Ensayo en 5 partes sobre la nueva derecha en Latinoamérica Parte 3/5
Hay momentos en los que un cambio político se anuncia con bombos, banderas y discursos históricos. Hay otros en los que simplemente uno mira el mapa y descubre que buena parte del continente decidió, casi al mismo tiempo, que el problema era la izquierda, que la solución era el orden y que, por alguna misteriosa coincidencia, Estados Unidos volvía a tener bastante interés en ayudarnos a resolverlo. América Latina está atravesando uno de esos momentos. Desde 2019, cuando Jair Bolsonaro consolidó el giro brasileño y Nayib Bukele llegó al poder en El Salvador, la derecha comenzó a recuperar terreno. Después vinieron Javier Milei en Argentina en 2023, Daniel Noboa en Ecuador, José Antonio Kast en Chile en 2025, Rodrigo Paz en Bolivia, Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia en 2026. Un análisis reciente de la nueva derecha latinoamericana identifica ya a trece presidentes de derecha o centroderecha en la región y encuentra elementos comunes en sus discursos: seguridad, reducción del gasto público, batalla cultural, conservadurismo religioso y una relación más estrecha con Washington. No todos son iguales. Y sería intelectualmente perezoso meterlos a todos en la misma bolsa. Milei no es Bukele. Bukele no es Kast. Kast no es Noboa. Noboa no es Paz. Y Paz, al menos por ahora, no parece tener demasiado interés en convertirse en una versión boliviana de ninguno de ellos. Pero existe algo que los conecta: todos han conseguido convertir frustraciones sociales reales en una narrativa política bastante conveniente para la derecha. Cuando hay inseguridad, prometen mano dura, cuando hay inflación, prometen mercado, cuando hay corrupción, prometen destruir la vieja política, cuando hay protestas, prometen orden y cuando alguien pregunta quién pagará por todo aquello, siempre parece haber una respuesta disponible para otra conferencia.
Argentina es probablemente el ejemplo más puro de esta nueva derecha. Javier Milei no llegó prometiendo administrar mejor el Estado, llegó prometiendo reducirlo drásticamente. Su discurso transformó al mercado en solución y al Estado en sospechoso habitual. La “casta” se convirtió en el villano perfecto: suficientemente abstracto para incluir a casi cualquiera y suficientemente concreto para que millones de personas pudieran odiarlo. Su gobierno consiguió resultados macroeconómicos que deben reconocerse. La inflación descendió considerablemente respecto de los niveles extraordinarios de 2023 y 2024, mientras el FMI ha señalado avances en materia fiscal, reformas estructurales y acumulación de reservas. Argentina continúa bajo un programa del Fondo por 20.000 millones de dólares. Pero los números tienen una costumbre desagradable y es que no siempre viven en la misma casa que las personas. El problema de una política basada en el ajuste no está en demostrar, sobre una planilla, que puede funcionar. El problema es qué ocurre con quien vive debajo de ella. Una reducción del déficit puede ser técnicamente exitosa o una economía puede estabilizarse y aun así puede existir gente que tenga menos para comer. No es una contradicción económica, es una cuestión política.
Si Argentina convirtió la motosierra en símbolo, El Salvador convirtió la mano dura en marca internacional. Nayib Bukele llegó al poder en 2019 y, después de la crisis de seguridad de marzo de 2022, construyó uno de los modelos de seguridad más contundentes del continente. El país experimentó una reducción extraordinaria de los homicidios y Bukele alcanzó niveles de popularidad que otros presidentes latinoamericanos probablemente mirarían con una mezcla de admiración y envidia. El problema es que la seguridad no puede medirse únicamente contando cadáveres, también hay que contar detenidos sin garantías, abusos, derechos suspendidos y cuánto poder puede concentrar un gobierno antes de que alguien tenga la incómoda idea de preguntarle por los límites. Eso no significa negar la reducción de la violencia, significa recordar que un Estado no demuestra su fortaleza únicamente porque pueda encarcelar a mucha gente, también la demuestra cuando es capaz de proteger al ciudadano sin convertir las garantías de ese ciudadano en un estorbo. Pero el modelo funciona electoralmente y eso es lo verdaderamente importante porque Bukele demostró que la inseguridad puede convertirse no solamente en una política pública, sino en una identidad política exportable.
Por su parte, Daniel Noboa representa una variante distinta. Ecuador llegó a una crisis de seguridad que transformó completamente el debate político. En enero de 2024, Noboa declaró un “conflicto armado interno” contra organizaciones criminales y amplió el papel de las Fuerzas Armadas. La decisión fue popular y es comprensible que lo fuera. Cuando el Estado pierde el control de sus calles, pedirle a la población paciencia mientras se redacta un informe sobre institucionalidad resulta una excelente manera de perder las siguientes elecciones. Pero Ecuador también es importante por otra razón, la lucha contra el crimen comenzó a acercarse cada vez más a Washington. En junio de 2026, Noboa se reunió con Pete Hegseth en el Pentágono y ambos gobiernos acordaron profundizar la cooperación militar. Washington declaró al hemisferio occidental una prioridad estratégica. Aquí aparece una relación que debemos observar con atención: Estados Unidos proporciona inteligencia, cooperación y capacidades militares y los gobiernos latinoamericanos reciben apoyo para enfrentar organizaciones criminales. Todos pueden afirmar que se trata de una alianza contra el narcotráfico, pero América Latina tiene una memoria demasiado larga como para no preguntar qué ocurre cuando la cooperación militar estadounidense vuelve a convertirse en una pieza central de la política interna de nuestros países. La seguridad puede ser necesaria, la dependencia no lo es nunca.
José Antonio Kast llegó a La Moneda en 2026 con un discurso centrado en seguridad, migración, orden y crecimiento. Chile es interesante porque demuestra que esta nueva derecha no necesita renunciar al discurso económico clásico para modernizarse. El Congreso aprobó una reforma que reduce gradualmente el impuesto corporativo desde 27% hasta 23% para 2029 con la intención de estimular inversión y crecimiento. Al mismo tiempo, el gobierno ha colocado la seguridad y el control fronterizo en el centro de su agenda. Pero Kast comparte algo con Milei que va más allá de la economía. La derecha contemporánea no quiere únicamente administrar, quiere disputar la cultura. Milei viajó a Chile en septiembre de 2026 y convirtió el Foro Madrid en un escenario para hablar de una batalla cultural continental contra la izquierda. La derecha dejó de decir solamente: “bajemos los impuestos”, ahora dice: “tenemos que recuperar el país”. Y cuando un proyecto político comienza a hablar de recuperar un país, siempre conviene preguntar de quién se supone que fue perdido. Porque un país no pertenece más a quien posee más propiedades, no debería pertenecer más a quien acumula más capital y tampoco debería convertirse en propiedad simbólica de quien grita más fuerte desde una tribuna. Perú ofrece otro tipo de continuidad.
Keiko Fujimori llegó a la presidencia en 2026 después de imponerse por una diferencia de apenas 49.641 votos. Su campaña se apoyó fuertemente en seguridad y migración, mientras prometió fortalecer la relación con Washington. Aquí la nueva derecha demuestra algo particularmente interesante: no siempre necesita inventarse desde cero. A veces simplemente recupera estructuras políticas antiguas y les coloca una campaña digital encima. El apellido Fujimori lleva consigo la memoria del gobierno de Alberto Fujimori, una experiencia que dejó profundas heridas institucionales y sociales en el país. La renovación, entonces, puede ser bastante relativa. La política tiene esa curiosa capacidad de presentarnos a viejos conocidos como si acabaran de llegar.
Colombia probablemente sea uno de los casos más significativos del nuevo mapa. Gustavo Petro había representado un acontecimiento histórico: la llegada de una izquierda que durante décadas había permanecido fuera del poder nacional. Su gobierno intentó modificar políticas energéticas, ampliar programas sociales, reformar sistemas de salud y pensiones y buscar negociaciones con grupos armados. En 2026, Abelardo de la Espriella ganó las elecciones y devolvió la Casa de Nariño a la derecha. La diferencia no fue solamente electoral, también fue discursiva. Mientras Petro había convertido la desigualdad y la paz en ejes centrales de su proyecto, De la Espriella hizo de la seguridad, la lucha contra el crimen y una relación estrecha con Washington elementos fundamentales de su propuesta. Trump lo respaldó públicamente durante la campaña y después de su victoria, mientras Marco Rubio prometió profundizar la cooperación en seguridad, migración y economía. El mensaje parece sencillo: si la izquierda intentó transformar las estructuras, la derecha promete volver a ponerlas en orden. El problema es que “orden” puede significar cosas muy distintas según el lugar desde el cual se lo mire. Para quien posee una empresa, orden puede significar estabilidad. Para quien trabaja ocho horas por un salario insuficiente, puede significar que no haya huelgas. Para quien vive en un barrio controlado por una banda criminal, puede significar seguridad. Para quien protesta contra una política pública, puede significar policías. La palabra es la misma pero la experiencia no.
Bolivia merece un capítulo aparte porque el cambio es demasiado reciente para conocer todavía sus consecuencias. Rodrigo Paz llegó al poder en 2025 después de casi veinte años de predominio del MAS y comenzó a desmontar buena parte de la arquitectura económica construida durante ese período. Su gobierno ha buscado atraer inversión privada, reducir subsidios y avanzar hacia acuerdos con organismos financieros internacionales. En julio de 2026 se anunció un programa cercano a los 1.900 millones de dólares con el FMI, acompañado por la expectativa de desbloquear otros recursos internacionales. La negociación provocó una reacción social considerable, particularmente alrededor de los subsidios a los combustibles. Y aquí Bolivia vuelve a enfrentarse con una vieja discusión. ¿La riqueza nacional debe utilizarse prioritariamente para financiar derechos y bienestar social o para crear condiciones atractivas para el capital privado? La pregunta parece técnica pero no lo es, es política. Porque detrás de cada subsidio eliminado hay una persona que paga más. Detrás de cada impuesto reducido hay un Estado que recauda menos. Detrás de cada inversión prometida hay una empresa esperando rentabilidad. Detrás de todas esas cifras hay trabajadores intentando llegar a fin de mes.
Entonces aparece Venezuela y aquí el mapa se vuelve incómodo. Si nuestra serie se limitara a decir que Estados Unidos apoya a la derecha latinoamericana y que la derecha latinoamericana apoya a Estados Unidos, Venezuela arruinaría el gráfico. Después de la captura de Nicolás Maduro por una operación estadounidense totalmente ilegal a los ojos del derecho internacional y del que parece no haber repercusiones reales para el gobierno de Trump a comienzos de 2026, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. Lo que siguió fue uno de los giros geopolíticos más extraordinarios del año: Washington pasó de sancionar a Rodríguez a levantar las sanciones que pesaban sobre ella y comenzar una relación de cooperación con su gobierno y entonces ocurrió algo todavía más llamativo, el petróleo. En agosto de 2026, Donald Trump anunció que Estados Unidos había conseguido una participación mayoritaria en un acuerdo relacionado con aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas, mediante el desarrollo de 17 campos petroleros. El gobierno de Rodríguez defendió el acuerdo asegurando que permitiría atraer unos 100.000 millones de dólares en inversión y generar importantes ingresos fiscales. Expertos, juristas y sectores políticos han cuestionado, sin embargo, la transparencia, estructura legal y alcance del acuerdo. La cifra es tan grande que casi parece escrita por un guionista con poca imaginación. Venezuela no se convirtió mágicamente en un gobierno de derecha. Tampoco Estados Unidos dejó de tener una relación conflictiva con el chavismo por amor repentino a la soberanía venezolana. Simplemente apareció algo que en geopolítica suele tener bastante más poder que las ideologías: de nuevo, el petróleo. Delcy Rodríguez, antigua figura central del chavismo, se encuentra ahora negociando con el mismo Washington que durante años sancionó al gobierno venezolano. La cooperación energética con Estados Unidos se ha convertido en uno de los ejes de esta nueva relación.
Si juntamos todos estos casos, aparece una fotografía bastante más compleja. Argentina experimenta con una derecha económica radical. El Salvador exporta un modelo de seguridad de mano dura. Ecuador profundiza la militarización y la cooperación con Washington. Chile combina conservadurismo cultural, seguridad y liberalización económica. Perú recupera una tradición política de derecha con raíces anteriores al actual ciclo. Colombia gira desde la izquierda hacia una derecha fuertemente vinculada a la agenda estadounidense. Bolivia comienza a abandonar un modelo de fuerte intervención estatal. Y Venezuela, paradójicamente, mantiene un gobierno proveniente del chavismo mientras negocia con Washington acuerdos energéticos de una magnitud que habría parecido absurda apenas unos meses atrás. Esto nos obliga a modificar una idea. La nueva derecha latinoamericana no es solamente un conjunto de gobiernos. Es un ambiente político. Una forma de entender el continente. Una forma que privilegia seguridad sobre protesta, inversión sobre redistribución, mercado sobre Estado y estabilidad sobre conflicto social y ahí está precisamente su atractivo. Porque ofrece respuestas sencillas a problemas complicados. El pobre no necesita mejores salarios, necesita empleo. El desempleado no necesita un Estado que lo proteja, necesita competencia. El barrio inseguro no necesita políticas sociales, necesita policías. El país endeudado no necesita cambiar su estructura económica, necesita confianza de los mercados. Y cuando los mercados tienen confianza, curiosamente, siempre hay alguien que termina teniendo mucha más confianza que los demás. La nueva derecha tiene una enorme ventaja política: habla con claridad. El problema es que la claridad no siempre es sinónimo de verdad y detrás de cada consigna aparentemente sencilla existe una decisión sobre quién gana y quién pierde.
Bajar impuestos es una decisión sobre quién aporta menos, eliminar subsidios es una decisión sobre quién paga más. Privatizar es una decisión sobre quién administra, militarizar es una decisión sobre quién puede usar la fuerza y acercarse a Washington es una decisión sobre cuánto margen de autonomía conserva un país. No existe política neutral en esas decisiones y quizás por eso la nueva derecha ha logrado avanzar tan rápidamente. Porque ha entendido algo que la izquierda olvidó demasiadas veces: la política también es una batalla por explicar quién merece qué. La diferencia es que la derecha suele tener una respuesta bastante clara. Quien puede competir, gana. Quien tiene capital, invierte. Quien tiene éxito, merece. Y quien pierde, debe intentarlo nuevamente. Es una visión ordenada, casi hermosa hasta que uno recuerda que algunos nacen con tierra, otros con deuda; algunos con contactos, otros con hambre; algunos con empresas, otros con salarios. Entonces la competencia empieza a parecerse menos a una carrera y más a una partida en la que algunos jugadores llegan con las cartas marcadas. Ese es el verdadero fenómeno que estamos viendo. No una conspiración perfecta. No un regreso idéntico al pasado. No un continente convertido mágicamente a la derecha. Sino una serie de gobiernos que, cada uno a su manera, están respondiendo a la crisis social con más mercado, más seguridad, más concentración de poder y una relación más estrecha con los intereses estratégicos de Washington y mientras tanto, Estados Unidos vuelve a mirar hacia el sur. No solamente por la migración o por el narcotráfico. También por petróleo, litio, gas, minerales rutas comerciales agua, mercados y por una razón mucho más antigua que cualquiera de nuestros presidentes actuales: porque América Latina sigue siendo demasiado importante para que Estados Unidos permita que otros decidan completamente qué hacer con ella.Venezuela acaba de demostrarlo de la manera más brutal. Washington puede pasar de entrar a la fuerza a la casa de la cabeza del Estado y removerlo de su propia cama a la mitad de la noche para luego sancionar a la presidenta interina que queda y terminar por negociar con ella si existe un interés estratégico suficientemente grande. Eso debería servirnos para entender que el mapa latinoamericano no se divide únicamente entre buenos y malos. Se divide también entre quienes tienen poder para imponer condiciones y quienes tienen que negociar con ese poder. Una cosa es que América Latina tenga gobiernos de derecha. Otra muy distinta es que todos comiencen a considerar normal que, para obtener inversión, seguridad, financiamiento o reconocimiento internacional, haya que acercarse cada vez más a Washington. Entonces la pregunta ya no será quién ganó las elecciones. Será qué margen de decisión le queda al país después de ganarlas. La historia nos dejó una advertencia. El presente nos está dejando señales y el futuro, como siempre, todavía no ha tenido la cortesía de avisarnos quién o cómo piensa cobrarnos la cuenta.