corrupción no se limita a los funcionarios que transitoriamente están ejerciendo el poder, sino también a sus círculos familiares más íntimos, con casos que son de dominio público como el de la Gasolina Basura, Narco-Maletas, Tráfico de oro, Narco-Maderas y otros que van saliendo a la luz pública y que hasta ahora no mereció ni siquiera un pronunciamiento, ni del nuevo Fiscal General que entró por la ventana, ni de las autoridades competentes de investigar esos hechos delictivos realmente gravísimos.
Un caso especial es el del ciudadano argentino Fernando Cerimedo, que ejerce o ejerció hasta hace muy poco las labores de “asesor principal” del presidente Rodrigo Paz, y que por audios hechos públicos daba instrucciones a los ministros y a distintos funcionarios civiles, policiales y militares, en temas que competen única y exclusivamente a funcionarios del Estado, tratando entre muchos asuntos, los vinculados al narcotráfico, de los cuales se tiene conocimiento que Cerimedo se beneficia directamente, también llegó a conocimiento público un audio donde coordina con un asambleísta sobre apresar y asesinar a bolivianos que ejercían el derecho a la protesta.
Fernando Cerimedo, con el apoyo y complicidad del régimen de Rodrigo Paz y con la protección de EEUU, convirtió a Bolivia, en un abrir y cerrar de ojos, en un Narco Estado, particularmente a Santa Cruz, donde los carteles de droga hacen de las suyas en esa parte del país, realizando actos de violencia, chantaje y sicariato, a vista y paciencia de las autoridades locales y nacionales.
La ultraderecha neofascista, camuflada en el “escudo de las américas”, es un cartel internacional que utiliza a gobiernos títeres, como el de Rodrigo Paz, para someter a algunos países de la región y facilitar el saqueo de sus recursos y riquezas naturales por las transnacionales estadounidenses, además de tener el control del tráfico internacional de drogas a través de la DEA.
La kakistocracia boliviana está en su máximo apogeo, protegido internamente por los continuos estados de excepción, la persecución política a dirigentes sindicales, los sobornos a los asambleístas a cambio de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la “compra” de algunos dirigentes sindicales; también está protegido externamente con el paraguas del “escudo de las américas”, con el cual el régimen de Rodrigo Paz se siente impune para reprimir al pueblo boliviano y del que sigue sus órdenes al pie de la letra. La primera autoridad del país no tiene la menor idea sobre el significado de la Soberanía e Independencia de Bolivia.
A corto y largo plazo las consecuencias para el país serán nefastas, se están produciendo daños irreversibles sobre la arquitectura política, sobre el sistema democrático, sobre la confianza de la ciudadanía en la autoridad estatal y también sobre la convivencia social; la brecha entre ricos (minoría) y pobres (mayoría) es cada vez más profunda, el racismo y la discriminación se han convertido en carta de ciudadanía, incluso a través de los medios de comunicación, abiertamente favorables al régimen de turno.
En los días que corren, la función pública se caracteriza por la corrupción y el prebendalismo, se venden cargos públicos a vista y paciencia de las autoridades que no toman medidas al respecto, porque les beneficia personalmente y la impunidad de los actos de corrupción cometidos por los funcionarios de turno se ha hecho ley. El abuso de poder y la falta de transparencia del gobierno son la rutina diaria.
El nepotismo, el clientelismo, las coimas y sobornos son lo cotidiano en las instituciones públicas, el gobierno no toma ninguna acción al respecto. Se utiliza al Estado para enriquecer ilícitamente a los funcionarios jerárquicos y al no aplicar la ley contra esos actos corruptos, la confianza de la ciudadanía en sus autoridades se va minando día a día. La degradación de las instituciones se evidencia con un mal desempeño y la opacidad de sus labores.
La experiencia cotidiana pone en evidencia que Bolivia está gobernada por el peor presidente de la historia, por los peores ministros y funcionarios de alta jerarquía y por los peores jueces y fiscales. Hoy por hoy la kakistocracia se enseñorea en Bolivia con la presencia de la ultra derecha neofascista en el gobierno. La ciudadanía ve con mucha preocupación que el país está camino de convertirse en un santuario de la mafia y corrupción.
En once meses de gobierno, el legado del liberalismo neofascista del régimen de Rodrigo Paz, es el de haber convertido al país en un Narco Estado, donde no sólo hay vínculos con el narcotráfico, sino complicidad y acuerdos con los carteles que trafican droga, para muestra se tiene la declaración de su ex aliado Doria Medina, quien aseveró que hay “tarifas” que cobran las autoridades y funcionarios del gobierno para autorizar los narcovuelos en el Beni, y queda claro que esos acuerdos con el narcotráfico no son errores, son delitos.
La kakistocracia solapadamente hace prevalecer su interés mediante una narrativa embustera, en su discurso político no habla de redistribución de la riqueza ofrece a los pobres la ilusión de que un día serán ricos (capitalismo para todos, dicen), proclama la meritocracia (la de ellos) en vez de la igualdad de oportunidades para todo el pueblo. Los gobernantes ultraliberales hacen creer a la gente que la jerarquía “meritocrática” (tramposa y abusiva) es justa y que el pobre es pobre porque quiere.
Ante la ausencia de una dirigencia social unificada y fuerte, causada en gran parte por la persecución política del gobierno, la iniciativa del campo popular de autoorganizarse y la convocatoria a la movilización por los autoconvocados, son determinantes para que el Bloque Popular reasuma la ofensiva política para corregir el accidente histórico que sufre Bolivia, expresado en el régimen corrupto e inepto de Rodrigo Paz, que hoy hace padecer penurias a la gran mayoría de los bolivianos.
La Constitución establece un mandato presidencial de cinco años; sin embargo, ante el descalabro económico, social y político que sacude al país, ocurrido en apenas once meses de gobierno de la kakistocracia, se hace urgente y necesaria la unidad de los movimientos sociales, de las fuerzas de izquierda y los progresistas, para sacar a Bolivia de la actual barbarie liberal neofascista, que sólo ha traído desempleo, inflación, pobreza, miseria, persecución y violencia.
Parafraseando un refrán popular, cabe decir en esta coyuntura:
NO HAY MAL GOBIERNO QUE DURE CINCO AÑOS NI PUEBLO QUE LO RESISTA!