Nadia Beller sobrevivió a tres disparos de sicarios, embarazada, a la salida de un hotel en Santa Cruz. Desde la clínica, señaló a su expareja y hasta entonces asesor presidencial, Fernando Cerimedo, como el autor intelectual del ataque. Y no se quedó ahí: acusó públicamente que los «negociados» con la gasolina, el diésel y el oro involucran, en sus palabras, al gobierno de Rodrigo Paz, a su esposa, María Elena Urquidi Barbery, y a la familia de ella, con Cerimedo como operador. Son señalamientos gravísimos, hasta ahora no probados ni documentados por la justicia, pero públicos y sostenidos por la propia víctima. Frente a eso, el presidente eligió el silencio. Han pasado más de diez días y Rodrigo Paz no ha dicho una sola palabra sobre el hombre que trabajó a su lado, con oficina en el piso 23 del Palacio de Gobierno, frente a la suya.
¿Qué te pasa, Rodrigo? El pueblo merece una explicación. No hablamos de un rumor de pasillo: hablamos de una mujer que asegura haber fotografiado cajones llenos de billetes en el domicilio de tu asesor, que dice que facturaba 800 mil dólares al mes sin que se sepa a quién ni por qué, y de una Fiscalía que allanó esa vivienda y encontró dinero, un vehículo oficial y tarjetas de presentación con el sello de la Presidencia. ¿De dónde salió tanto dinero, señor Presidente? Es una pregunta legítima y el pueblo tiene derecho a una respuesta, no a un vocero que reduce un intento de feminicidio con acusaciones de corrupción de por medio a un simple «tema de pareja».
Y ese silencio duele más porque llega en el peor momento posible. Mientras Cerimedo maneja cifras que ni el boliviano promedio puede imaginar, la gente hace filas de horas para conseguir diésel, el dólar paralelo se dispara y la escasez de divisas obliga al propio gobierno a admitir un déficit de cientos de millones de dólares para sostener el suministro de combustible. La inflación de alimentos ronda cifras que no se veían en años y la canasta familiar es cada vez más inalcanzable. Que mientras el pueblo hace cola para llenar un tanque, alguien en la órbita del poder maneje semejantes sumas sin que nadie explique su origen, no es solo una mala señal: es una burla a la necesidad de la gente.
Como si fuera poco, el propio gabinete económico de Paz no está exento de la misma sospecha. José Gabriel Espinoza, hasta hace días ministro de Economía y encargado de pedirle sacrificios al pueblo en nombre del ajuste fiscal, fue denunciado por comprar una camioneta Audi Q4 de lujo declarando en la escritura apenas 50.000 bolivianos, unos 5.700 dólares, por un vehículo que en el mercado cuesta entre 60.000 y 70.000 dólares. La Fiscalía abrió investigación penal por presunta falsedad de documentos y evasión de impuestos. El Legislativo terminó censurándolo y Paz tuvo que destituirlo, no por convicción propia, sino porque la ley lo obligó. El «ministro Audi», le llamaron. Así de descarado: el mismo funcionario que administra el ajuste que golpea al pueblo trabajador, comprando un auto de lujo y declarando una cifra que ni de cerca se ajusta a la realidad.
Y mientras Rodrigo guarda silencio sobre lo que pasa en su propio entorno, la justicia parece tener dos varas completamente distintas según de quién se trate. Ahí está el caso de las 32 maletas de la exdiputada Laura Rojas: llegaron desde Estados Unidos en un vuelo chárter, ingresaron sin control aduanero gracias a un pasaporte diplomático que ya no le correspondía, y terminaron ligadas a un galpón donde la policía, en lugar de las valijas, encontró más de 70 kilos de marihuana. Ese galpón, según las propias investigaciones periodísticas, pertenece a una empresa de seguridad vinculada a un juez del caso, un dato que hasta hoy nadie en el poder se ha dignado a explicar con claridad. Rojas estuvo detenida preventivamente más de 200 días en Palmasola, imputada por narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y asociación delictuosa. Y hace pocos días, salió: detención domiciliaria. Ese es el estándar real de la «lucha contra el narcotráfico» de la que tanto se llena la boca este gobierno: una exlegisladora vinculada a decenas de kilos de droga sale a su casa, mientras el «ministro Audi» se va tranquilo a su casa también, y el asesor de los cajones de billetes… nos queda claro, en Bolivia la “justicias” castiga la pobreza y mira pal otro lado si de millones se trata.
¿Y el gobierno? Calla. Calla ante el asesor con los cajones de dinero sin explicar. Calla ante el ministro del Audi maquillado. Calla ante el galpón del juez y la droga que apareció donde debían estar las maletas de una diputada de su propia coalición de intereses políticos. Un patrón se repite una y otra vez: cuando la corrupción toca a alguien cercano al poder, la respuesta oficial es el silencio, la minimización o, en el mejor de los casos, un comunicado tibio. Cuando se trata del pueblo, en cambio, no hay silencio: hay ajuste, hay filas para el diésel, hay un dólar que no baja y una canasta familiar que cada semana cuesta más.
Y por si esto fuera poco, mientras el pueblo hace filas de horas para conseguir diésel, el propio presidente se permitió, apenas ayer, una frase que debería indignar a cualquier boliviano: dijo que esos recursos «se podrían ir en hidrocarburos, o se podrían ir en losetas», que la plata «se puede ir en hospitales, se puede ir en colegios […] o puede irse en el gasto de hidrocarburos». ¿Perdón? ¿Desde cuándo comprar el combustible que mueve el transporte, la producción y la vida cotidiana del país es un lujo que compite con hospitales y escuelas, y no una obligación básica del Estado? Ese dinero, señor “Presidente”, es del pueblo en cualquiera de los dos destinos. No hay «elección» generosa de su parte: hay un Estado que no logra garantizar ni lo uno ni lo otro con la eficiencia que promete, y que ahora quiere hacer parecer un sacrificio heroico lo que es, sencillamente, incapacidad de gestión. ¿Cree este gobierno que el pueblo es tonto? Porque hacer fila para pagar la gasolina y el diésel sin subvención, mientras se anuncia semejante disyuntiva, suena más a insulto que a plan de gobierno.
Y las contradicciones no terminan ahí. El mismo ministro Zamora que salió a decir que el caso Cerimedo era «un tema de pareja» que no ameritaba pronunciamiento presidencial, tiene sobre sí una denuncia de un diputado que asegura que cuenta con una sentencia ejecutoriada por falso testimonio desde 2020, lo que, según la propia Constitución, lo inhabilitaría para ejercer como autoridad. El Gobierno lo niega y el ministro sigue en su cargo, pero cabe la pregunta: ¿con qué autoridad moral exige un funcionario con ese antecedente sobre la mesa que el pueblo no cuestione el silencio presidencial? Ese mismo patrón, denuncia grave, respuesta tibia o inexistente, la autoridad sigue como si nada, se repite una y otra vez en este gobierno y no es un hecho aislado.
¿Complicidad o simple incompetencia? Y no hablamos solo del caso Cerimedo, hablamos de sobreprecio de hasta 4 millones de dólares mensuales en la compra de petróleo crudo, comparado con lo que pagaba la gestión anterior, además de denuncias sobre «gasolina basura» que habría dañado miles de vehículos en el país por controles de calidad flexibilizados. La lista de altas autoridades del sector energético que quedaron fuera de la investigación oficial, mientras se acusa a los mandos medios, generó ruido hasta en el propio Legislativo. Y cuando esas denuncias se volvieron incómodas, un medio que las difundía fue blanco de un ataque digital coordinado que una diputada denunció como una operación de 2,5 millones de dólares para silenciarlo. Sea o no exacta cada cifra, el patrón es el mismo: cuando la corrupción se acerca al poder, el Estado no investiga con la misma velocidad con la que persigue a quien denuncia. El pueblo exige respuestas, no evasivas. Un gobierno que calla ante acusaciones de corrupción que tocan a su propio entorno, que calla ante un asesor con cajones de dinero sin origen claro, que calla ante un ministro con un Audi de precio maquillado, mientras exige al pueblo que apriete el cinturón, no puede pedir después que se confíe en su palabra. Si no hay nada que ocultar, como insiste el oficialismo, entonces que se hable. Que se expliquen los negociados, que se explique el dinero de Cerimedo, que se explique el Audi. El silencio prolongado no es neutralidad: es, negligencia, es complicidad.
El pueblo boliviano merece saber qué está pasando con su dinero, con su combustible, con su moneda cada vez más devaluada, mientras algunos, muy cerca del poder, parecen vivir en otra realidad. Las preguntas están sobre la mesa desde hace más de una semana; y Rodrigo guarda silencio.