Bastaron una reunión con el secretario de Estado y una estadía de tres días en una de las playas más lujosas del planeta para coordinar el rescate del «hombre MAGA» de la región. Con esta acción, el Escudo de las Américas y el Pacto de Santiago entraron en plena vigencia en Latinoamérica.
El objetivo de la aprehensión era el propio fiscal general. ¿Su error? Haber profundizado una indagación que ya tocaba los talones del presidente, de su círculo íntimo y de sus acólitos más cercanos, tras haber iniciado la investigación y encarcelado a una pieza clave del movimiento MAGA —independientemente de su cercanía con la víctima del atentado de feminicidio—. La gota que derramó el vaso y delató la pugna de poder subyacente ocurrió durante su alocución del 24 de septiembre, en el aniversario de Santa Cruz, departamento del que es oriundo. En ese acto, el fiscal desconoció el Decreto Presidencial 5515, el cual otorga la potestad de gobernar desde el exterior mediante el uso de medios tecnológicos. El fiscal adujo que, al no encontrarse el vicepresidente en el país, el presidente en funciones debió ser el presidente de la Cámara de Senadores.
Como escribe Rafael Bautista: “No aspira a la libertad quien ha sido (de)formado en la dependencia; cuando esta se hace forma de vida, solo la propia inmolación (y la de su pueblo y nación) podría liberarles de esa condena que viven como expiación patológica”. Esta premisa define a la red de influencia cuyo liderazgo ejercía Fernando Cerimedo, secundado ahora por Rodrigo Paz Pereira. Este grupo vincula a los miembros de su gobierno y a su entorno familiar en una aspiración al estilo de vida americano que se coloca por encima de lo que denomina patria.
El lunes 28 de septiembre, Estados Unidos revocó la visa al fiscal general y a otros 11 ciudadanos bolivianos, entre ellos fiscales, jueces y exautoridades. Dos días después, el miércoles 30 de septiembre, el fiscal general del Estado, Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Zeballos, fueron aprehendidos en el aeropuerto de Viru Viru, ejecutándose más detenciones durante la madrugada. Aunque inicialmente se difundió la noticia de la captura del exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, esto fue desmentido con el paso de los días.
Para justificar políticamente estas capturas, el gobierno utilizó un video grabado durante el arresto del narcotraficante Sebastián Marset en la terminal presidencial. En dicha grabación, Marset menciona los nombres del fiscal y del entonces ministro, lo que sirvió de pretexto para que los miembros del Escudo de las Américas y el Pacto de Santiago los asociaran por defecto con el «narcoterrorismo». De este modo, la acusación mediática instrumentalizó el video para encubrir el verdadero motivo de la persecución: frenar las investigaciones que afectaban al Ejecutivo.
Todo lo acontecido exige una profunda reflexión. Más allá del evidente golpe a una instancia autónoma para encubrir hechos de corrupción conocidos por la población, el escenario genera cuestionamientos profundos: ¿Existe aún el Estado de derecho? ¿Vivimos todavía en una democracia o en una dictadura simulada? ¿Está en entredicho la soberanía de Bolivia?
El actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, enarboló en su campaña la consigna “Capitalismo para todos”. Desde la perspectiva del desarrollo económico, este lema resulta
contradictorio, pues la dinámica natural del capitalismo tiende a la acumulación en manos de unos pocos. Al basarse en la competencia feroz, el avance tecnológico desplaza y relega de forma constante la fuerza de trabajo. Si a esto se suma su lógica de progreso infinito en desmedro de la naturaleza, queda revelada la falta de profundidad intelectual y la carencia de comprensión del primer mandatario sobre el modelo que pregona.
A esto se añade la frase con la que asumió el poder: “Dios, Patria, Familia”. Esta consigna de tintes fascistas parece surgir del calor del momento: el mandatario captura el concepto que más le atrae y lo expone sin medir las consecuencias. Por ello, resultaría pertinente que meditara sobre aquella célebre premisa de Max Horkheimer: “Quien no quiera hablar de capitalismo debe callar también sobre el fascismo”.
Debemos comprender que los discursos fascistas y neofascistas nacen en medio de las crisis, tal como sucedió en el periodo de entreguerras, y que la ultraderecha actual es su heredera directa. La ultraderecha comparte con el fascismo el rasgo fundamental de defender el capitalismo y sus relaciones de clase. Esta postura se nutre, sobre todo, de la pérdida de horizonte de la clase media ante las crisis estructurales, lo que evidencia la debilidad de los Estados y da origen a discursos anticomunistas. En el caso de Bolivia, esta clase media tradicional se vio rebasada y desplazada de su campo de acción hegemónico por la construcción del Estado Plurinacional. Al verse superadas en su papel de conducción de la nación, la clase media y la oligarquía presenciaron cómo un modelo de nación edificado desde la identidad indígena y las organizaciones sociales lograba reconocimiento internacional; una construcción que ellos, en su limitada visión meritocrática, nunca pudieron realizar. Ese resentimiento histórico se refleja hoy en la retórica del primer mandatario.
La ultraderecha posee dos subgrupos que se diferencian en su accionar económico: la derecha radical y la extrema derecha. La primera opta por métodos neoliberales combinados con rasgos proteccionistas, mientras que la solución de la segunda es de tipo corporativista. Existe una tercera vertiente que se suma a la extrema derecha en su praxis: aquella basada en la premisa nostálgica de que «todo pasado fue mejor» y de que, por culpa de sectores populares que «nunca debieron llegar al manejo del Estado», no se logró el desarrollo proyectado. Líderes como Donald Trump y Giorgia Meloni representan esta forma de pensar. En la actualidad, los culpables designados ya no son los judíos o los comunistas, sino que adquieren nuevos rostros: la inmigración, el narcoterrorismo y el islam. Este es el fermento para un nuevo orden estatal con vocación totalitaria, cuyo fin es destruir las estructuras del Estado rival y someter a la población mediante el uso punitivo de las leyes.
Esta violencia también se apoya en grupos organizados con tendencias neofascistas, cuyo punto más extremo es el terrorismo de ultraderecha. En Bolivia existen varios de estos colectivos, siendo los más conocidos la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y la Resistencia Juvenil Cochala. Ambos surgen de la descomposición de ciertos sectores de la clase media; sin embargo, la UJC conserva resabios que la oligarquía cruceña obtuvo como parte de una estrategia geopolítica impulsada históricamente desde intereses externos para fragmentar el país. Esta postura ataca de forma sistemática al sujeto histórico del occidente, origen de su hostilidad hacia el denominado «Estado colla».
La derecha radical, por su parte, no arremete directamente contra todos los postulados de la democracia liberal, sino que los instrumentaliza para instaurar lo que puede definirse como una autocracia liberal. Al trazar una analogía con la Bolivia actual, se observa que no se respeta la independencia de poderes, la libertad de prensa se encuentra condicionada y las libertades
sociales están cooptadas. Su modelo de referencia es el Estado de Israel, paradigma al que los gobiernos alineados al Escudo de las Américas rinden pleitesía. A esto se suma el giro hacia un Estado penal punitivo, cuyo ejemplo más nítido en la región es el modelo implementado en El Salvador.
Como señalan Gómez y Aguirre, en el análisis sobre la ultraderecha, los Estados actuales suelen responder a las crisis sistemáticas mediante la implementación de estados de excepción como forma de control social, un fenómeno observable en las gestiones de mandatarios como Daniel Noboa o el propio Paz Pereira.
La crisis actual que atraviesa Bolivia no es producto exclusivo de «los veinte años» que los miembros del actual gobierno repiten como una retórica constante. Aunque existieron errores de gestión, el problema es estructural. El escenario actual se configuró, en primer lugar, por la pérdida del “horizonte revolucionario” del sujeto histórico y de quienes manejaban la construcción del Estado Plurinacional. A esto se suma la persistente pugna entre las oligarquías de occidente y oriente. La de occidente permanece anquilosada en un pasado donde controlaba los excedentes de un país sin norte; la de oriente, en cambio, busca el control del poder político impulsada por intereses alineados a la geopolítica estadounidense.
En este proceso interviene también una clase media desclasada que reniega de los rasgos identitarios que definen a la América entera, negando la raíz indígena que ha definido la historia del continente desde Alaska hasta Tierra del Fuego. La alianza entre la oligarquía y estos sectores de la clase media fue primordial para los intereses internacionales que buscaban desmantelar el modelo del Estado Plurinacional; un Estado que, durante catorce años, despertó el interés de la comunidad internacional. Con sus luces y sombras, Bolivia nunca estuvo tan presente en el escenario global como en esos años, exceptuando los recientes escándalos internacionales que involucran a Fernando Cerimedo y su affaire con Nadia Beller.
El proyecto original planteaba potenciar la región mediante proyectos estratégicos como el Tren Bioceánico, incorporándonos a la Ruta de la Seda para establecer un contrapeso geopolítico. Para los intereses imperiales, la consolidación y el éxito económico de este modelo popular constituían un riesgo. El control de recursos estratégicos como el litio en Bolivia, de forma análoga al petróleo en Venezuela, motivó una campaña de descrédito hacia cualquier acción gubernamental, debilitando al bloque popular. La ultraderecha aprovechó coyunturas críticas y el descontento social para avanzar, lo que culminó en la crisis política de 2019. Posteriormente, la gestión del gobierno de facto durante la pandemia generó un escenario de excepción donde los sectores empoderados buscaron desmontar las estructuras del Estado Plurinacional en beneficio propio.
Aunque el retorno del bloque popular a través de las urnas despertó expectativas, la gestión se vio fragmentada por pugnas internas de poder, autosabotajes y el impacto económico de los paros cívicos en Santa Cruz. Este último factor fue determinante para que los dólares generados por los sectores agroindustriales (beneficiados con certificaciones de créditos estatales) no reingresaran plenamente a la economía nacional, restando fortaleza financiera al Estado. Estos elementos, sumados a denuncias de corrupción, pavimentaron el viraje político hacia la ultraderecha.
El bloque popular, buscando evitar el retorno pleno a las recetas neoliberales mediante la elección de una figura percibida como cercana, Edmand Lara, llevó al poder a Paz Pereira. No obstante, el mandatario parece asumir su gestión bajo un mesianismo providencialista,
interpretando el control de la riqueza estatal en beneficio de su entorno familiar, como lo denuncian los casos de corrupción surgidos en sus primeros diez meses de gestión. La presión política del entorno internacional, los gobiernos de países vecinos afiliados al Escudo de las Américas representan un peso para su gobierno, pues todos poseen un hilo conductor, Cerimedo. Necesitaba del apoyo de este para no terminar como Sánchez de Lozada o Villarroel, optando por la intervención de la fiscalía general para colocar una administración afín a sus intereses y asegurar el control institucional. La toma de las instancias fiscales a nivel nacional y la implementación de normativas cuestionadas por su constitucionalidad, como la Ley 1773, denotan una profunda injerencia en la separación de poderes. Golpe que instauro la nueva forma de dictadura, con la venia del patrón del norte.
Como escribiera Augusto Roa Bastos en Yo el Supremo: “Tengo en mis manos los cuatro ases: El de bastos en mi mano, garrote de mi poder. El de oro en las arcas del Estado. El de copas en que darles de beber la hiel y el vinagre a los traidores. El de espadas para podarles la cabeza. Éste es mi juego de truco. En él yo banco el triunfo a sangre fría, sin trucos de ninguna especie”. Esta cita sintetiza la lógica del poder totalitario que instrumentaliza las instituciones para eliminar la disidencia. Sin embargo, para que un proyecto de esta naturaleza perdure, requiere de un consenso social real, el pueblo; de lo contrario, los regímenes de excepción de carácter autoritario suelen tener un horizonte temporal limitado.