Torquemadas son denominadas las personas extremadamente intolerantes, que buscan imponer sus ideas y creencias por la fuerza y no admiten oposición o disidencias.
Esa denominativo viene del nombre del fraile Tomas de Torquemada, que fue el primer inquisidor de España, en el siglo XV, quien instauró un régimen de terror y promovió la persecución sanguinaria de los señalados como herejes. También se considera, comúnmente como Torquemada, a quien persigue o elimina a sus adversarios porque no comparten sus ideas y visión del mundo.
En la actualidad boliviana, los torquemadas criollos del siglo XXI, dedican toda su energía a la persecución judicial en contra de los dirigentes indígenas y sindicales que encabezaron la rebelión popular, llamado “el bloqueo de los 50 días”, contra el régimen neoliberal de Rodrigo Paz, esa persecución se realiza con la complicidad del órgano judicial, fiscales y jueces, que actúan como sicarios del gobierno que, al margen de todo procedimiento legal y violando los principios del Debido Proceso, ejercen persecución penal, privando de libertad, ilegal e injustamente, a los dirigentes del movimiento popular.
En los medios de comunicación hay voces de opinadores, que en realidad ejercen de propagandistas del régimen imperante, pidiendo sanciones que “sienten precedentes draconianos”, en contra de los dirigentes sindicales y sociales, poco les falta para pedir que los ajusticien con el descuartizamiento, como al líder indígena Túpac Katari en 1781.
También hay autoridades que piden a voz en cuello, que se debe “escarmentar” a los dirigentes sociales que, según los empleados del gobierno, merecen un “castigo” y así se siente precedentes para que nunca más protesten.
Esos pedidos se refieren a la rebelión popular y los bloqueos de caminos, que tenían como objetivo fundamental el defender los intereses del país y los derechos de todos los bolivianos.
Los pedidos de los cívicos cruceños de “escarmentar ejemplarmente” a los dirigentes rebeldes, muestra su profundo odio y racismo en contra de los indígenas campesinos y de los dirigentes sindicales que protagonizaron la última rebelión popular.
Las logias cruceñas, compuestas por croatas y otros migrantes provenientes de Europa, añoran con hacer desaparecer físicamente a todos quienes se oponen a sus afanes de usurpar las tierras indígenas, para adueñarse de las mismas y ponerlas al servicio de intereses transnacionales, sin que haya ningún beneficio para los bolivianos, que son los dueños ancestrales y legítimos de estas tierras.
No contentos con usurpar esas tierras, los logieros cruceños exigen al gobierno que se les otorgue créditos bancarios, que como es sabido nunca pagan, créditos que dizque elevaría la producción, préstamos que en los hechos significan que el propio Estado boliviano, enriquezca a una minúscula caterva de estafadores que se autodenominan agroindustriales, y que en última instancia sea el pueblo de a pie quien tenga que pagar las deudas de la cleptocracia cruceña.
Contra todos esos abusos se produce la rebelión popular, que ahora el régimen busca criminalizar y exige se mande a la cárcel a sus dirigentes, como escarmiento a oponerse a los propósitos depredadores y delincuenciales de los gobernantes y sus acólitos.
Las causas de la rebelión popular fueron, las decisiones equivocadas del gobierno al comprar gasolina basura y encubrir los casos de narcotráfico y corrupción más escandalosos de lo que va de este siglo, donde existen indicios de la participación directa de la propia gente que forma el gobierno.
La gasolina basura sigue presente en todos los surtidores de Bolivia, los casos de tráfico de cocaína nunca fueron investigado y menos sancionados, el diésel casi desapareció de los surtidores y el gobierno, como siempre, no toma ninguna decisión y no asume ninguna responsabilidad.
No hay dólares en la economía, y la devaluación permanente de la moneda boliviana, que el gobierno llama tipo de cambio “flexible”, sólo provoca que el dólar suba, de manera imparable, cada día que pasa. Eso ocasiona que los pobres sean más pobres, llegando a engrosar las filas de la extrema pobreza, y los ricos bien gracias.
Las narcomaletas, acto delincuencial sobre el que el gobierno no muestra ninguna voluntad de esclarecer, al contrario, sólo le puso una cortina de humo, conformando comisiones parlamentarias, para que la población olvide el tema. Un caso similar es el de las narcomaderas, del que hasta ahora no se sabe si se inició alguna investigación formal. El mismo destino corre la inexplicable, y por ahora no justificada, quema de millones de billetes de diferentes cortes, que transportaba irregularmente un avión hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, “accidentado” por impericia de la tripulación, según todos los indicios.
En una actitud deliberada y negligente, el gobierno no tuvo la capacidad de resolver esos casos y con un cínico y criminal cálculo político, dejó que la protesta popular creciera, sin que le importe el sufrimiento del pueblo, alargó el conflicto sin dar ninguna solución real y práctica a la crisis.
A ojos vista, los verdaderos y únicos responsables de las consecuencias de las protestas populares y los bloqueos, son los gobernantes del régimen de Rodrigo Paz, por su incapacidad y negligencia para resolver los muchos problemas por los que atraviesa la ciudadanía, además de los innumerables casos de corrupción.
Estamos frente al peor gobierno de los últimos 100 años de la historia de Bolivia, que sólo acusa como responsables de la crisis a quienes, como consecuencia de las negligencias, omisiones y errores del propio gobierno, utilizaron su derecho a la protesta en las calles y carreteras del país.
Los torquemadas de hoy, sus voceros y sus “analistas” a sueldo, no tienen ni la razón ni menos la ley de su lado, su pedido de represión, cárcel y pretendida responsabilidad por presuntos daños, en contra de los indígenas y sus dirigentes, sólo busca encubrir y camuflar la incapacidad, omisión y negligencia del régimen de Rodrigo Paz.
No quieren aceptar la realidad, no admiten que el gobierno tiene la plena y única responsabilidad por los delitos y errores que el mismo régimen comete día a día. Pero la historia y el pueblo los juzgará y condenará.
En la reciente crisis, quedó en evidencia que los ministros y viceministros son nulos técnicamente y no tienen la capacidad política y menos el poder de decisión para resolver problemas que afectan a la gente, y lo más lamentable es que el presidente Rodrigo Paz es una simple caja de resonancia de los intereses espurios de los EE.UU.
Los gobernantes de la derecha neoliberal, a la cabeza de Rodrigo Paz, demuestran cada día, que son unos personajes esperpénticos, sin capacidad alguna de tomar decisiones que solucionen los problemas del país, que por mandato de la Constitución y de las leyes están obligados a resolverlos.
Estamos frente a un gobierno incapaz y negligente que no resuelve los conflictos que atañen a la población, es decir, no hay gobierno, o peor aún, hay un desgobierno, porque la población va perdiendo cada día la confianza en las autoridades, las propias autoridades no cumplen la Constitución, esas autoridades han perdido el control de muchas instituciones públicas, donde campea la corrupción.
Quedó patente que, en este desgobierno, no existe, por ejemplo, un gabinete de crisis que asuma la responsabilidad de solucionar los conflictos, de resolver los problemas urgentes que demanda la gente. A lo único que atina el régimen, es a ejercer un ensañamiento racial, político y judicial contra los dirigentes del campo popular.
La derecha neoliberal gobernante, sospechosamente ligada al narcotráfico, tiene como única salida a los problemas el reprimir y encarcelar a los dirigentes del movimiento popular.
Los circunstanciales inquilinos de la Casa Grande del Pueblo, no logran comprender que las protestas y movilizaciones, son interpelaciones del campo popular al ejercicio del poder abusivo, corrupto, negligente y arbitrario por parte del gobierno.
El régimen de Rodrigo Paz utiliza el sicariato judicial, a través de jueces y fiscales, para imponer sus intereses de clase, porque carecen de una propuesta política, económica y social para el pueblo. Invocan el argumento de la “justicia” y claman por la represión y encarcelamiento de los dirigentes sociales, pretendiendo ocultar su rotundo fracaso como gobierno.
La práctica democrática y el debate ideológico, han desaparecido en Bolivia, se impone el garrote fascista y la política del odio racial. El régimen de Rodrigo Paz tiene como principal objetivo, la venganza y el escarmiento contra los indígenas y campesinos, o como dicen los parlamentarios y los funcionarios del gobierno, hay que “sentar la mano a estos indios.”
La calidad democrática, el ejercicio del debate democrático en el país cayó, no solo al suelo, sino al subsuelo del inframundo neoliberal, que solo le interesa eliminar al opositor y saquear los recursos naturales del país, utilizando el engaño, la violencia y, si ve necesario, la eliminación física, en contra de los bolivianos que se oponen a sus políticas antipopulares y antinacionales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Preámbulo, señala que la rebelión de un pueblo es el supremo recurso, que puede utilizar contra la opresión.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, prevé los mecanismos, para el ejercicio del derecho de los bolivianos, a destituir del cargo a funcionarios electos.
“Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”