¡JUSTICIA PARA LOS JOVENES CONSCRIPTOS, NO A LA IMPUNIDAD!
El viernes 4 de septiembre de 2026, quedará marcado como un día aciago para los habitantes de la ciudad de Viacha y de toda Bolivia, porque se produjo un hecho catastrófico, por la detonación de material explosivo aún no determinado, en el Regimiento de Artillería – 2 “Bolívar” acantonado en esa ciudad, dejando como resultado la muerte de jóvenes conscriptos y militares, decenas de heridos, incluidos civiles, además de daños materiales a las casas circundantes a ese recinto militar.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Departamental de La Paz, apoyado por personal especializado del Instituto de Investigaciones Forenses-IDIF, ha iniciado de oficio las investigaciones y pericias, para conocer las causas y determinar los responsables de ese hecho que ocasionó la muerte de jóvenes conscriptos y de personal militar, además de heridos y eventualmente cuantificar los daños materiales que se produjeron.
Entre las víctimas de ese hecho hay conscriptos que están bajo bandera, que cumplían su servicio militar obligatorio por mandato constitucional y por las que las autoridades a cuyo mando estaban sometidos deben responder por la muerte de esos jóvenes conscriptos.
De este grave hecho emergen responsabilidades políticas, penales, administrativas y civiles, en la estructura del Alto Mando Militar. Ese Alto Mando Militar, según la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, está conformado por el Presidente del Estado; ministro de Defensa; Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; Comandantes de cada fuerza (Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval).
La magnitud y las consecuencias de ese gravísimo y luctuoso hecho, ocurrido en el cuartel de la ciudad de Viacha, implica responsabilidades verticales, de arriba hacia abajo.
Por determinación de la Constitución Política del Estado, el Presidente del Estado ejerce el mando como Capitán General de las Fuerzas Armadas. Las mismas Fuerzas Armadas dependen del Presidente, en lo administrativo por intermedio del ministro de Defensa y en lo técnico del Comandante en Jefe.
En el segundo nivel de responsabilidad se encuentra el ministro de Defensa, quien es la autoridad administrativa y política, además de ser representante legal de las Fuerzas Armadas, y entre sus tareas está la de organizar y dirigir el sistema logístico en el territorio nacional.
En el nivel técnico-operativo, para este hecho en concreto, se encuentran el Comandante del Ejército y el Comandante de la Unidad donde sucedieron las explosiones.
Conforme dispone el precepto constitucional, es obligación del Presidente del Estado, de los ministros de Estado y de todo servidor público, incluidos los militares, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes.
Por los datos y actos investigativos que se dan a conocer, de manera parcial, hubo conductas de omisión, negligencia, incumplimiento de deberes e impericia, por parte de los responsables superiores. Estos deben asumir las consecuencias del hecho, deben responder por los heridos y principalmente por los muertos, tanto a sus familiares como al propio país.
Este suceso trágico pone en evidencia que no hay ningún tipo de seguridad para los jóvenes conscriptos que prestan su servicio militar obligatorio, esa obligación prevista por la Constitución, con este antecedente y otros anteriores que costaron decenas de vidas de conscriptos que prestaban el servicio militar obligatorio, queda bajo cuestionamiento público su vigencia, sobre todo por la falta de seguridad en la vida de los conscriptos, que son los hijos del pueblo trabajador, por lo que ningún padre o madre de familia está obligado a mandar a sus hijos a la muerte.
Como está sucediendo en este caso, la investigación debe realizarla exclusivamente el Ministerio Público, como dispone la ley, hasta que se lleve a los responsables a los tribunales competentes, sea de la justicia ordinaria o a los tribunales para altos dignatarios de Estado. Los responsables involucrados no pueden investigarse así mismos, por lo que la justicia militar no tiene competencia para juzgarlos, por la naturaleza de los hechos y las consecuencias que tuvo. La investigación y el juzgamiento debe estar a cargo de órganos y entidades independientes e imparciales, como son la Fiscalía General del Estado y el Órgano Judicial.
Como ya tiene habituado con su conducta displicente y cínica, el Presidente Paz, recién apareció en la ciudad de Viacha el lunes 7 de septiembre, tres días después de la tragedia, donde como no podía ser de otra manera recibió el rechazo y desprecio de la población, por su indolencia y falta de empatía con las familias de los jóvenes conscriptos fallecidos, familiares que le gritaron a viva voz ser el responsable de las muertes.
Algo que llamó la atención de la ciudadanía en general, fue la declaración pública del Alcalde de Viacha, quien fue electo por la lista de la agrupación política de ultraderecha Libre, en sentido de que no hay culpables de ese luctuoso hecho; en la misma línea y aprovechándose de las palabras de ese Alcalde, el Presidente Rodrigo Paz declaró, en la propia ciudad de Viacha, que efectivamente “no hay culpables”. De esa manera las autoridades, que responden a expresiones políticas conservadoras y reaccionarias, exponen y demuestran su total desprecio por la vida de los bolivianos de extracción popular.
Los bolivianos no permitirán bajo ninguna circunstancia que quede en la impunidad este trágico hecho, donde perdieron la vida varios miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos jóvenes conscriptos que prestaban su servicio militar obligatorio, como pretenden las actuales autoridades nacionales y locales.Los responsables deben ser imputados, juzgados, sentenciados y condenados. En Bolivia no habrá lugar a la impunidad para los responsables de las muertes de los jóvenes conscriptos y de todos los que murieron en el cuartel de la ciudad de Viacha el viernes 4 de septiembre.