¿La vida solo importa cuando no hay poder de por medio?
La Iglesia Católica en Bolivia siempre ha mantenido una bandera innegociable: la defensa de la vida desde el momento de la concepción. Para sus obispos, un feto no es un proyecto, es una persona con derecho a vivir. Sin embargo, ante el escalofriante caso de Fernando Cerimedo en Santa Cruz, la cúpula eclesial ha preferido refugiarse en un silencio absoluto.
Las investigaciones judiciales revelan una trama macabra de machismo patriarcal llevado al extremo. Cerimedo, sabiendo que su pareja estaba embarazada, contrató una red de sicarios para asesinarla. El objetivo era claro y violento: eliminar a la mujer y, con ella, al hijo en su vientre que él mismo vio en una ecografía horas antes. Esto no solo fue un intento de feminicidio; fue un atentado directo y planificado contra una vida inocente que no pudo nacer.
¿Por qué la Iglesia no emite ni un comunicado para condenar este ataque contra un no nacido? La respuesta está en el cálculo político. La Iglesia Católica no es un actor neutral en Bolivia; es un mediador clave que cuida sus cartas frente al gobierno y a las élites económicas. Pronunciarse en el caso Cerimedo significaría meter las manos en un lodo de espionaje, «granjas de bots» y mafias que salpican al poder político de turno. Ante el riesgo de perder su influencia diplomática, los obispos prefieren mirar a otro lado.
El silencio de la Iglesia ante el sicariato cruceño deja al descubierto una alarmante doble moral. Cuando se trata de legislar o marchar contra los derechos de las mujeres, la Iglesia grita fuerte en las calles. Pero cuando el agresor es un hombre con poder y conexiones políticas, el
dogma se suspende. Al callar ante esta muestra de violencia patriarcal extrema, la Iglesia demuestra que, en su agenda, los pactos con el poder político pesan mucho más que la vida de un niño en el vientre materno.