1. La contradicción central del PGE 2027: un presupuesto que incumple elacuerdo que dice cumplir
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, presentado por el ministro de Economía, Cristian Morales Burgos, el 30 de octubre de 2026, se define como el primer instrumento fiscal diseñado en el marco del acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones. Sus metas macroeconómicas centrales —déficit fiscal del 6,7% del PIB, inflación del 10,7% y contracción económica del -1,5%— coinciden formalmente con las comprometidas ante el organismo. Sin embargo, contiene una contradicción que lo invalida como instrumento de cumplimiento: asigna Bs 11.000 millones para subvencionar la gasolina y el GNV, cuando el Memorando de Políticas Económicas y Financieras establece expresamente que “el presupuesto de 2027 no incluirá partidas para subsidios a los combustibles, ni del Tesoro ni de las empresas estatales”.
El propio ministro confirmó la asignación: “Dentro del presupuesto estamos garantizando una subvención de 11 mil millones de bolivianos aproximadamente”. El contraste es directo: el acuerdo exige cero subsidios; el presupuesto reserva Bs 11.000 millones para ellos. Esto no significa que el FMI haya declarado un incumplimiento formal —el presupuesto aún debe ser aprobado por la Asamblea y podría modificarse—, pero sí revela que el Ejecutivo está enviando señales contradictorias: negocia con el FMI un ajuste del 8,5% del PIB, pero al mismo tiempo preserva el gasto que el propio acuerdo identifica como la partida más voluminosa a eliminar.
La lógica política detrás de esta contradicción es comprensible: el GLP y la gasolina son los combustibles de uso masivo en hogares y transporte, y su eliminación sin compensación efectiva desataría una conflictividad social aún mayor que la de 2026. Pero esa misma lógica es la que socava la credibilidad del programa y expone al gobierno a que los desembolsos del FMI —12 en total, sujetos a evaluaciones— queden condicionados a reformas que el presupuesto no contempla.
2. Sostenibilidad macroeconómica: un tipo de cambio sin ancla y una deudaque no se estabiliza
El PGE 2027 se elaboró con un supuesto de Bs 12 por dólar, confirmado por el ministro. Este supuesto refleja la transición hacia un régimen de flotación administrada, con intervenciones “limitadas” del Banco Central, tal como establece el acuerdo. Pero la sostenibilidad de ese tipo de cambio depende de una variable que el presupuesto no controla: la reconstrucción de reservas internacionales. El FMI advierte que “las reservas utilizables siguen bajas” y que la crisis —caída de producción de gas, déficits monetizados y tipo de cambio sobrevaluado— “sigue abierta”. Sin reservas suficientes, un tipo de cambio “determinado por el mercado” puede derivar en una espiral de depreciación que retroalimente la inflación y erosione el poder adquisitivo, especialmente de quienes reciben ingresos fijos en bolivianos.
En materia de deuda, el acuerdo busca “preservar la sostenibilidad” mediante un ajuste fiscal “adelantado”. Pero la lógica del ajuste implica que el pago de la deuda se prioriza sobre el gasto social: el objetivo de reducir el déficit global al 3,5% del PIB en 2029 exige contener la masa salarial, racionalizar la inversión y reestructurar empresas estatales. El PGE 2027 proyecta, al mismo tiempo, un aumento de la inversión pública a Bs 17.000 millones, lo que plantea una pregunta sin respuesta clara en el documento: si el déficit se reduce y el financiamiento monetario se elimina, ¿con qué recursos se financiará esa inversión? La respuesta implícita es más deuda externa y bonos soberanos, lo que traslada el costo del ajuste actual a las generaciones futuras.
3. La desinstitucionalización como multiplicador de la crisis
El impacto del PGE 2027 y del acuerdo con el FMI no puede analizarse en abstracto. Ocurre en un contexto de erosión institucional profunda que reduce la capacidad del Estado para gestionar el ajuste y proteger a los más vulnerables. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no puede pronunciarse sobre si una ley vulnera derechos fundamentales porque no tiene quórum: cinco magistrados prorrogaron sus mandatos indefinidamente en diciembre de 2023, y la actual composición de solo cuatro magistrados ha generado una “grave contradicción institucional”. El TCP acumula 22.000 expedientes pendientes, muchos de ellos solicitudes de revisión de privación de libertad de personas encarceladas, con esperas de hasta tres años.
Esta desinstitucionalización tiene un efecto directo sobre los sectores pobres: sin un sistema judicial funcional, no hay mecanismos para resolver conflictos —laborales, de tierras, de acceso a servicios— y sin un Tribunal Constitucional operativo, no hay contrapeso jurídico frente a decretos que afectan derechos sociales. La desinstitucionalización no es un telón de fondo: es un multiplicador de la vulnerabilidad, porque elimina las vías institucionales por las que los sectores populares podrían resistir o negociar los impactos del ajuste.
4. El impacto sobre los sectores más pobres: tarifas de servicios básicos,combustibles y canasta familiar
4.1. Tarifas de servicios básicos: el ajuste invisible
El incremento en las tarifas de electricidad y agua opera como un ajuste silencioso que golpea directamente a los hogares de menores ingresos. Las tarifas están indexadas al tipo de cambio oficial y a las Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), de modo que la depreciación del boliviano se traslada automáticamente a las facturas. Como advirtió el expresidente Morales, “mientras unos pocos ganan con la especulación, las familias más humildes tendrán que soportar un aumento constante en las tarifas de electricidad y agua”.
El impacto es regresivo por diseño: en los hogares pobres, el gasto en electricidad y agua representa una proporción mucho mayor del ingreso que en los hogares de clase media o alta. Un incremento porcentual idéntico en la tarifa implica una pérdida de bienestar proporcionalmente mayor para quien destina el 10% de su ingreso a servicios básicos que para quien destina el 3%. Organizaciones de derechos humanos han alertado que estas medidas configuran “una bomba de tiempo” que empuja a la pobreza, y han documentado incrementos drásticos en los cobros del agua potable. La propia lógica de “ser pobre es muy caro” se profundiza: el acceso a servicios básicos en zonas periféricas ya cuesta “entre tres a cinco veces más” que en zonas con acceso directo, y el ajuste tarifario agrava esa brecha.
4.2. Combustibles: del diésel a la gasolina y el GLP
El gobierno ya eliminó la subvención general al diésel en septiembre de 2026: su precio pasó de Bs 3,74 por litro a Bs 17,95, un incremento del 380,2%. El acuerdo con el FMI establece que, desde enero de 2027, los precios de la gasolina también deberán cubrir costos, vinculados a cotizaciones internacionales y al tipo de cambio. El GLP sigue subvencionado, pero el memorando no fija un calendario específico para su ajuste, y el PGE 2027 no aclara si los Bs 11.000 millones incluyen el GLP o solo gasolina y GNV.
Para los hogares pobres, la combinación es letal. El GLP es el combustible de cocina de la mayoría de las familias de bajos ingresos; su eliminación sin compensación “podrá empobrecer más aún a la población boliviana debido a que depende de ese energético fósil para preparar sus alimentos”. La gasolina afecta el transporte público y el costo de los fletes que trasladan alimentos a los mercados urbanos. El diésel, ya ajustado, encarece el transporte de carga y la producción agrícola. Cada uno de estos aumentos se transmite en cascada a la canasta familiar, que absorbe el impacto de manera desproporcionada en los hogares que destinan la mayor parte de su ingreso a alimentación.
4.3. La magnitud del impacto: proyecciones de pobreza
La Fundación Jubileo ha cuantificado el efecto. En 2024-2025, el 44,7% de la población se encontraba en pobreza por ingresos (unos 5,5 millones de personas) y el 16,9% en pobreza extrema (unos 2 millones). Cerca de 2,5 millones de personas se encuentran “inmediatamente por encima de la línea de pobreza”, con ingresos en torno a Bs 1.328 mensuales, por lo que “un aumento del costo de vida puede reducir rápidamente su capacidad de compra”.
Las microsimulaciones de Jubileo proyectan que, solo por la eliminación del subsidio al diésel, la pobreza podría subir del 44,7% al 46%, 47% o hasta 49%, lo que supone entre 171.000 y 514.000 personas adicionales en pobreza. Si a ello se suman el ajuste de la gasolina, el posible ajuste del GLP y el incremento de tarifas de servicios básicos, el escenario de 514.000 nuevos pobres deja de ser un límite superior y se convierte en una estimación conservadora. Los hogares afectados responderán “reduciendo la cantidad o calidad de los alimentos, recurriendo a deudas informales, vendiendo activos o postergando gastos de salud y educación”, lo que significa que el impacto se acumula intergeneracionalmente: menos nutrición, menos salud, menos educación.
5. Conclusión: un ajuste sin ancla institucional ni compensación efectiva
El PGE 2027 es un presupuesto atrapado en una contradicción que lo debilita: se presenta como el instrumento del acuerdo con el FMI, pero asigna Bs 11.000 millones a los subsidios que el acuerdo ordena eliminar. Esta contradicción no es un error técnico, sino el reflejo de un dilema político irresoluble: el gobierno necesita el financiamiento del FMI, pero no puede eliminar de golpe los subsidios que sostienen la paz social de los sectores más pobres.
El problema es que no ha construido los mecanismos para resolver ese dilema. El Registro Social Unificado, que debía focalizar las compensaciones, no está operativo. El Tribunal Constitucional no puede ejercer su función de contrapeso. El sistema judicial no ofrece vías de resolución de conflictos. Y las tarifas de servicios básicos, indexadas al tipo de cambio, siguen trasladando el costo de la devaluación a los hogares sin que exista una compensación equivalente.
El resultado es que los sectores más pobres absorben el ajuste por tres vías simultáneas: la eliminación de subsidios a los combustibles que encarece la canasta, el incremento de tarifas de servicios básicos que reduce el ingreso disponible, y la desinstitucionalización que les impide negociar o resistir esos impactos por cauces institucionales. La proyección de hasta 514.000 nuevos pobres no es una fatalidad económica: es el resultado de decisiones políticas que priorizan la disciplina fiscal y el cumplimiento (parcial) del acuerdo con el FMI sobre la protección efectiva de la población. Mientras esas decisiones no se corrijan —con un registro social operativo, una compensación directa y suficiente, y un mínimo de funcionalidad institucional—, el ajuste seguirá recayendo, una vez más, sobre los que menos tienen.
31 de octubre de 2026