El régimen enclenque de Rodrigo Paz está acudiendo nuevamente a la declaratoria de estado de excepción ante su incapacidad y negligencia, demostrada una y otra vez, para resolver los problemas estructurales y de coyuntura del país.
La población boliviana sabe, con absoluta certeza, que la medida represiva del estado de excepción no soluciona en lo más mínimo la crisis multidimensional (económica, social, política) que atraviesa el país.
El estado de excepción no resolverá la falta de dólares, ni la escasez de combustible, ni la gasolina basura, ni la imparable subida de los precios de los alimentos, ni el cierre de fuentes de trabajo y tampoco el deterioro de la imagen del país ante los ojos de la comunidad internacional.
El estado de excepción no resolverá la galopante corrupción, tanto en el ámbito público como privado y tampoco los casos de narcotráfico en el que está metido el gobierno de Rodrigo Paz.
El régimen sólo da respuesta indolente y tardía respecto a los incontables casos de sicariato y narcotráfico que ocurren particularmente en el departamento de Santa Cruz. Para esos hechos ilícitos el estado de excepción no cuenta, ante la actitud medrosa y pasiva del gobierno.
El país perdió credibilidad internacional por la corrupción institucionalizada del régimen de Rodrigo Paz, con los casos de las 32 narcomaletas, narcomaderas, tráfico de oro, narcovuelos, desaparición de objetos de valor en el caso Marset, hechos delictivos en los que están involucrados funcionarios de alta responsabilidad del gobierno y que no dan ninguna explicación sobre esos hechos, ni a las autoridades competentes y menos a la población.
Bajo el paraguas del estado de excepción, la empresa privada afila sus uñas para apropiarse arteramente de las empresas estatales, empresas que son el patrimonio común de todos los bolivianos. Esos empresarios privados que tienen la centenaria costumbre de cometer el delito de evasión de impuestos y dedicarse a especular y sacar divisas a paraísos fiscales, están complacidos porque no habrá autoridad estatal que los controle, porque el gobierno está precisamente eliminando las entidades de control, para facilitar que impere la barbarie neoliberal saqueadora y corrupta.
El estado de excepción servirá al gobierno para encubrir la entrega, a sus amigotes y cómplices de la empresa privada, de toda la infraestructura y logística para la comercialización de carburantes, para ello es que el régimen se dedica a tiempo completo a destrozar YPFB, que es un patrimonio nacional que costó lucha y sangre al pueblo boliviano. Además, el régimen favorece a la empresa privada con arancel cero para sus importaciones, lo que equivale a legalizar el contrabando para ese sector, mientras que el pueblo está obligado a pagar todos los impuestos habidos y por haber en los productos que adquiere para subsistir.
El estado de excepción sirve a los que hoy gobiernan para que no expliquen ni rindan cuentas de los actos delictivos cometidos por el ciudadano argentino Fernando Cerimedo, quien se tomó atribuciones ilegalmente para dar instrucciones a nombre del gobierno boliviano, con la actitud complaciente y consentida del Presidente Rodrigo Paz y sus ministros, llegando esa influencia y complicidad inclusive al círculo familiar más íntimo del presidente.
Hay alertas señalando que, a pesar del estado de excepción, la derecha antinacional seguiría contra viento y marea en su pretensión de modificar la Constitución Política del Estado, para imponer el programa del FMI en Bolivia, de cuya aplicación el país será víctima del desempleo, pobreza, hambre, violencia y muerte, como ya ocurrió con el fallido e inviable experimento neoliberal en las décadas de los 80s y 90s del siglo pasado.
Las empresas estatales, al amparo del estado de excepción, serán liquidadas sin más trámite, dejando en el desempleo a los trabajadores de esas empresas, y dejando las manos libres a las transnacionales y al sector privado local para saquear el patrimonio de todos los bolivianos.
El estado de excepción es para proteger a los corruptos, a los narcotraficantes, a quienes realizan tráfico de influencias, a los que venden cargos públicos en las entidades estatales, tiene la finalidad de encubrir y proteger a los Cerimedos de toda calaña.
El discurso fascista del régimen de Rodrigo Paz y sus ministros, busca deshumanizar y criminalizar a los dirigentes, a las bases y a los ciudadanos de a pie que ejercen su legítimo derecho a la protesta para defender y proteger los derechos del pueblo boliviano consagrados en la Constitución Política del Estado Plurinacional.
Se escuchan muchas voces en sentido de que el movimiento popular ya toma recaudos para exigir al gobierno soluciones a los problemas de fondo, la unidad del campo popular y la movilización en las calles y carreteras, es la opción que tiene el bloque popular para doblegar la política fondomonetarista empobrecedora del régimen de Paz.
Ningún Estado de excepción podrá impedir el derecho a la protesta que tiene el campo popular, protesta que se cumplirá, en todas las formas que históricamente ha llevado a cabo el pueblo boliviano y en cada rincón del territorio nacional.
La protesta del campo popular es para defender el derecho a la salud pública, la educación pública, defender el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, el derecho a la seguridad y soberanía alimentaria, para defender los recursos naturales, para defender el patrimonio de los bolivianos invertido en las empresas estatales que tienen como finalidad mejorar la calidad de vida redistribuyendo la riqueza que genera entre todos y no la de lucrar para satisfacer angurrias individuales o de logias.
Ante la arremetida de la derecha neoliberal corrupta y saqueadora la respuesta del pueblo es la Unidad y Movilización del Bloque Popular. Esa lucha es aquí y ahora. Sólo el Pueblo Salva al Pueblo!