Durante más de cincuenta días, Bolivia vivió una de las mayores movilizaciones sociales de los últimos años. Campesinos, indígenas, trabajadores, gremiales, maestras y maestros, transportistas y juntas vecinales salieron a las carreteras y a las plazas por razones distintas, aunque atravesadas por un mismo malestar: el deterioro económico y una creciente sensación de que las decisiones importantes se toman de espaldas al pueblo.
La respuesta del gobierno de Rodrigo Paz no fue abrir una discusión sobre esas demandas. Tampoco explicar por qué el combustible seguía siendo un problema, por qué aumentaban los precios de la canasta familiar, o por qué las promesas de campaña comenzaban a diluirse tan rápido.
Por el contrario, en el centro de la narrativa gubernamental encontramos un elemento importante: llamar narcoterroristas a quienes se movilizan.
La construcción gubernamental y mediática de ese relato fue gradual. Al principio se insistió con decir que los bloqueos eran impulsados por “evistas”. Más adelante, sobre todo tras la designación del nuevo Ministro de Defensa, esa narrativa incorporó la categoría de “narcoterrorismo”. Con esa operación el Gobierno no solo intentó eludir su responsabilidad frente a la crisis económica, política y social; también trasladó el conflicto al terreno de la seguridad nacional.
Washington reforzó rápidamente ese relato. El Secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Estados Unidos no permitiría que “criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente” en el hemisferio. Poco después, el Subsecretario de Estado Christopher Landau confirmó que existían investigaciones en curso relacionadas con Evo Morales y los bloqueos y reiteró el respaldo de Estados Unidos al gobierno de Rodrigo Paz.
Buena parte de los grandes medios reprodujeron esas declaraciones sin preguntarse algo bastante elemental: ¿de verdad alguien cree que decenas de miles de personas salieron a marchar porque un cartel del narcotráfico decidió movilizarlas?
Quien conozca la historia política boliviana sabe que esa explicación no resiste el menor análisis. Las organizaciones sociales bolivianas tienen décadas de acumulación, formas propias de deliberación, estructuras territoriales y capacidad de convocatoria muy anteriores a cualquier gobierno. Reducir esa complejidad y densidad del tejido social a una conspiración criminal no solo resulta inverosímil sino que cumple una función política muy precisa.
No es lo mismo estar frente a ciudadanos que protestan que frente a narcoterroristas. En nombre de estos últimos pasan a justificarse la inteligencia, la militarización, las detenciones preventivas, la injerencia imperialista y hasta los estados de excepción. Y es que se trata de convertir a los adversarios políticos en enemigos internos y desplazar la discusión desde el terreno de los derechos hacia el de la guerra.
Bolivia ya conoce esa operación, América Latina también.
Figurita repetida: acá, allá y más allá
Quienes hoy presentan el narcoterrorismo como una amenaza inédita se olvidan de que Estados Unidos construye, una y otra vez, enemigos en América Latina para justificar su injerencia sobre la política, la seguridad y las fuerzas armadas de la región.
Durante la Guerra Fría el nombre del enemigo era otro. Se hablaba de comunistas, subversivos o agitadores. En nombre de esa amenaza se financiaron golpes de Estado, se entrenó a militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas, se coordinaron servicios de inteligencia y se desplegaron operaciones de contrainsurgencia que dejaron miles de desaparecidos, asesinados y exiliados en todo el continente.
La caída de la Unión Soviética privó a Washington de su principal justificación geopolítica para intervenir en América Latina. Sin embargo, lejos de retirarse, construyó nuevos enemigos.
Puede decirse “narcoguerrilla”, “narcoterrorismo”, “crimen organizado transnacional” o cualquier otra etiqueta; el mecanismo es siempre parecido. Se construye una amenaza que justifica la expansión de la cooperación militar, el intercambio de inteligencia, el entrenamiento de fuerzas de seguridad y, en muchos casos, una presencia cada vez más profunda de Estados Unidos en la política y la economía de los países de la región.
Un ejemplo muy conocido fue el Plan Colombia. Presentado como una estrategia para combatir simultáneamente al narcotráfico y a las guerrillas, movilizó miles de millones de dólares en asistencia militar, inteligencia, armamento y entrenamiento. Claramente, el narcotráfico no desapareció. En cambio, el país acumuló millones de personas desplazadas, graves violaciones a los derechos humanos, miles de ejecuciones extrajudiciales y un conflicto que terminó reconfigurándose sin resolver las economías ilegales que decía combatir. Dos décadas después, incluso quienes defendieron el Plan Colombia reconocen que el balance está lejos de las promesas iniciales.
México siguió un camino similar. En 2006 Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico y sacó al Ejército a las calles con el respaldo de la Iniciativa Mérida, impulsada por Washington. El resultado tampoco fue la derrota de los cárteles. La fragmentación de las organizaciones criminales multiplicó los focos de violencia, aumentaron los homicidios, las desapariciones y las violaciones de derechos humanos, mientras el negocio continuó funcionando.
Ecuador ofrece el ejemplo más reciente. Bajo el gobierno de Daniel Noboa, la categoría de “narcoterrorismo” pasó a ocupar el centro del discurso oficial. Se declaró un conflicto armado interno, se ampliaron las facultades de las Fuerzas Armadas y Estados Unidos profundizó su injerencia militar y de inteligencia. Paralelamente, la administración Trump comenzó a discutir una presencia mucho más activa en territorio ecuatoriano bajo el argumento de combatir a las organizaciones criminales. Sin embargo, la militarización no consiguió reducir de manera sostenida la violencia. Por el contrario, el país alcanzó cifras históricas de homicidios y consolidó un escenario de excepción permanente.
Los casos son distintos, pero la secuencia se parece demasiado. Primero aparece una amenaza extraordinaria. Después llegan las reformas legales, la ampliación de las facultades militares, los acuerdos de cooperación y la asistencia en inteligencia. Finalmente, la violencia persiste, mientras la presencia estadounidense y el poder de los aparatos de seguridad se vuelven cada vez más difíciles de revertir.
Y no es casual que esta lógica vuelva a cobrar fuerza justamente ahora. De hecho, la creación del Escudo de las Américas, las declaraciones del Secretario de Guerra Pete Hegseth sobre la posibilidad de actuar militarmente contra organizaciones criminales más allá de las fronteras estadounidenses, las causas judiciales impulsadas bajo leyes de narcoterrorismo y la expansión de nuevos acuerdos militares forman parte de una misma estrategia: reinstalar a América Latina como un espacio prioritario de seguridad nacional para Estados Unidos.
Y es precisamente ahí donde Bolivia vuelve a entrar en escena.
Manual de importación de una política subordinada
Bolivia nunca estuvo exenta de la presencia del narcotráfico. Tampoco negó la existencia de organizaciones criminales ni dejó de desarrollar políticas de interdicción, erradicación e investigación. Lo que sí hizo, al menos hasta 2019, fue construir un enfoque diferente al promovido por Estados Unidos.
Tras la expulsión de la DEA en 2008, el Estado boliviano apostó por un modelo basado en la soberanía sobre su política antinarcotráfico, el control social de los cultivos de coca y la cooperación con organizaciones campesinas productoras. Ese modelo no estuvo exento de críticas ni de limitaciones, pero partía de una premisa distinta: la hoja de coca no es la enemiga y la política de seguridad no podía convertirse en una guerra contra las comunidades productoras.
La diferencia es sustancialmente política. Mientras la doctrina estadounidense tendía a presentar el narcotráfico como una amenaza militar que justificaba la expansión de las Fuerzas Armadas, bases militares y de los organismos de inteligencia, Bolivia insistía en distinguir entre la hoja de coca, las economías campesinas y las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.
El golpe de Estado de 2019 y la posterior degradación democrática comenzaron a erosionar ese consenso. Con la llegada de Rodrigo Paz al gobierno se transparentó ese acercamiento a la agenda de seguridad impulsada desde Washington. No sorprendió la incorporación de Bolivia al Escudo de las Américas, iniciativa promovida por la administración de Donald Trump que reúne a gobiernos de la región bajo un protectorado que combate al denominado narcoterrorismo.
El gobierno de Paz anunció el restablecimiento de las oficinas de la DEA, recibe tutelaje directo de altas autoridades estadounidenses e incorporó un lenguaje que había ocupado un lugar marginal en el debate público boliviano en los últimos años.
En pocas semanas, Bolivia pasó de discutir una crisis económica, política y social a debatir sobre el narcoterrorismo. Y eso tuvo consecuencias concretas. Esencialmente, facilitó la construcción de un posicionamiento político y mediático favorable a la militarización del conflicto. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno comenzó a presentarse como una respuesta necesaria frente a una amenaza extraordinaria y no como una medida excepcional que debía estar estrictamente limitada por la Constitución y los estándares internacionales de Derechos Humanos.
De esa forma, se justificó un nuevo marco normativo. La derogación de la Ley 1341, aprobada tras las masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal precisamente para limitar la intervención militar en conflictos internos, y su reemplazo por la Ley 1740 habilitó la posibilidad de participación conjunta de policías y militares. La nueva norma incorporó disposiciones ambiguas y especialmente preocupantes, como la presunción de legalidad de las actuaciones realizadas por las fuerzas de seguridad durante un estado de excepción, debilitando los mecanismos de control y rendición de cuentas.
De esta forma se abrió la puerta a una política de persecución judicial contra dirigentes y líderes sociales que se mantiene vigente. Conforme avanzaban las movilizaciones comenzaron a multiplicarse las denuncias por terrorismo e instigación contra dirigentes sindicales, campesinos, indígenas y vecinales, mientras se producían detenciones arbitrarias y operativos ejecutados incluso por personas encapuchadas cuya pertenencia institucional nunca fue plenamente esclarecida.
Finalmente, el discurso del narcoterrorismo contribuyó a legitimar una creciente presencia internacional. Las declaraciones de Marco Rubio, Christopher Landau y otras autoridades estadounidenses, así como la resolución de la Organización de Estados Americanos impulsada por los países integrantes del Escudo de las Américas en respaldo al gobierno de Rodrigo Paz, forman parte de un mismo proceso: la reinscripción de Bolivia dentro del esquema de sometimiento promovido por Estados Unidos.
Y decimos “reinscripción” porque no sería la primera vez que ocurre. Durante la década de 1990, bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora, padre del actual presidente, Bolivia profundizó su alineamiento con la política antidrogas impulsada desde Washington. Aquellos años estuvieron atravesados por una intensa intromisión estadounidense en la política boliviana en general y por una creciente subordinación de la política antidrogas a su agenda. Sin embargo, lejos de traducirse en una lucha efectiva contra las grandes estructuras criminales, ese período convivió con algunos de los episodios más oscuros de la historia reciente del país. El caso Huanchaca y, posteriormente, los narcovínculos que involucraron a dirigentes del propio MIR, demostraron que la cercanía con la estrategia estadounidense nunca fue garantía de transparencia ni de eficacia. Por el contrario, la historia boliviana muestra que las grandes economías ilícitas también encontraron protección y complicidades dentro de las propias estructuras del poder.
Del narcogallo, su narcopollo
Si el principal problema de Bolivia fuera el narcotráfico, cabría esperar que el Estado concentrara sus esfuerzos en desarticular las grandes redes económicas que lo hacen posible. El narcotráfico contemporáneo necesita rutas internacionales, empresas de fachada, operadores financieros, funcionarios corruptos, infraestructura logística y mecanismos sofisticados de lavado de dinero. Es allí donde se concentra el verdadero poder de estas economías ilícitas.
Sin embargo, el discurso oficial parece orientarse en otra dirección. Mientras las mayores incautaciones de droga vinculadas a Bolivia continúan revelando la existencia de organizaciones con enorme capacidad económica y logística, la principal categoría política del Gobierno recae sobre quienes marchan, bloquean caminos, participan de organizaciones sociales y, claro está, Evo Morales.
Las recientes incautaciones de más de cien toneladas de marihuana líquida en Chile y de alrededor de cincuenta toneladas de cocaína líquida en Brasil, ambas provenientes de Bolivia, son una muestra de la escala del problema. Se trata de cargamentos cuyo valor alcanza miles de millones de dólares y cuya circulación difícilmente podría explicarse sin complejas redes de protección institucional, financiera y empresarial. Frente a operaciones de semejante magnitud, la respuesta estatal ha sido llamativamente escasa en términos de información pública sobre los responsables de esas estructuras, las investigaciones patrimoniales o las redes de complicidad que permiten su funcionamiento.
Esa asimetría resulta reveladora. Mientras el discurso oficial coloca a campesinos, maestros, gremiales, transportistas y pueblos indígenas en el centro de la amenaza, las organizaciones capaces de mover toneladas de droga permanecen, en buena medida, fuera del foco del debate público. La pregunta, entonces, deja de ser únicamente quiénes son perseguidos porque es urgente preguntarse quiénes no lo son.
Mientras tanto, parece tener sentido que distintas estaciones del teleférico de La Paz y El Alto exhiban mensajes de felicitación por el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Pues a la par de importar el discurso de “narcoterrorismo” se importa la cooperación asimétrica, la doctrina y el alineamiento.
