Análisis de la crisis en la institución del orden
«Nunca confíes. Nunca te entregues en bandeja. A ellos les pagan para hacer lo que hacen; no les hagas el trabajo. Y nunca subestimes su estupidez. Si tuvieran algo de cerebro no estarían ahora trabajando en esto, ¿verdad?». Filosofía a mano armada, K. Fischer
Este artículo no pretende mellar la honra de la institución del orden ni la de aquellos buenos funcionarios que existen en sus filas. Constituye, más bien, un análisis crítico-filosófico de lo que acontece en su seno, a partir de hechos conocidos y disponibles en medios de comunicación y redes sociales. Es una crítica filosófica y, por tanto, una crítica a nuestra idiosincrasia boliviana.
Contra el mal, reza su lema. Sin embargo, su actuar parece ir en sentido contrario a lo que pregona. Nuestra institución del orden se ve manchada por diversos casos que comprometen tanto el proceder de los individuos que la componen como a la institución en su conjunto. Pareciera que todo esto se profundizó desde que el nuevo Gobierno asumió el poder. El bien de todos solo se ve reflejado en el cumplimiento de lo que los altos mandos políticos imponen y lo que los altos mandos de la misma institución ejecutan.
Los hechos que se ven vinculados a la institución verde olivo van desde la corrupción, la extorsión y, sobre todo, el narcotráfico. A continuación, se elabora una pequeña cronología de los hechos de nuestra institución del orden desde que asumió el Gobierno de Rodrigo Paz:
Cronología de la crisis (2025-2026)
24 de noviembre de 2025
Extorsión a mineros auríferos. Tres policías son enviados con detención preventiva por cohecho, extorsión y tenencia agravada de sustancias controladas, tras interceptar a mineros auríferos con una suma importante de dinero en el norte de La Paz. Sossa anuncia su baja definitiva.
28 de noviembre de 2025
Nuevo Inspector General. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, posesiona al Gral. Gunther Agudo como Inspector General.
Febrero de 2026. Primera crisis de mando
Al menos 15 policías son investigados por extorsión, abuso de autoridad y apropiación indebida.
Marzo – octubre de 2026. Caso Marset
13 de marzo de 2026
La Policía captura al narcotraficante Sebastián Marset con apoyo de la DEA, siendo este extraditado a EE. UU. Se constituye en uno de los operativos más exitosos de la región en el que no se disparó un solo tiro.
Marzo – octubre de 2026
Robo de las maletas. La Fiscalía investiga a cuatro altos mandos que dirigieron el operativo por la presunta sustracción de maletas con cuatro millones de dólares de la casa de Marset:
– Juan Marcelo Ferrufino Rojas, Tte. Cnel., exdirector de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), enviado con seis meses de detención preventiva a Patacamaya.
– Guillermo Ruiz Guzmán, Capitán, detenido en Sucre.
– Óscar Moreno, Director Nacional de Inteligencia.
– Erick Correa, Jefe Nacional de Contrainteligencia.
Delitos imputados: peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo. El fiscal Gutiérrez confirmó la requisa.
25 de abril de 2026
Siete policías son aprehendidos por tenencia de doce paquetes —uno positivo para clorhidrato de cocaína— dentro de una casa de seguridad en Cochabamba.
27 de abril de 2026
Aprehensión de siete policías que colaboraron con un reo sentenciado por asesinato para facilitar su fuga.
3 de julio de 2026
Dos policías son aprehendidos por extorsión. Pidieron Bs 7.000 a un ciudadano cuando intervinieron en un problema de supuesta estafa de Bs 1.000 en Santa Cruz.
Julio de 2026
Cuatro policías detenidos por extorsión. Habían exigido $us 15.000 al dueño de una vagoneta que transportaba acetato para su devolución.
30 de septiembre – 6 de octubre de 2026. Caso Mariaca
Megaoperativo en Santa Cruz, La Paz y Sucre. Detención del fiscal general Roger Mariaca en el aeropuerto Viru Viru, junto al fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos y al fiscal superior Martín Irusta. Con ellos cae el Mayor de Policía Rubén Aparicio Villarroel, exintegrante de la FELCN, primer policía aprehendido del caso Mariaca.
Las acusaciones vienen de parte de EE. UU. y la Fiscalía: organización criminal, tráfico de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas (Bs 3,5 millones y $us 10.000 hallados en ambulancia), solicitud y aceptación de sobornos para facilitar el narcotráfico. Mariaca es enviado con 180 días de detención preventiva a la cárcel de Cantumarca, Potosí.
13 de octubre de 2026
Decreto 5749. Rodrigo Paz promulga este decreto para denunciar cobros ilegales, extorsión y exigencias indebidas atribuidas a servidores del Ministerio Público, Órgano Judicial y Policía Boliviana.
16 de octubre de 2026
La FELCC aprehende a cinco policías acusados de pedir dinero, imputados por cohecho y asociación delictuosa.
23 – 25 de octubre de 2026
Facilitación de comunicaciones a Mariaca. Cinco policías investigados por facilitar un teléfono celular a Mariaca en Cantumarca. Dos son enviados a la cárcel de Uyuni con detención preventiva de cuatro meses y tres con detención domiciliaria.
Según los reportes del Tribunal Disciplinario Superior, se dio de baja definitiva a 74 efectivos policiales, desde incumplimiento de reglamento hasta hechos delictivos. A ello se suma la baja definitiva sin derecho a reincorporación de cinco efectivos por tráfico de drogas en la frontera con Chile.
ANÁLISIS
Los casos de mayor relevancia son el del fiscal Mariaca y el caso Marset. Casos donde se vislumbra una evidente lucha de poder por el control político nacional y, también, por el control del vacío que dejó Marset, reflejado en los sicariatos en el oriente boliviano vinculados a miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), Comando Vermelho y agrupaciones bolivianas. La relevancia que obtuvo la Policía Boliviana tras la detención de Marset se vio mellada por el actuar, ya convertido en tradición, de la sustracción de maletas en el domicilio donde vivía el narcotraficante, sumado a otros objetos de valor, cuyos ejecutores fueron miembros de la misma institución policial.
La crisis de la Policía Boliviana durante la primera gestión del primer periodo del presidente Rodrigo Paz no es un mero recuento periodístico, sino el reflejo de la institucionalidad boliviana, que empieza con esta entidad y termina irradiándose en otros ámbitos como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Legislativo y el Ejecutivo.
KANT
Para Kant —en el caso Marset, por ejemplo— el imperativo categórico, aquello que debemos hacer al actuar de acuerdo con la moral, se diluye y se torna en imperativo hipotético. Vale decir que la policía actúa por inclinación y no por cumplir con su deber.
Por tanto, la reforma no debería ser solamente disciplinaria, como pretenden hacer con el DS 5749, sino ética. Si el lema es por el bien de todos, Kant estaría de acuerdo en cuanto a ver a la humanidad en su totalidad, la bolivianidad, como un fin y no como un medio. Escribía en su Fundamentación para una metafísica de las costumbres: «Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio».
HEGEL
En cuanto a Hegel, la policía no es represión sino administración de la sociedad civil: regula contingencia, mercado, pobreza y seguridad. Es una universalidad concreta que media entre la familia y el Estado. En el modo de actuar de la institución de orden boliviana se trata de una privatización de lo universal. Podemos ver el caso de la extorsión de los Bs 7.000: es evidencia de que, en vez de cumplir su papel, ve estos hechos como oportunidades de renta y el derecho abstracto se vuelve contingencia. La eticidad no logra institucionalizarse y el Estado debe intervenir desde afuera, por medio de decretos, como en el caso del Inspector General. La contradicción más grande, desde la visión hegeliana, sucede nuevamente con el caso Marset.
El funcionario —la policía— como servidor de lo universal entra en contradicción en cuanto particular que solo ve su interés propio. Hegel escribe: «Para el Estado es del mayor interés la formación de esta clase media; pero esto solo puede ocurrir en una organización como la que hemos visto, en la que son legítimos ámbitos particulares, relativamente independientes, y existe un mundo de funcionarios cuya arbitrariedad se halla contrarrestada por esas legitimidades». Estos funcionarios carecen de ética; sin ética, el Estado es pasajero. Por tanto, la policía no salió de la sociedad civil, se fundió en ella, convirtiéndose en sociedad civil armada.
MARX, ENGELS Y LENIN
Desde un análisis materialista, Marx destruye la mistificación hegeliana del Estado. El Estado no es una idea, sino que responde a una dominación de clase: «La burocracia es el formalismo del Estado de la sociedad burguesa; es la conciencia del Estado, la voluntad del Estado, el poder del Estado como una corporación», escribía Marx en su Crítica a Hegel. La burocracia policial responde a la dominación de clase. Por ejemplo, en el caso Mariaca, Marx argumentaría que no es un caso individual de corrupción, sino un entramado de protección del narcotráfico desde el Estado, una nueva burguesía y sus intereses.
Engels argumenta en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado: «La segunda característica es la instauración de un poder público que ya no coincide directamente con la población organizada espontáneamente como fuerza armada. Este poder público especial se hace necesario porque desde la división de la sociedad en clases es ya imposible una organización armada espontánea de la población». Por tanto, el Estado debe velar la pugna entre antagonismos irreconciliables de clase, necesitando para ello una parte armada separada del pueblo. La extorsión, para Engels, sería una forma de acumulación desde el monopolio de la violencia.
Para Lenin, el Estado anquilosado debe destruirse, no reformarse. Ese antiguo Estado es un conjunto de hombres armados, cárceles, etc., al servicio de las clases dominantes. En Estado y Revolución escribe: «El ejército permanente y la policía son los instrumentos fundamentales de la fuerza del poder del Estado». También escribe: «Destacamentos especiales de hombres armados que tienen a su disposición cárceles y otros elementos». Desde esta lógica, las reformas elaboradas desde el Gobierno no tienen efecto, pues el poder judicial-policial está inundado de organizaciones criminales. El caso Marset demuestra que el interés es hacerse del capital del narcotráfico.
BENJAMIN
En Para una crítica de la violencia, Benjamin sostiene: «La violencia policial es fundadora de derecho, porque su cometido característico se centra, no en promulgar leyes, sino en todo edicto que, con pretensión de derecho, se deja administrar, y es conservadora de derecho porque se pone a disposición de esos fines». La violencia mítica que funda el derecho se mezcla con la violencia conservadora y de ahí nace el espectro policial.
En el caso Marset, la violencia mítica acontece con su captura, pervirtiéndose en violencia conservadora al momento del robo de las maletas y otros objetos del narcotraficante, constituyéndose como un «privilegio del alto mando policial». En una extorsión, esa violencia conservadora se torna violencia depredadora. Se apoyan en el estado de excepción para así crear la ley.
RANCIÈRE
Para Rancière, la policía no es represión, es orden de distribución de cuerpos, lugares, palabras (partage du sensible). La política es una irrupción de los sin parte que cuestionan esa distribución. En su obra El desacuerdo escribe: «La policía es primeramente un orden de los cuerpos que define las divisiones entre los modos del hacer, los modos del ser y los modos del decir, que hace que tales cuerpos sean asignados por su nombre a tal lugar y a tal tarea; es un orden de lo visible y lo decible que hace que tal actividad sea visible y que tal otra no lo sea».
Entonces, siguiendo lo que propone Rancière, estarían en su malinterpretado derecho de distribuir: quién camina con oro, con acetato, quién tiene justicia. La política aparecería si mineros, librecambistas y conductores articularan un desacuerdo: no somos solo objetos de control, somos parte del pueblo que exige igualdad. Paz, al denunciar al Ministerio Público, intenta generar un gesto político, pero lo hace desde lo que Rancière entiende como policía —el decreto—, no desde la igualdad que sería lo político, estrictamente hablando. En el caso del narcotraficante, es considerado dentro como fuera: dentro económicamente, fuera discursivamente.
AGAMBEN
Desde su obra Homo Sacer II, El Estado de Excepción, Agamben define lo antes mencionado como suspensión de la norma y como el poder que debe aplicarla, tornándose este en norma. Las atribuciones que la policía cree obtener por medio de este estado se pueden ver en la casa de seguridad donde se suspende la prohibición de poseer droga, pues es una excepción, o el facilitar celulares tanto a Mariaca como a Cerimedo, pues las cárceles constituyen campos perfectos para el estado de excepción.
Agamben escribe: «Estado de excepción es ese momento del derecho en el que se suspende el derecho precisamente para garantizar su continuidad, e inclusive su existencia. O también: la forma legal de lo que no puede tener forma legal, porque es incluido en la legalidad a través de su exclusión». Por tanto, la policía produce su estado de excepción desde los puntos donde ejerce su poder, vale decir: comisarías, retenes, operativos, cárceles, etc.
ŽIŽEK
Žižek habla de la violencia subjetiva (visible, agente identificable), violencia simbólica (lenguaje) y la violencia objetiva (lógica del sistema). La violencia subjetiva se manifiesta en las acciones de cohecho y extorsión de los funcionarios policiales. La violencia simbólica se ve reflejada en el discurso de la lucha en contra del narcoterrorismo, enemigo omnipresente que justifica todo.
Por último, la violencia objetiva se interpreta en: sistema extractivista y falta de regulación, bajos salarios en clases; extorsión en altos mandos, pues poseen jugosos salarios, impunidad histórica y demanda internacional de droga. Los DS 5556 y 5749 son meros fetichismos, pues no tocan el meollo del asunto: la economía política generada desde el narcotráfico. La aprehensión de Marset constituyó una acumulación de riqueza para los altos mandos encargados de dichos operativos.
En su obra Sobre la violencia, Žižek escribe: «Tal código perdona una infracción, es ‘ilegal’, al mismo tiempo que reafirma la cohesión del grupo. Tiene que aplicarse al amparo de la nocturnidad para que no sea detectado, para que permanezca silenciado. En público todo el mundo parece no saber nada acerca de ello, o incluso niega su existencia».
DUSSEL
Desde la Ética de la Liberación, esta forma de gobierno va en contra de la víctima. Los negados son aquellos afectados por el abuso de poder policial en cuanto a extorsión, no así en cuanto a narcotráfico. Aunque estos sean una respuesta de la periferia, por tanto víctimas del Sistema-Mundo, la policía debe actuar como mediador, no como un ente opresor. Dussel recupera a Kant, pero desde la periferia. El imperativo categórico no es un concepto abstracto europeo, comienza, se sustenta y crece el comprender el no matarás al otro. Dussel escribe: «El bien es un sujeto ético concreto, pero solo al obrar el bien (de la norma, acción…)».
EPÍLOGO
Este análisis de la institución del orden, desde una analogía de conceptos entre autores que tocan la definición y el concepto de lo que significa lo policial, hace ver que existe una crisis en cuanto a la ética (Hegel), que puede ser interpretada desde la falta de condiciones materiales (Marx) —en cuanto a las clases, vale decir, de cabos a suboficiales—, pero esta ética debe ser una ética deontológica (Kant). Esta nueva refundación debe nacer desde la revocabilidad de los mandos desde las bases —esto es la comunidad— (Lenin), rompiendo así el ciclo (Benjamin), incluyendo a los sin parte en la creación del sistema de seguridad (Rancière), cerrando ciclos de excepción (Agamben), atacando la economía política perversa (Žižek) y complementándose todo desde la ética de la víctima, como representación del pueblo (Dussel).