La agenda ambiental bajo el gobierno de Rodrigo Paz
Hay decisiones de gobierno que parecen meramente administrativas, pero que en realidad expresan una determinada concepción del Estado y de la sociedad. La política ambiental del gobierno de Rodrigo Paz es una de ellas.
En menos de un año hemos asistido a una secuencia que difícilmente puede explicarse como simples ajustes burocráticos: primero desapareció el Ministerio de Medio Ambiente y Agua; luego sus competencias fueron fragmentadas y distribuidas entre otras carteras; y ahora, con la desaparición del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, la Autoridad Ambiental pasaría a depender del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
Del Ministerio de Medio Ambiente a una autoridad subordinada
Con el Decreto Supremo 5488, de noviembre de 2025, el Gobierno eliminó la estructura independiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y creó el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. Al mismo tiempo, buena parte de las competencias sobre agua fueron trasladadas al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
No se trató solamente de cambiar nombres.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua tenía una función política fundamental: colocar la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, los bosques y las fuentes de agua, así como la adaptación al cambio climático y la prevención de impactos ambientales, en el más alto nivel de decisión del Estado.
Eliminar esa cartera redujo la jerarquía política de la cuestión ambiental precisamente cuando Bolivia necesita lo contrario: mayor capacidad institucional, fiscalización, coordinación intersectorial y políticas de prevención frente a las crecientes presiones sobre bosques, agua y territorios.
¿Quiénes conducen esta nueva orientación?
José Fernando Romero Pinto, ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, proviene del sector agropecuario cruceño y fue presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) entre 2023 y 2025.
No se trata de cuestionar que una persona proveniente del sector privado pueda ejercer una función pública. El problema es la independencia de la autoridad ambiental. Cuando quien representa un sector económico estrechamente vinculado a la expansión de la frontera agropecuaria pasa a conducir la instancia política encargada de proteger bosques y regular impactos ambientales, el Estado debe prevenir cualquier potencial conflicto de intereses y garantizar una clara separación entre quienes producen y quienes regulan.
La preocupación se profundiza con Óscar Mario Justiniano, ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, también vinculado al empresariado agroindustrial cruceño y expresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
Así, dos figuras estrechamente relacionadas con el empresariado agroindustrial quedan al frente de espacios estratégicos para definir la relación entre producción, territorio, agua y ambiente.
En un país donde la expansión de la frontera agropecuaria, la deforestación y los incendios forestales están estrechamente relacionados, la independencia de la autoridad ambiental no es un lujo burocrático: es una condición democrática para proteger el interés colectivo.
La segunda vuelta: desaparece Planificación
El 4 de agosto de 2026, Rodrigo Paz anunció una nueva reducción del gabinete, de 14 a 12 carteras. El Ministerio de Planificación dejaría de funcionar como ministerio independiente y sus competencias fueron redistribuidas. En este proceso, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal pasa al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
La autoridad ambiental queda subordinada a una cartera cuya orientación prioritaria está puesta en el desarrollo productivo, rural y agroindustrial, en la expansión de la producción, la industrialización, el comercio, las exportaciones y la inversión. En un país donde estas políticas están fuertemente atravesadas por los intereses de los grandes sectores agroindustriales y empresariales vinculados a la tierra, la producción de commodities y la expansión de la frontera agropecuaria, la pregunta no es solamente qué lugar ocupa el ambiente dentro de la estructura del Estado, sino qué intereses productivos tendrán mayor capacidad para definir el rumbo del desarrollo y, por tanto, los límites que se imponen a la protección de los bosques, el agua y los territorios.
Esta decisión no es menor. En este contexto, claramente la defensa ambiental no puede reducirse a conservar naturaleza sin discutir las relaciones de poder que determinan su apropiación. Cuando la autoridad ambiental pierde autonomía y queda subordinada a las prioridades productivas, se abandona una construcción institucional que buscaba que el desarrollo se produzca dentro de los límites ecológicos del territorio, incorporando justicia social, derechos colectivos y sostenibilidad para las próximas generaciones.
Cuando el Estado pierde capacidad para fiscalizar, ordenar el territorio y establecer límites, el poder no desaparece: se desplaza hacia quienes tienen mayor capacidad económica para apropiarse de la tierra, el agua, los bosques y las decisiones públicas.
Bolivia necesita un Estado ambientalmente fuerte, técnicamente competente, territorialmente presente y socialmente participativo; un Estado capaz de poner límites a los intereses económicos cuando estos comprometen los bienes comunes.
Necesita una autoridad ambiental con independencia suficiente respecto de los sectores que debe regular. Necesita una política nacional de prevención y manejo integral del fuego. Necesita proteger la Chiquitanía, la Amazonía, el Chaco, los valles, los bofedales y las cabeceras de cuenca. Necesita enfrentar la crisis climática con una política nacional de largo plazo.
Pero, sobre todo, necesita entender que la justicia ambiental y la justicia social son inseparables.
Quienes pierden sus fuentes de agua, sus suelos, sus bosques y sus territorios no son estadísticas: son comunidades campesinas e indígenas, familias rurales, mujeres y trabajadores que sostienen buena parte de la vida y la alimentación del país. Y quienes se benefician de la apropiación de los bienes naturales tampoco son una abstracción: son sectores económicos concretos que participan de relaciones de poder y decisiones políticas concretas.
Por eso, la defensa del ambiente es también una disputa por la distribución de la riqueza y del poder. El desarrollo no puede construirse destruyendo las condiciones que hacen posible la vida.
Entonces cuando desaparece el Ministerio de Medio Ambiente, el problema no es solamente que desaparezca una institución. El problema es que está desapareciendo la capacidad del Estado para evitar que el “desarrollismo”, el Bolivia, Bolivia, Bolivia, quiera convertir la naturaleza en territorio de sacrificio.Y en nuestro país, donde la naturaleza es también territorio indígena, fuente de agua, alimento, cultura y futuro, esta no es una cuestión secundaria. Es una cuestión de poder, y sabemos de qué lado está el poder en el Gobierno del Bolivia, Bolivia, Bolivia.