Si queremos entender por qué la derecha latinoamericana está regresando con tanta fuerza, quizá deberíamos empezar por dejar de tratar a la historia como una colección de fotografías. Hay problemas que tienen una preocupante habilidad para sobrevivir a las generaciones: la desigualdad, la concentración de la riqueza, la dependencia económica, la intervención extranjera y esa vieja costumbre de que cuando los pobres empiezan a organizarse demasiado, alguien descubre repentinamente que existe una “amenaza a la seguridad nacional”. La nueva derecha latinoamericana no nació ayer y tampoco nació con Javier Milei, aunque él probablemente estaría encantado de recibir semejante crédito.
Durante buena parte del siglo XX, la política latinoamericana estuvo marcada por una contradicción bastante sencilla: sociedades profundamente desiguales intentaban construir Estados modernos mientras una enorme concentración de la tierra, la riqueza y el poder permanecía en manos de minorías económicas. En muchos países, las clases trabajadoras, campesinas e indígenas comenzaron a organizarse y a exigir algo que hoy puede sonar peligrosamente radical: mejores salarios, tierra, derechos laborales, educación, salud y participación política, es decir, vivir mejor y la respuesta de las élites no fue aceptar amablemente que los trabajadores también tenían opiniones.
En 1954, Guatemala experimentó el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz después de una campaña de presión y operaciones encubiertas estadounidenses. Árbenz había impulsado una reforma agraria que afectaba grandes extensiones de tierra, incluida propiedad de la United Fruit Company. Los documentos oficiales estadounidenses desclasificados reconocen la existencia de la operación encubierta que terminó contribuyendo al derrocamiento. Diez años después, en 1964, Brasil sufrió un golpe militar que inauguró dos décadas de dictadura. En Bolivia, Banzer derrocó al general Juan José Torres mediante un sangriento golpe cívico-militar en agosto de 1971. En 1973, Chile vivió el golpe contra Salvador Allende. En 1976, Argentina cayó bajo una nueva dictadura militar y Paraguay ya llevaba desde 1954 bajo la dictadura de Alfredo Stroessner.
El comunismo era la amenaza oficial pero el problema práctico era mucho más amplio porque en América Latina no hacía falta declararse marxista para incomodar a Washington o a las élites locales. Bastaba con intentar nacionalizar recursos, redistribuir tierra, fortalecer sindicatos o reducir la dependencia de capitales extranjeros. En Chile, por ejemplo, los documentos del propio Departamento de Estado estadounidense muestran que Washington intervino políticamente durante el proceso electoral de 1970 y posteriormente desarrolló distintas estrategias destinadas a impedir o debilitar al gobierno de Salvador Allende y entonces llegó el 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas chilenas bombardearon el Palacio de La Moneda que terminó en la muerte de Allende.
La democracia fue reemplazada por una dictadura encabezada por Augusto Pinochet y el experimento neoliberal chileno comenzó a desarrollarse bajo una condición bastante peculiar: libertad económica para el mercado y libertad bastante limitada para quienes quisieran protestar contra ella. Los “Chicago Boys” llegaron a convertirse en símbolo de una transformación económica que redujo el papel del Estado, liberalizó mercados y privatizó numerosos servicios y empresas. La historia latinoamericana ya había encontrado una de las grandes contradicciones que volverían décadas después: la derecha podía presentarse como defensora de la libertad mientras esa libertad no siempre se aplicaba de la misma manera a todos.
Durante los años sesenta y setenta, Estados Unidos impulsó en América Latina una política profundamente marcada por la Guerra Fría y la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. El enemigo podía estar dentro del país. Podía ser un sindicalista, un estudiante, un campesino, un periodista, un militante o simplemente alguien que hubiera cometido el error de pensar que el orden social podía organizarse de otra manera y cuando el adversario político empieza a convertirse en “enemigo interno”, la frontera entre política y guerra comienza a desaparecer. Ese fue uno de los elementos que permitió la coordinación represiva que posteriormente conoceríamos como Operación Cóndor. En noviembre de 1975, representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay formalizaron en Santiago una estructura de cooperación de inteligencia a la que posteriormente se incorporó Brasil. El objetivo inicial era compartir información sobre opositores y organizaciones consideradas subversivas. Con el tiempo, la operación evolucionó hacia la persecución y asesinato transnacional de opositores. El Cóndor no se limitó a perseguir opositores dentro de las fronteras nacionales. Los documentos estadounidenses registraron planes para operaciones fuera de los países miembros, incluyendo Europa como el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington, D.C., el 21 de septiembre de 1976, que hizo imposible seguir fingiendo que aquella coordinación represiva era simplemente un asunto interno de las dictaduras sudamericanas.
Después de las dictaduras llegó el mercado, las dictaduras comenzaron a caer, Argentina regresó a la democracia en 1983, Brasil inició su transición democrática a mediados de los años ochenta, Uruguay volvió a la democracia en 1985, Chile comenzó su transición después del plebiscito de 1988 y la salida de Pinochet de la presidencia en 1990, Paraguay terminó con el régimen de Stroessner en 1989, Bolivia ya había regresado a la democracia en 1982 pero el fin de las dictaduras no significó el fin de las políticas económicas que habían comenzado a imponerse durante ellas. Durante las décadas de 1980 y 1990, la crisis de la deuda, los programas de ajuste estructural y posteriormente el llamado “Consenso de Washington” consolidaron una nueva economía: disciplina fiscal, liberalización comercial, privatizaciones, desregulación y reducción del papel económico del Estado y durante los años noventa, buena parte de América Latina descubrió que podía votar libremente para elegir entre diferentes candidatos que prometían administrar una economía sobre la cual cada vez parecía tener menos control. Fue una época de crecimiento en algunos países, pero también de profundas desigualdades y conflictos sociales que terminaron por desembocar en la consolidación de organizaciones populares y trabajadoras que eventualmente redirigirían el camino hacia adelante.
A finales de los años noventa y especialmente durante la primera década del siglo XXI comenzó una transformación política enorme: Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela en 1999, Ricardo Lagos asumió en Chile en 2000, Lula da Silva llegó a la presidencia de Brasil en 2003, Néstor Kirchner llegó a Argentina en 2003, Tabaré Vázquez llegó a Uruguay en 2005, Evo Morales ganó las elecciones bolivianas en 2005 y asumió en enero de 2006, Rafael Correa llegó a Ecuador en 2007, Fernando Lugo llegó a Paraguay en 2008 y para 2009, según estudios sobre el período, 11 de los 17 países latinoamericanos analizados tenían presidentes identificados con la izquierda pero la llamada “marea rosa” no fue un bloque homogéneo: Chávez no era Lula ni Evo pero compartieron rasgos y logros fundamentales. Un estudio sobre la desigualdad durante la marea rosa encontró que los gobiernos de izquierda redujeron la desigualdad de ingresos más rápidamente que los gobiernos no izquierdistas, mediante políticas como aumento de pensiones sociales, salarios mínimos y recaudación tributaria y en Bolivia, el proceso fue todavía más profundo. La nacionalización de los hidrocarburos de 2006 aumentó el papel del Estado en la economía, se expandieron programas sociales, se creó una nueva Constitución, se reconoció formalmente el carácter plurinacional del Estado y millones de personas históricamente marginadas comenzaron a ocupar espacios de poder que durante generaciones les habían sido negados. Por primera vez en mucho tiempo, el Estado boliviano empezó a parecerse un poco más a la gente que vivía dentro de él.
La izquierda latinoamericana llegó al poder porque había una deuda histórica con los trabajadores, los campesinos, los pueblos indígenas y los sectores populares y durante varios años consiguió resultados concretos en reducción de pobreza y desigualdad. Millones de personas que durante décadas habían sido invisibles comenzaron a recibir una parte mayor de la riqueza nacional y eso, naturalmente, produjo una reacción.
A partir de la segunda mitad de la década de 2010, la marea empezó a retroceder. La caída de los precios de las materias primas golpeó a economías dependientes de las exportaciones, la desaceleración económica redujo los márgenes fiscales, los escándalos de corrupción erosionaron a varios gobiernos progresistas y la derecha aprendió que no necesitaba defender exactamente el viejo neoliberalismo para regresar al poder, podía reinventarlo. Podía presentarse como antisistema, atacar a las élites políticas mientras mantenía intacta la concentración económica, hablar de libertad económica y simultáneamente reivindicar gobiernos fuertes en materia de seguridad o defender elecciones y, al mismo tiempo, cuestionar organismos electorales cuando los resultados no le gustaban. Podía utilizar el lenguaje de la democracia mientras convertía a sus adversarios en enemigos nacionales y podía hacerlo en 280 caracteres. El siglo XXI había encontrado una herramienta que las dictaduras de los setenta habrían considerado ciencia ficción, un aparato de propaganda que cabe en el bolsillo.
La nueva derecha latinoamericana aprendió una lección de la historia: la democracia es demasiado popular como para atacarla directamente, es mucho más eficiente apropiarse de su lenguaje. Antes, el enemigo era el comunista y hoy puede ser el progresista, la feminista, el sindicalista, el indígena movilizado, el migrante, el ambientalista, el estudiante, el periodista, el opositor y cualquiera que cuestione el orden económico. Debemos reconocer que el fascismo histórico siempre necesitó construir una categoría de personas a las que se pudiera presentar como amenaza para justificar una respuesta excepcional, por eso el lenguaje importa. Cuando una protesta social deja de ser una demanda y se convierte exclusivamente en “terrorismo” o un sindicato deja de ser una organización de trabajadores y se convierte en “enemigo económico”. Cuando una organización indígena deja de ser un actor político y se convierte en “obstáculo al desarrollo” y la pobreza deja de ser una consecuencia de la estructura económica y pasa a interpretarse como fracaso individual. Casi nunca se pregunta cuánto esfuerzo tuvo que hacer el hijo de un millonario para nacer millonario, pero esas son las pequeñas preguntas que suelen desaparecer cuando la economía se convierte en una cuestión moral.
Entonces volvemos al punto de partida: ¿Qué tiene que ver todo esto con la nueva derecha? Pues todo, porque el Plan Cóndor fue producto de una época en la que las dictaduras latinoamericanas entendieron que podían coordinarse para combatir a un enemigo político común pero los gobiernos actuales no están haciendo eso. Estamos viendo otra forma de internacionalización política: Ideas que cruzan fronteras, asesores que trabajan en diferentes países, campañas que copian estrategias, gobiernos que comparten modelos de seguridad, discursos políticos que se reproducen casi simultáneamente y una relación cada vez más estrecha entre determinadas derechas latinoamericanas y Washington. La diferencia es que ahora el mensaje no llega necesariamente mediante un manual militar, puede llegar mediante un podcast. No hace falta una reunión secreta en Santiago, basta un grupo de WhatsApp o videos en TikTok porque ya no hace falta que alguien nos diga explícitamente quién es el enemigo, el algoritmo puede encargarse de repetírnoslo hasta que parezca que siempre lo supimos. Las condiciones políticas cambian, pero las estructuras de poder sobreviven.
La concentración de la riqueza sigue siendo una de ellas, la desigualdad continúa siendo una de las características estructurales de América Latina. En 2025, la CEPAL señalaba que el 10% más rico de la región concentraba alrededor del 34,2% del ingreso total y cuando una región continúa siendo una de las más desiguales del planeta, resulta bastante interesante que la respuesta política dominante sea decirles a los pobres que deben competir mejor, como organizar una carrera entre alguien con zapatos y alguien sin piernas y luego felicitar al ganador por su mayor capacidad y esfuerzo.La comparación histórica nos deja una conclusión incómoda, la derecha latinoamericana de hoy no es simplemente la derecha de los años setenta. Es más “democrática” en su origen, más digital, más populista, más capaz de utilizar el lenguaje de la indignación social pero también recupera algunas ideas antiguas: la primacía del mercado sobre la redistribución, la defensa de estructuras de propiedad altamente concentradas, el endurecimiento de la respuesta estatal frente a la protesta y una relación particularmente estrecha entre seguridad, orden y poder y mientras tanto, Estados Unidos vuelve a mirar hacia el sur con un interés que difícilmente puede considerarse inocente y América Latina sigue siendo demasiado rica en minerales, hidrocarburos, alimentos, agua y posiciones estratégicas como para que las grandes potencias pierdan interés en ella. Quizá por eso deberíamos mirar el presente con memoria, para recordar qué ocurrió cuando la desigualdad, el miedo, la intervención extranjera, la concentración económica y la militarización de la política comenzaron a combinarse. El problema histórico fue cuando determinadas ideas decidieron que algunos ciudadanos valían más que otros, que determinada riqueza era intocable y que quien cuestionara ese orden podía convertirse en enemigo. Cuando eso ocurrió, los trabajadores no fueron quienes escribieron las reglas, las padecieron. La nueva derecha latinoamericana todavía está escribiendo las suyas y si queremos saber hacia dónde puede llevarnos, primero tenemos que mirar hacia atrás y si la nueva derecha está construyendo un nuevo mapa político latinoamericano, ¿quiénes están dentro de ese mapa, desde cuándo y qué papel está jugando Estados Unidos en su construcción?