Después de poco más de 50 días de bloqueos de caminos y otras medidas de presión ejercidas por sectores movilizados en contra las políticas del gobierno del presidente Rodrigo Paz, las protestas comenzaron a ceder. Este prolongado conflicto social, el más extenso de los últimos tiempos, deja lecciones fundamentales que trascienden la mera cronología de los hechos y reconfiguran la relación entre el Estado y la sociedad boliviana, por lo que merecen un análisis detenido.
Los bloqueos empezaron a desactivarse a partir del 20 de junio, coincidiendo con la firma del acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, suscrito el día anterior, y con la declaratoria del estado de excepción en la madrugada de esa misma fecha. Sin embargo, atribuir la desmovilización al diálogo o al agotamiento de los manifestantes sería un reduccionismo mediático.
Los hechos fueron mucho más grotescos y responden a una estrategia más pragmática pero altamente costosa: la prebenda dirigencial. No fueron el cansancio ni el temor al estado de excepción lo que levantó los bloqueos, sino la capacidad del Gobierno para fragmentar una demanda social unificada en reivindicaciones de tipo sectoriales e individuales, más fáciles de atender mediante la asignación discrecional de recursos públicos. Esta práctica, que no es nueva en la política boliviana, consiste en otorgar favores o ventajas económicas a cambio de silencio, comprar lealtades políticas o, en otros casos, contener a las bases enfurecidas para desviar sus demandas originales.
Sea cual fuere el motivo, los sectores que formaron parte de las protestas terminaron cediendo ante peticiones sectoriales individualizadas.
– Los transportistas, por ejemplo, lograron un Fondo de Garantía para el Transporte de Bs100 millones, un plan de recuperación vial que demandará una inversión de Bs1.029 millones y la aceleración de la indemnización por causa de la “gasolina basura”.
– Los cooperativistas mineros de Ferroeco y Fencoman, por su parte, obtuvieron la condonación del pago de aportes adeudados a la Caja Nacional de Salud por un monto de Bs96 millones, recursos que quedarán a fondo perdido para esta gestora de salud.
– El magisterio fue compensado con la creación de 3.000 nuevos ítems en educación y 2.300 en salud, lo que representa un presupuesto adicional de Bs346 millones y Bs265 millones respectivamente. Además, este sector logró un bono extraordinario denominado Bono Aula, de Bs2.400 para cada uno de los 189.000 maestros del país, cuyo gasto extrapresupuestario alcanzará los Bs454 millones, a lo que se suma la restitución del Bono Zona y Frontera. En conjunto, solo para este gremio los compromisos superan los Bs1.000 millones.
– Los policías recibieron un Bono Bicentenario de Bs3.000 por efectivo, con un costo de Bs125 millones, en un claro intento de asegurar la lealtad de los uniformados en medio de la represión social.
– La Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca) obtuvo del Gobierno la promesa de construcción de un hospital con equipamiento por Bs13 millones.
– El oportunismo también se hizo presente en el nivel municipal. El alcalde de El Alto y la dirigencia de las Fejuves consolidaron una cartera de proyectos que supera los Bs543 millones para enloscados, infraestructura escolar, salud y la construcción de la avenida Periférica.
– Otras alcaldías circundantes a los puntos de bloqueo también obtuvieron compromisos de inversión similares a cambio de colaborar en la estrategia gubernamental de desmovilizar a las bases.
– Algunos sectores campesinos, como los ponchos rojos y las bartolinas de Carnavi, también obtuvieron réditos del conflicto. El Gobierno se comprometió a financiar la construcción de la carretera Santa Bárbara-Carnavi-Quiquibey, además de proyectos de electrificación y vivienda.
En conjunto, todos estos compromisos financieros ascienden a la exuberante suma de Bs4.089 millones, lo que equivale aproximadamente al 1,5% del Producto Interno Bruto nacional. Una cifra que revela la magnitud de la factura fiscal que el Gobierno deberá enfrentar a cambio de obtener una tranquilidad al menos momentánea.
La pregunta que queda flotando es de dónde saldrán estos recursos, pues el Ejecutivo ya enfrenta una creciente presión fiscal que no ha logrado corregir en el presupuesto vigente. A ello se suman estos gastos extrapresupuestarios no concebidos en el presupuesto inicial, que desvían aún más las metas de reducción del déficit anunciadas por las autoridades, por lo que el equilibrio fiscal se vuelve cuesta arriba, a menos que no exista una real intención de cumplir lo pactado. En este escenario, la desmovilización basada en la prebenda no es sostenible desde el punto de vista financiero ni político.
Se han levantado los bloqueos de las vías físicas, pero persiste un bloqueo mucho más profundo que tiene que ver con el bloqueo existencial de gobernar solo para unos, dejando postergadas las demandas sociales de otros. Cualquier intento de retomar la agenda neoliberal puede convertirse en la mecha que encienda un nuevo conflicto social. El tiempo de campaña electoral terminó hace más de diez meses, y la falta de diálogo sincero no se compensa con nuevas promesas de regalos sectoriales. La necesidad de construir consensos mínimos pero genuinos que trasciendan la mera compra de voluntades se vuelve cada vez más urgente. Mientras no se gobierne de forma inclusiva, escuchando a todos los sectores, los riesgos de inestabilidad social estarán presentes, porque ninguna billetera fiscal, por abultada que sea, resultará suficiente para comprar una paz duradera sin diálogo.