Una persona muy querida me dijo mientras hablábamos la otra noche sobre cuánto extraña La Paz y su tierra natal ahora que vive en Suiza. Extraña a sus amigos, a su familia, a la comida que comía desde niña y, sobre todo, esa sensación de pertenecer a un lugar que desde lejos parece volverse todavía más importante. Después me dijo algo que me llamó particularmente la atención: también quisiera estar de vuelta en Bolivia porque siente que podría, de alguna manera, ayudar con los conflictos ambientales que plagan nuestro país. Ella, viviendo tan lejos, tiene una perspectiva a la que yo solamente puedo acceder a través de nuestras conversaciones. Y me pareció fascinante la pasión con la que me hablaba de la naturaleza, de sus ganas de querer cuidarla, de su preocupación por los bosques, los animales y los ríos, pero también de algo que parecía ir mucho más allá del ambientalismo. Cada vez está más convencida de que esa vida tan alejada, individual, hiperproductiva y obsesionada con el trabajo, el dinero y la acumulación permanente es, en muchos sentidos, una forma de muerte lenta disfrazada de éxito.
A pesar de que yo no me considero una persona particularmente activa en la conservación de la naturaleza y mucho menos un militante ambientalista, los principios básicos sobre los cuales construyo mi militancia de izquierda —la organización popular, la denuncia de la opresión y la defensa de quienes son explotados por las estructuras económicas dominantes— son, en muchos sentidos, exactamente los mismos que la llevan a ella a querer defender un bosque o un río. Al mismo tiempo, ninguno de los dos se considera parte de la lucha del otro. Yo no siento que pertenezca a la lucha ambientalista y ella no siente que pertenezca a la lucha contra la opresión de clase.
El capitalismo tiene una virtud extraordinaria: consigue convertir casi cualquier cosa en mercancía. La tierra puede convertirse en mercancía, el agua, el bosque, el tiempo y, eventualmente, hasta nosotros mismos terminamos convertidos en una especie de producto que debe demostrar permanentemente cuánto produce, cuánto gana y qué tan útil resulta para la economía. La Organización Internacional del Trabajo estima que aproximadamente 2,93 millones de trabajadores mueren cada año como consecuencia de factores relacionados con el trabajo, mientras otros 395 millones sufren lesiones laborales no mortales. Cerca del 89 % de esas muertes están relacionadas con enfermedades profesionales. Casi tres millones de personas, cada año y hemos conseguido convertirlo en una estadística. Porque cuando hablamos de explotación laboral solemos imaginar al trabajador y a su jefe como dos personajes de una historia económica. Cuando hablamos de destrucción ambiental imaginamos empresas contaminando ríos o deforestando bosques. Cuando hablamos de feminismo pensamos en violencia patriarcal. Cuando hablamos de pueblos indígenas pensamos en despojo territorial. Cuando hablamos de pobreza pensamos en distribución de la riqueza y entonces los ponemos en capítulos separados como si fueran problemas independientes, como si existieran diferentes monstruos y quizá no. Quizá solamente estamos mirando al mismo monstruo desde distintos lados.
Pensemos en un río contaminado por minería. Para el ambientalista, el problema es evidente: contaminación, pérdida de biodiversidad, destrucción de ecosistemas, para una comunidad indígena, el problema puede ser todavía más profundo: pérdida del territorio, contaminación del agua, afectación de sus alimentos, desplazamiento y destrucción de su forma de vida, para un médico puede convertirse en un problema de salud pública, para una organización de derechos humanos en una violación de derechos colectivos, para un economista es una externalidad, para un trabajador minero puede ser su única fuente de ingresos y para una empresa probablemente sea una actividad económica. Cinco personas pueden mirar exactamente el mismo río y llegar a conclusiones completamente distintas pero el río sigue siendo el mismo. En Bolivia esto no es una discusión hipotética. En noviembre de 2024, la propia Defensoría del Pueblo señaló que la minería aurífera en el área del Madidi estaba afectando al menos cuatro derechos humanos de las comunidades indígenas originario campesinas: el derecho a un medio ambiente sano, al agua, a la salud y a la vida. El informe también documentó impactos sobre ecosistemas, fauna, flora y formas de vida comunitarias. Un estudio citado por Human Rights Watch encontró que tres cuartas partes de los miembros de 36 comunidades indígenas amazónicas analizadas presentaban niveles de mercurio en el cabello cercanos al doble del límite considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud. El origen estaba relacionado con el consumo de pescado proveniente de zonas río abajo de actividades de minería aurífera que utilizan mercurio. Entonces, ¿de qué lucha estamos hablando? ¿Ambiental? ¿Indígena? ¿De derechos humanos? ¿De salud pública? ¿De lucha contra el extractivismo? ¿De clase? La respuesta rápida, sí.
Existe una idea bastante cómoda según la cual el ambientalismo sería una preocupación de personas que tienen el privilegio de preocuparse por el medio ambiente. Como si una persona que vive cómodamente en una ciudad pudiera darse el lujo de preocuparse por los árboles mientras alguien que vive de la minería necesita preocuparse por llegar a fin de mes. Es una crítica que, en algunos casos tiene sentido, pero solamente hasta cierto punto, porque resulta difícil defender que la contaminación es un problema exclusivamente ambiental cuando quienes respiran el aire contaminado son trabajadores. Resulta difícil hablar de deforestación sin hablar de quienes pierden sus territorios. Resulta difícil hablar de minería sin hablar de quienes trabajan en ella. Resulta difícil hablar de cambio climático sin hablar de quienes trabajan al aire libre. La propia OIT calcula que 2.41 mil millones de trabajadores están expuestos actualmente a calor excesivo y que el cambio climático está aumentando los riesgos laborales. El trabajador y el medio ambiente no son dos sujetos distintos y, cuando las cosas salen mal, suelen ser los mismos sectores sociales quienes pagan la factura. La naturaleza no es una preocupación estética, para millones de personas es una cuestión de supervivencia.
Hay otra cosa que me parece particularmente interesante. Muchas personas que participan en luchas ambientales probablemente jamás se definirían como anticapitalistas y muchas personas que se consideran anticapitalistas probablemente jamás se llamarían ambientalistas. Una mujer que lucha para impedir que una empresa contamine el río de su comunidad quizá no haya leído a Marx. Un trabajador que exige mejores condiciones laborales quizá nunca haya participado de una movilización ambiental. Un indígena que defiende su territorio probablemente no necesite ninguna teoría económica para saber que alguien quiere quitarle aquello que sostiene su vida. Y una feminista que denuncia que las tareas domésticas y de cuidados recaen desproporcionadamente sobre las mujeres puede no utilizar jamás el concepto de reproducción social. Pero eso no significa que las estructuras que enfrentan sean completamente independientes. El problema aparece cuando convertimos nuestras identidades políticas en pequeños departamentos burocráticos. Aquí están los ambientalistas, allá los feministas, por ese lado los sindicalistas, más allá los indígenas, en aquella esquina los comunistas y, por supuesto, en algún lugar completamente diferente están los que solamente quieren mejores salarios.
Como si el capitalismo hubiera tenido la cortesía de organizar sus mecanismos de explotación siguiendo nuestras categorías políticas. Quizá una de las mayores victorias ideológicas del sistema sea precisamente conseguir que sus opositores se organicen alrededor de sus diferencias antes que alrededor de sus coincidencias. No necesitamos que alguien nos diga: “Ambientalistas y trabajadores, ustedes son enemigos.” Es mucho más eficiente conseguir que nosotros mismos lo pensemos. Que el trabajador crea que el ambientalista quiere quitarle su empleo. Que el ambientalista crea que el trabajador solamente quiere destruir el planeta. Que el feminista piense que el sindicalista solamente habla de hombres. Que el sindicalista considere que el feminismo es un asunto secundario. Que el comunista considere que el ambientalismo es una moda pequeño-burguesa. Que el ambientalista considere que el comunismo solamente quiere industrializarlo todo. Y mientras nosotros discutimos quién tiene la lucha más importante, alguien sigue ganando dinero con todas ellas. Es casi elegante. No hace falta prohibir una revolución si puedes convencer a sus posibles participantes de que deberían estar discutiendo entre ellos.
En 2024, Global Witness documentó 146 defensores de la tierra y del medio ambiente asesinados o desaparecidos en el mundo. 82 % de los casos ocurrieron en América Latina. La minería y las industrias extractivas estuvieron vinculadas a 29 casos, mientras que más del 62 % estuvo relacionado con disputas por tierras o reformas agrarias. No estamos hablando de personas que simplemente publicaron una fotografía de un bosque en Instagram. Estamos hablando de personas asesinadas. De comunidades amenazadas. De dirigentes criminalizados. De territorios disputados. De gente que decidió decir que una determinada actividad económica no podía realizarse a cualquier precio. Y por eso quizá deberíamos dejar de llamar a esto solamente “conflicto ambiental”. Porque cuando una persona es asesinada por defender el territorio, el problema dejó de ser ambiental hace bastante tiempo. Es político. Es económico. Es social. Y, fundamentalmente, es una disputa por el poder. En América Latina, donde se concentra históricamente la mayor proporción de asesinatos de defensores ambientales, esa conexión es especialmente evidente. En 2023, el 85 % de los asesinatos registrados por Global Witness ocurrió en la región.
Bolivia tiene una relación particularmente contradictoria con todo esto. Vivimos en uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, pero también tenemos una economía profundamente vinculada al aprovechamiento de recursos naturales. Tenemos discursos de protección de la Madre Tierra mientras seguimos dependiendo de actividades extractivas. Tenemos una Constitución que reconoce derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, pero también tenemos conflictos alrededor de minería, hidrocarburos, infraestructura, agricultura y expansión territorial. Y tenemos una Amazonía que no necesita discursos para recordarnos que la contradicción existe. Según Global Forest Watch, Bolivia perdió aproximadamente 740 mil hectáreas de cobertura forestal natural solamente en 2025. Entre 2002 y 2025, el país perdió alrededor de 6,3 millones de hectáreas de bosque primario húmedo. Mientras tanto, en el Madidi, la minería aurífera continúa generando conflictos sobre territorio, salud, agua y derechos indígenas. Y esto debería obligarnos a hacernos una pregunta que va más allá de “¿estamos a favor o en contra de la minería?”. Las preguntas reales son ¿Quién decide qué se extrae?, ¿dónde se extrae? ¿cuánto se extrae, para quién se extrae y quién paga los costos? Porque ese es el verdadero debate. No podemos reducir la discusión a “economía contra medio ambiente”. La verdadera discusión es sobre quién controla la economía.
Hay una razón por la que me cuesta aceptar que ambientalismo, feminismo, sindicalismo, antirracismo, defensa indígena y lucha anticapitalista deban entenderse como movimientos completamente independientes. No porque sean idénticos, cada uno tiene historias diferentes, sujetos diferentes, demandas diferentes y problemas específicos que no pueden simplemente disolverse dentro de una única categoría. El feminismo no puede reducirse a una nota al pie de la lucha de clases, la defensa indígena no puede convertirse simplemente en otra forma de sindicalismo, el ambientalismo no puede limitarse a una extensión del marxismo y las luchas laborales no pueden desaparecer detrás de una agenda ambiental. Precisamente porque son diferentes necesitamos que dialoguen porque el objetivo no debería ser convencer a todos de que tienen exactamente la misma lucha. Debería ser conseguir que entiendan cómo sus luchas se relacionan, no se trata de construir una izquierda donde todos pensemos igual, se trata de construir una izquierda donde podamos reconocer al mismo enemigo, aunque lleguemos a él desde caminos diferentes.
Durante los últimos años se ha popularizado una palabra bastante útil para clasificar todo esto, “progresista”. Es una palabra cómoda que sirve para poner bajo el mismo paraguas al ambientalista, al feminista, al socialista, al liberal progresista, al sindicalista, al defensor indígena, al académico y prácticamente a cualquier persona que no quiera volver al siglo XIX. Pero quizá precisamente por eso termina siendo insuficiente. Porque decir “progresistas” puede convertirse en otra manera de evitar hablar de las diferencias económicas que existen dentro de nuestras propias luchas. Y también puede convertirse en otra forma de dividirlas. Porque si todo el mundo que se opone a determinadas injusticias simplemente es “progresista”, entonces dejamos de preguntarnos qué estructura produce esas injusticias, de inclusión sin hablar de explotación, de diversidad sin hablar de riqueza. Podemos hablar de sostenibilidad sin hablar de propiedad, de igualdad de oportunidades sin hablar de quién controla los recursos y podemos incluso construir un capitalismo bastante ecológico, bastante inclusivo y bastante diverso que seguirá siendo el mismo capitalismo
Quizá mi conversación con aquella persona en Suiza me hizo entender algo que resulta bastante sencillo cuando uno deja de complicarlo, ella no necesita convertirse en comunista para que yo entienda que su lucha importa y yo no necesito convertirme en ambientalista para entender que la destrucción de la naturaleza es también una forma de explotación y ninguno de los dos necesita abandonar su propia causa para reconocer que existe un espacio enorme en el que nuestras luchas coinciden. Porque si una empresa contamina el río, explota al trabajador, desplaza a una comunidad indígena y destruye un ecosistema para maximizar beneficios, no estamos frente a cuatro problemas. Estamos frente a un mismo modelo de organización económica produciendo cuatro consecuencias diferentes, quizá esa sea una de las tareas políticas más importantes de nuestra generación, dejar de preguntarnos cuál lucha es más importante porque mientras discutimos eso, el sistema sigue funcionando perfectamente.Al final, quizá el monstruo en la oscuridad no sea tan misterioso, está bastante documentado, tiene balances financieros, juntas directivas, lobbies, contratos, leyes, mercados, trabajadores, consumidores, gobiernos que lo regulan, gobiernos que lo protegen y gobiernos que intentan enfrentarlo y, sobre todo, tiene una capacidad extraordinaria para hacernos creer que sus consecuencias son problemas separados. Tal vez deberíamos preguntarnos “¿qué tipo de mundo estás intentando construir?” y después encontrar a todos los demás que están intentando construir uno parecido. Porque quizá ella y yo nunca lleguemos a militar exactamente en la misma organización, quizá nunca tengamos exactamente las mismas prioridades, quizá incluso discutamos, probablemente discutamos. Pero si ambos queremos un mundo donde una persona pueda vivir sin ser explotada, donde una comunidad pueda decidir sobre su territorio, donde una mujer pueda vivir sin miedo, donde un trabajador pueda volver vivo a su casa y donde un río pueda seguir siendo un río sin convertirse en una cuenta de resultados, entonces quizá ya estamos luchando juntos, solamente nos falta darnos cuenta y organizarnos.