La forma tradicional de evaluar la política y el conflicto es en función de resultados, correlación de fuerzas, ganadores-perdedores, es reducir la dinámica política a una lógica simplista y mecánica, ver a los actores de la política y el conflicto como objetos, despojándoles de la motivación y nivel conciencial que impulsa un momento, una coyuntura, un estado situacional y la dimensión e implicancia en el tiempo de este momento político.
Esta afirmación es fundamental, porque es el punto central de la evaluación del último movimiento liderado por aymaras y quechuas contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
La pregunta como punto de partida es: ‘Pliego de la COB’ y ‘exigir la renuncia del presidente Paz Periera’. Partiendo de estos ejes para no concluir en el esquema simplista y mecánico, es imprescindible ver la causa política del pliego y de la renuncia.
El pliego es el instrumento que tienen los sindicatos de asalariados para expresar su percepción principalmente de la economía y la situación de sus derechos laborales. Desde que se recuperó la democracia tradicionalmente la dirigencia sindical nacional sistematiza un listado de temas priorizados por las diferentes confederaciones y federaciones nacionales, el punto nodal es el incremento salarial, para presentarlo al gobierno el mes de marzo y obtener respuesta a mediados de abril, luego se instalan mesas de trabajo -gobierno y la COB- para discutir las ‘respuestas’ gubernamentales. Implícitamente esta forma, es la tradición monótona entre el gobierno y la COB para ‘acordar, dilucidar’ controversias que no tocan o afectan la política económica.
Este año no fue diferente, aunque existe un componente: la revalorización del liderazgo minero, efecto de la movilización de diciembre/enero que logro hacer abrogar el DS 5503,[1] la abrogación se lo presenta como triunfo sindical popular y derrota gubernamental, el valor no está en esa dicotomía, sino en la forma de la resolución del conflicto, le otorgó mayor autoridad y legitimidad al liderazgo minero y a la COB.
La presentación del pliego 2026 no fue un acto de mero trámite burocrático, estuvo antecedido de una multitudinaria marcha sindical de asalariados. La marcha por sí solo no presagia el decurso del tratamiento del pliego, pero si grafica socialmente la valides del pliego.
El déficit del pliego es, circunscribir sus reivindicaciones a lo salarial e implícitamente dejar de ser factor de cohesión nacional y popular porque excluye a sectores importantes que no tienen en el salario formal-laboral su fuente de ingreso: la organización social más importante con presencia nacional territorial es la CSUTCB, es afiliado a la COB, ocupa en jerarquía la tercera secretaría, pero no se siente identificado, convocado ni interpelado por una demanda salarial del pliego.
La COB enfrenta su propia encrucijada: sin respuesta ni convocatoria del gobierno para discutir sobre el pliego convoca en homenaje a los trabajadores a un cabildo el 1ro de mayo en la ciudad de El Alto.
El cabildo y las decisiones están antecedidos por: la marcha del magisterio urbano por siete dias desde el municipio de Caracollo a la ciudad de La Paz; la insuficiente respuesta al pliego y la falta de convocatoria al dialogo; y, un sentimiento rebelde/revolucionario por haber logrado abrogación del DS 5503.
El cabildo más que un escenario deliberativo, es el tiempo social para validar una decisión: seguir exigiendo la atención al pliego u optar por una medida de presión con la consigna política ‘renuncia del presidente RPP’, decidieron por lo segundo. Una decisión de esta envergadura sintetiza el estado de ánimo, el sentimiento y la convicción en los dirigentes emergente del momento como totalidad política.
El cabildo tiene una concurrencia mayoritaria de trabajadores asalariados, sin la presencia de la CSUTCB, tampoco de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales ni la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.
El valor del cabildo no ha estado en el cumplimiento de la medida de presión: huelga general, ningún sector de asalariados públicos o privados paralizaron sus actividades laborales, el valor está en la decisión de renunciar al pliego y enarbolar la consigna central: ‘renuncia del presidente Paz Pereira’.
La movilización que alimenta un sentimiento anti empresarial latifundista es la marcha de indígenas y campesinos contra la ley 1720[2] desde la ciudad de Cobija hacia la sede de la capital política, partió a fines de marzo, duró más de un mes, recorren más de 1000 kilómetros. La marcha no fue masiva, tampoco tuvo la cobertura mediática de los medios privados y estatales, fue aislada política y mediáticamente, pero llego.
La fuerza ética y social estaba expuesta en el sacrificio de hombres, mujeres y niños, marchando desde la amazonia al altiplano, la exigencia de la abrogación no tenía un sentido jurídico, sino de vida, su mensaje es: ‘no nos arrebaten nuestra fuente de vida, la tierra’.
Sus cuerpos agotados y afectados por el cambio drástico del clima no tenían donde pernoctar, la histórica UMSA por instrucción de la Rectora les negó darles cobijo, esa misma universidad albergó el 2019 en sus ambientes al grupo paramilitar de la Unión Juvenil Cruceñista para el despliegue de actos de violencia social y racial antesala del golpe de estado.
Su esfuerzo fue el testimonio que doblegó la soberbia gubernamental, unos diez antes el presidente Paz Pereira en actos públicos expresó que esa ley no se abrogaría, porque beneficiaba a todos, ante el fracaso y sin argumentos, el presidente admitió la abrogación.
La oligarquía cruceña echo el grito al cielo, el Comité Cívico de Santa Cruz convoco a la reunión de emergencia a todos los gremios empresariales, a los senadores y diputados, al gobernador y alcaldes, decidieron unánimemente impedir que se abrogue la ley 1720, porque esa era la garante del desarrollo, se olvidaban decir que la ley era la garante para la apropiación masiva de la tierra y desarrollo del capitalista agroindustrial no del pueblo.
En escena, el poder del capitalismo agroindustrial y el gobierno contra hombres y mujeres indígenas, que no superaban los 150, mal alimentados y con frio, fue esa plebe que derroto moral, social y políticamente a los empresarios, ejerció su derecho a vetar la soberbia de los grupos dominantes con su sacrificio humano.
En el altiplano, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz-Tupaj Katari, identificado popular y socialmente como la Tupaj, se incorporan a la movilización cinco días después de haber sido declarado la huelga, sellando un ‘pacto de sangre entre la COB y campesinos’ para exigir la renuncia del presidente y la abrogación de la ley 1720. Los aymaras organizados territorial y sindicalmente en la Tupaj deciden el bloqueo de caminos interdepartamental e interprovincial.
El bloqueo de caminos no es solo demostración de fuerza social, implica mucho más que eso, es el control territorial vía despliegue organizado motivado por ideales, sentimientos, esperanzas, son las naciones -aymara, quechua- que se manifiestan sindicalmente, la consigna no es una frase, es sentimiento identitario, esta movilización tuvo en la exigencia de la ‘renuncia del presidente’ el factor de cohesión.
Pero, cuando los medios y el gobierno presentan la exigencia de la renuncia fuera de todo contexto, lo vinculan con consignas antidemocráticas, que no respetan la institucionalidad republicana, obviamente estas formas de mostrar el movimiento campesino tienen una intencionalidad ideológica explicita: republicanismo colonial racista.
Exigir la renuncia no era un acto antidemocrático y contra la institucionalidad estatal, por el contrario, era exigir el respeto al soberano como fuente de la democracia. Fueron los campesinos y sectores populares que dieron el voto a Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara, ese voto los ungió en el poder político, impidió que la extrema derecha se apropie del Estado, pero el presidente electo, prescindió del pueblo que lo encumbro democráticamente, se alineo y alió con todos los grupos de poder económico, político, mediático, religioso, que en esencia tienen el racismo étnico y en el anticomunismo en su forma de vida.
A una mujer aymara movilizada en pleno bloqueo, un periodista le pregunta: ‘que están pidiendo’, ella le responde, ‘que Rodrigo me devuelva mi voto’, esa respuesta sintetiza el sentido democrático de rebeldía, se sentían traicionados y utilizados, los pueblos no son objetos electorales, son sujetos democráticos que al emitir su voto están también manifestándose democráticamente.
Los quechuas de la central provincial Chayanta del norte de Potosí, pueblo de Tomas, Damaso y Nicolas Katari, deciden incorporarse al movimiento con el bloqueo de caminos.
Las federaciones de campesinos de Oruro y Cochabamba sientan soberanía en las carreteras, en Santa Cruz los interculturales e indígenas también deciden sumarse al movimiento con bloqueo de caminos.
Las diferentes provincias aymaras y quechuas que empiezan el bloqueo, en sus discursos iniciales evocan la memoria del aymara Tupaj Katari, de los hermanos quechuas Katari, de Zarate Willka,[3] no es como recordatorio ceremonial, sino tiene otra dimensión, la historia de lucha contra la colonia y la república es memoria que alimenta el presente, es decir la historia no es pasado, es el presente, los nombres son representación de lucha de los indígenas, pero también de la barbarie criminal del colonialismo y del republicanismo.
El bloqueo de caminos que paraliza el tránsito nacional, en los hechos es el cerco a las capitales urbanas donde está concentrado el poder político criollo mestizo. En el corto tiempo, se siente en las urbes la escasez de verduras y frutas que es producido por los campesinos, de carnes de res y de pollo, no hay combustible, el desabastecimiento, la inflación y la especulación son realidad temporal para las clases medias y urbanas. El gobierno y los medios alimentan la narrativa: no hay comida, medicinas, gasolina, diésel por culpa del bloqueo de los indios.
Alimentan el temor, los sectores más conservadores se manifiestan a través de la violencia y la agresión, estos actos no son reacciones por la carencia de productos necesarios, sino la excusa para el despliegue social del racismo, es un racismo étnico, contra el indio como persona y como pueblo.
Es la manifestación de la sociedad colonial, hija del republicanismo capitalista y racial, en esta coyuntura se sienten protegidos porque tiene en el Estado y en los medios su respaldo y seguridad, es decir impunidad.
En las rutas camineras que son las venas por donde circula la vida social, económica y productiva del país es el territorio de los pueblos y naciones indígena originario campesinos. El bloqueo es un acto de ejercicio soberano sobre su territorio, es el mensaje al Estado y a las sociedades urbanas, que el mundo campesino no es siervo ni periferia, es pueblo, con derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación.
La presencia de diferentes pueblos y naciones en las rutas de seis departamentos es la manifestación del sujeto histórico del Estado Plurinacional, es pueblo y memoria, como presente y horizonte, se está enfrentando al Estado republicano colonial, racista y capitalista, a su sociedad y a toda su estructura mediática, simbólica, religiosa, a sus tradiciones y creencias conservadoras.
Para el día de la madre boliviana, 27 de mayo, la COB y la Tupaj convocan a la marcha de las mamas indígenas. Desde tempranas horas se concentran en la Ceja de El Alto, descienden hacia la ciudad de La Paz, es una multitud interminable de mujeres de pollera, con sus mantas y sombreros, caminan horas al calor del sol otoñal, con sus labios y gargantas secas por entonar sus estribillos, otra columna desciende de los mercados, son las mamas caceristas, su forma de festejarse en el día de las madres es mostrar su orgullo de ser madre y mujer aymara con la firmeza de sus convicciones, vivan a Bartolina Sisa y a Micaela Bastida, nadie de la sociedad patriarcal y colonial osa ofender la marcha de las madres de la Bolivia plurinacional. Los medios y el Estado guardan silencio, fueron derrotados en su colonialismo.
Cuando los movimientos sociales tienen en la identidad el sentido unitario el Estado existe solo a través de la represión, pero la represión no tiene sentido sino se muestra como espectáculo, donde los buenos, que son el gobierno, policías y militares, van a desbloquear la ruta derrotando a los malos que son los indios y campesinos bloqueadores.
El primer ensayo, el 16 de mayo en la zona baja de La Paz, en Rio Abajo, la policía acompañada de los medios de comunicación inicia el desbloqueo a las 6 de la madrugada, los medios transmiten el acto heroico, entrevistan a la población, se sienten agradecidos y liberados. Los medios muestran que los bloqueadores ‘escapan a los cerros’, venció la civilización. Paso un par de horas, los periodistas perdieron su euforia, cabizbajos informaban que los campesinos retomaban el bloqueo.
El 23 de mayo, el ministro de Gobierno anuncia el desbloqueo humanitario, a la cabeza de los militares, policía, maquinaria pesada -tractores, bloquetas, palas hidráulicas- y con banderas blancas en son de paz, la autoridad que comanda es el ministro de Obras Públicas. Los medios desde media noche muestran imágenes de militares con uniforme camuflado, policías con chalecos antibalas y armamento anti-bloqueos, la caravana empieza en la madrugada su despliegue, eufóricos pasan el primer bloqueo, los medios muestran el éxito, pasan el segundo con relativo éxito, pero a media mañana informan que ordenaron el repliegue militar/policial ante la resistencia campesina.
El último intento, en Santa Cruz, Cuatro Cañadas, el desbloqueo es comandado por el grupo paramilitar Unión Juvenil Cruceñista, detrás de ellos policías y militares, los medios acompañan, pero trasmiten la represión del grupo paramilitar con la complicidad de las fuerzas del orden, la resistencia campesina resiste, se enfrenta y vence la represión, se repliegan, luego el ministro de Gobierno informa su derrota.
Las manifestaciones impulsadas y fomentadas por el gobierno y las estructuras mediáticas y cívicas a sectores urbanos, es la sociedad colonial, imbuidos de su racismo como bandera, marchan, se concentran y exigen al gobierno declaratoria de estado de sitio para reprimir a los indios bloqueadores.
Hay mandamientos de aprensión contra dirigentes, secuestro y detención a los dirigentes, muchos de ellos son enviados a los penales con detención preventiva de seis meses acusados de terrorismo.
Es el despliegue pleno del republicanismo colonial, racial, capitalista y religioso, busca la represión a los indios y campesinos que son la síntesis plural del Estado Plurinacional.
Mientras tanto en todo el país mas de 100 puntos de bloqueos, puntos que expresan la toma territorial.
Este movimiento por el despliegue nacional de las estructuras sindicales de campesinos de hombres y mujeres es el movimiento más grande después de los movimientos que impulsaron la aprobación del texto constitucional que se elaboró en la Asamblea Constituyente en el segundo lustro de este siglo.
La experiencia de lucha de los pueblos es construcción histórica, es la interacción social en las diferentes movilizaciones y conflictos alimenta las convicciones, reordena las coyunturas y visibiliza el horizonte.
La consigna enarbolada no es la meta en sí misma, porque el movimiento indígena campesino no depende de un resultado, su cohesión orgánica sindical y territorial como pueblos y naciones es y seguirá siendo su fuente inagotable que reproduce su identidad rebelde. El valor temporal del movimiento está en haber demostrado la importancia de la organización, su fuerza indefinida está en la convicción conciencial construida, ese es el factor que define al sujeto plurinacional.
[1] Este decreto pretendía ser el pilar de la política económica neoliberal del gobierno. Con este decreto aspiraban a sepultar el ‘pasado MASista-estatista’ en el gobierno, e inaugurar el nuevo ciclo.
[2] La Ley 1720 fue impulsado por el millonario y empresario cruceño de extrema derecha Branko Marinković, tenía la finalidad de volver ‘comerciable’ la pequeña propiedad rural, es decir, a través de esta ley podían comprar miles de hectáreas los empresarios privados agroindustriales a los campesinos y pequeños productores. Esta ley despojaba de su fuente de vida a los campesinos y comunidades y favorecía al agro-poder cruceño.
[3] Tupak Katari, Damaso y Nicolas Katari fueron descuartizados; Tomas Katari y Zarate Willka fueron asesinados.
