{"id":358,"date":"2026-07-07T13:34:35","date_gmt":"2026-07-07T17:34:35","guid":{"rendered":"https:\/\/ajicolorado.com\/?p=358"},"modified":"2026-07-07T15:31:53","modified_gmt":"2026-07-07T19:31:53","slug":"nos-han-dicho-narcoterroristas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajicolorado.com\/?p=358","title":{"rendered":"Nos han dicho narcoterroristas"},"content":{"rendered":"\n

Durante m\u00e1s de cincuenta d\u00edas, Bolivia vivi\u00f3 una de las mayores movilizaciones sociales de los \u00faltimos a\u00f1os. Campesinos, ind\u00edgenas, trabajadores, gremiales, maestras y maestros, transportistas y juntas vecinales salieron a las carreteras y a las plazas por razones distintas, aunque atravesadas por un mismo malestar: el deterioro econ\u00f3mico y una creciente sensaci\u00f3n de que las decisiones importantes se toman de espaldas al pueblo.<\/em><\/h4>\n\n\n\n

La respuesta del gobierno de Rodrigo Paz no fue abrir una discusi\u00f3n sobre esas demandas. Tampoco explicar por qu\u00e9 el combustible segu\u00eda siendo un problema, por qu\u00e9 aumentaban los precios de la canasta familiar, o por qu\u00e9 las promesas de campa\u00f1a comenzaban a diluirse tan r\u00e1pido.<\/p>\n\n\n\n

Por el contrario, en el centro de la narrativa gubernamental encontramos un elemento importante: llamar narcoterroristas<\/em> a quienes se movilizan.<\/p>\n\n\n\n

La construcci\u00f3n gubernamental y medi\u00e1tica de ese relato fue gradual. Al principio se insisti\u00f3 con decir que los bloqueos eran impulsados por “evistas”. M\u00e1s adelante, sobre todo tras la designaci\u00f3n del nuevo Ministro de Defensa, esa narrativa incorpor\u00f3 la categor\u00eda de “narcoterrorismo”. Con esa operaci\u00f3n el Gobierno no solo intent\u00f3 eludir su responsabilidad frente a la crisis econ\u00f3mica, pol\u00edtica y social; tambi\u00e9n traslad\u00f3 el conflicto al terreno de la seguridad nacional.<\/p>\n\n\n\n

Washington reforz\u00f3 r\u00e1pidamente ese relato. El Secretario de Estado Marco Rubio afirm\u00f3 que Estados Unidos no permitir\u00eda que “criminales y traficantes de drogas derroquen a l\u00edderes elegidos democr\u00e1ticamente” en el hemisferio. Poco despu\u00e9s, el Subsecretario de Estado Christopher Landau confirm\u00f3 que exist\u00edan investigaciones en curso relacionadas con Evo Morales y los bloqueos y reiter\u00f3 el respaldo de Estados Unidos al gobierno de Rodrigo Paz.<\/p>\n\n\n\n

Buena parte de los grandes medios reprodujeron esas declaraciones sin preguntarse algo bastante elemental: \u00bfde verdad alguien cree que decenas de miles de personas salieron a marchar porque un cartel del narcotr\u00e1fico decidi\u00f3 movilizarlas?<\/p>\n\n\n\n

Quien conozca la historia pol\u00edtica boliviana sabe que esa explicaci\u00f3n no resiste el menor an\u00e1lisis. Las organizaciones sociales bolivianas tienen d\u00e9cadas de acumulaci\u00f3n, formas propias de deliberaci\u00f3n, estructuras territoriales y capacidad de convocatoria muy anteriores a cualquier gobierno. Reducir esa complejidad y densidad del tejido social a una conspiraci\u00f3n criminal no solo resulta inveros\u00edmil sino que cumple una funci\u00f3n pol\u00edtica muy precisa.<\/p>\n\n\n\n

No es lo mismo estar frente a ciudadanos que protestan que frente a narcoterroristas. En nombre de estos \u00faltimos pasan a justificarse la inteligencia, la militarizaci\u00f3n, las detenciones preventivas, la injerencia imperialista y hasta los estados de excepci\u00f3n. Y es que se trata de convertir a los adversarios pol\u00edticos en enemigos internos y desplazar la discusi\u00f3n desde el terreno de los derechos hacia el de la guerra.<\/p>\n\n\n\n

Bolivia ya conoce esa operaci\u00f3n, Am\u00e9rica Latina tambi\u00e9n.<\/p>\n\n\n\n

<\/a>Figurita repetida: ac\u00e1, all\u00e1 y m\u00e1s all\u00e1<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Quienes hoy presentan el narcoterrorismo como una amenaza in\u00e9dita se olvidan de que Estados Unidos construye, una y otra vez, enemigos en Am\u00e9rica Latina para justificar su injerencia sobre la pol\u00edtica, la seguridad y las fuerzas armadas de la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Durante la Guerra Fr\u00eda el nombre del enemigo era otro. Se hablaba de comunistas, subversivos o agitadores. En nombre de esa amenaza se financiaron golpes de Estado, se entren\u00f3 a militares latinoamericanos en la Escuela de las Am\u00e9ricas, se coordinaron servicios de inteligencia y se desplegaron operaciones de contrainsurgencia que dejaron miles de desaparecidos, asesinados y exiliados en todo el continente.<\/p>\n\n\n\n

La ca\u00edda de la Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica priv\u00f3 a Washington de su principal justificaci\u00f3n geopol\u00edtica para intervenir en Am\u00e9rica Latina. Sin embargo, lejos de retirarse, construy\u00f3 nuevos enemigos.<\/p>\n\n\n\n

Puede decirse “narcoguerrilla”, “narcoterrorismo”, “crimen organizado transnacional” o cualquier otra etiqueta; el mecanismo es siempre parecido. Se construye una amenaza que justifica la expansi\u00f3n de la cooperaci\u00f3n militar, el intercambio de inteligencia, el entrenamiento de fuerzas de seguridad y, en muchos casos, una presencia cada vez m\u00e1s profunda de Estados Unidos en la pol\u00edtica y la econom\u00eda de los pa\u00edses de la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Un ejemplo muy conocido fue el Plan Colombia. Presentado como una estrategia para combatir simult\u00e1neamente al narcotr\u00e1fico y a las guerrillas, moviliz\u00f3 miles de millones de d\u00f3lares en asistencia militar, inteligencia, armamento y entrenamiento. Claramente, el narcotr\u00e1fico no desapareci\u00f3. En cambio, el pa\u00eds acumul\u00f3 millones de personas desplazadas, graves violaciones a los derechos humanos, miles de ejecuciones extrajudiciales y un conflicto que termin\u00f3 reconfigur\u00e1ndose sin resolver las econom\u00edas ilegales que dec\u00eda combatir. Dos d\u00e9cadas despu\u00e9s, incluso quienes defendieron el Plan Colombia reconocen que el balance est\u00e1 lejos de las promesas iniciales.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e9xico sigui\u00f3 un camino similar. En 2006 Felipe Calder\u00f3n declar\u00f3 la guerra contra el narcotr\u00e1fico y sac\u00f3 al Ej\u00e9rcito a las calles con el respaldo de la Iniciativa M\u00e9rida, impulsada por Washington. El resultado tampoco fue la derrota de los c\u00e1rteles. La fragmentaci\u00f3n de las organizaciones criminales multiplic\u00f3 los focos de violencia, aumentaron los homicidios, las desapariciones y las violaciones de derechos humanos, mientras el negocio continu\u00f3 funcionando.<\/p>\n\n\n\n

Ecuador ofrece el ejemplo m\u00e1s reciente. Bajo el gobierno de Daniel Noboa, la categor\u00eda de “narcoterrorismo” pas\u00f3 a ocupar el centro del discurso oficial. Se declar\u00f3 un conflicto armado interno, se ampliaron las facultades de las Fuerzas Armadas y Estados Unidos profundiz\u00f3 su injerencia militar y de inteligencia. Paralelamente, la administraci\u00f3n Trump comenz\u00f3 a discutir una presencia mucho m\u00e1s activa en territorio ecuatoriano bajo el argumento de combatir a las organizaciones criminales. Sin embargo, la militarizaci\u00f3n no consigui\u00f3 reducir de manera sostenida la violencia. Por el contrario, el pa\u00eds alcanz\u00f3 cifras hist\u00f3ricas de homicidios y consolid\u00f3 un escenario de excepci\u00f3n permanente. <\/p>\n\n\n\n

Los casos son distintos, pero la secuencia se parece demasiado. Primero aparece una amenaza extraordinaria. Despu\u00e9s llegan las reformas legales, la ampliaci\u00f3n de las facultades militares, los acuerdos de cooperaci\u00f3n y la asistencia en inteligencia. Finalmente, la violencia persiste, mientras la presencia estadounidense y el poder de los aparatos de seguridad se vuelven cada vez m\u00e1s dif\u00edciles de revertir.<\/p>\n\n\n\n

Y no es casual que esta l\u00f3gica vuelva a cobrar fuerza justamente ahora. De hecho, la creaci\u00f3n del Escudo de las Am\u00e9ricas, las declaraciones del Secretario de Guerra Pete Hegseth sobre la posibilidad de actuar militarmente contra organizaciones criminales m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras estadounidenses, las causas judiciales impulsadas bajo leyes de narcoterrorismo y la expansi\u00f3n de nuevos acuerdos militares forman parte de una misma estrategia: reinstalar a Am\u00e9rica Latina como un espacio prioritario de seguridad nacional para Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Y es precisamente ah\u00ed donde Bolivia vuelve a entrar en escena.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/a>Manual de importaci\u00f3n de una pol\u00edtica subordinada<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Bolivia nunca estuvo exenta de la presencia del narcotr\u00e1fico. Tampoco neg\u00f3 la existencia de organizaciones criminales ni dej\u00f3 de desarrollar pol\u00edticas de interdicci\u00f3n, erradicaci\u00f3n e investigaci\u00f3n. Lo que s\u00ed hizo, al menos hasta 2019, fue construir un enfoque diferente al promovido por Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Tras la expulsi\u00f3n de la DEA en 2008, el Estado boliviano apost\u00f3 por un modelo basado en la soberan\u00eda sobre su pol\u00edtica antinarcotr\u00e1fico, el control social de los cultivos de coca y la cooperaci\u00f3n con organizaciones campesinas productoras. Ese modelo no estuvo exento de cr\u00edticas ni de limitaciones, pero part\u00eda de una premisa distinta: la hoja de coca no es la enemiga y la pol\u00edtica de seguridad no pod\u00eda convertirse en una guerra contra las comunidades productoras.<\/p>\n\n\n\n

La diferencia es sustancialmente pol\u00edtica. Mientras la doctrina estadounidense tend\u00eda a presentar el narcotr\u00e1fico como una amenaza militar que justificaba la expansi\u00f3n de las Fuerzas Armadas, bases militares y de los organismos de inteligencia, Bolivia insist\u00eda en distinguir entre la hoja de coca, las econom\u00edas campesinas y las organizaciones criminales dedicadas al tr\u00e1fico internacional de drogas.<\/p>\n\n\n\n

El golpe de Estado de 2019 y la posterior degradaci\u00f3n democr\u00e1tica comenzaron a erosionar ese consenso. Con la llegada de Rodrigo Paz al gobierno se transparent\u00f3 ese acercamiento a la agenda de seguridad impulsada desde Washington. No sorprendi\u00f3 la incorporaci\u00f3n de Bolivia al Escudo de las Am\u00e9ricas, iniciativa promovida por la administraci\u00f3n de Donald Trump que re\u00fane a gobiernos de la regi\u00f3n bajo un protectorado que combate al denominado narcoterrorismo.<\/p>\n\n\n\n

El gobierno de Paz anunci\u00f3 el restablecimiento de las oficinas de la DEA, recibe tutelaje directo de altas autoridades estadounidenses e incorpor\u00f3 un lenguaje que hab\u00eda ocupado un lugar marginal en el debate p\u00fablico boliviano en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

En pocas semanas, Bolivia pas\u00f3 de discutir una crisis econ\u00f3mica, pol\u00edtica y social a debatir sobre el narcoterrorismo. Y eso tuvo consecuencias concretas. Esencialmente, facilit\u00f3 la construcci\u00f3n de un posicionamiento pol\u00edtico y medi\u00e1tico favorable a la militarizaci\u00f3n del conflicto. La participaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno comenz\u00f3 a presentarse como una respuesta necesaria frente a una amenaza extraordinaria y no como una medida excepcional que deb\u00eda estar estrictamente limitada por la Constituci\u00f3n y los est\u00e1ndares internacionales de Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n

De esa forma, se justific\u00f3 un nuevo marco normativo. La derogaci\u00f3n de la Ley 1341, aprobada tras las masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal precisamente para limitar la intervenci\u00f3n militar en conflictos internos, y su reemplazo por la Ley 1740 habilit\u00f3 la posibilidad de participaci\u00f3n conjunta de polic\u00edas y militares. La nueva norma incorpor\u00f3 disposiciones ambiguas y especialmente preocupantes, como la presunci\u00f3n de legalidad de las actuaciones realizadas por las fuerzas de seguridad durante un estado de excepci\u00f3n, debilitando los mecanismos de control y rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n

De esta forma se abri\u00f3 la puerta a una pol\u00edtica de persecuci\u00f3n judicial contra dirigentes y l\u00edderes sociales que se mantiene vigente. Conforme avanzaban las movilizaciones comenzaron a multiplicarse las denuncias por terrorismo e instigaci\u00f3n contra dirigentes sindicales, campesinos, ind\u00edgenas y vecinales, mientras se produc\u00edan detenciones arbitrarias y operativos ejecutados incluso por personas encapuchadas cuya pertenencia institucional nunca fue plenamente esclarecida.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, el discurso del narcoterrorismo contribuy\u00f3 a legitimar una creciente presencia internacional. Las declaraciones de Marco Rubio, Christopher Landau y otras autoridades estadounidenses, as\u00ed como la resoluci\u00f3n de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos impulsada por los pa\u00edses integrantes del Escudo de las Am\u00e9ricas en respaldo al gobierno de Rodrigo Paz, forman parte de un mismo proceso: la reinscripci\u00f3n de Bolivia dentro del esquema de sometimiento promovido por Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Y decimos \u201creinscripci\u00f3n\u201d porque no ser\u00eda la primera vez que ocurre. Durante la d\u00e9cada de 1990, bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora, padre del actual presidente, Bolivia profundiz\u00f3 su alineamiento con la pol\u00edtica antidrogas impulsada desde Washington. Aquellos a\u00f1os estuvieron atravesados por una intensa intromisi\u00f3n estadounidense en la pol\u00edtica boliviana en general y por una creciente subordinaci\u00f3n de la pol\u00edtica antidrogas a su agenda. Sin embargo, lejos de traducirse en una lucha efectiva contra las grandes estructuras criminales, ese per\u00edodo convivi\u00f3 con algunos de los episodios m\u00e1s oscuros de la historia reciente del pa\u00eds. El caso Huanchaca y, posteriormente, los narcov\u00ednculos que involucraron a dirigentes del propio MIR, demostraron que la cercan\u00eda con la estrategia estadounidense nunca fue garant\u00eda de transparencia ni de eficacia. Por el contrario, la historia boliviana muestra que las grandes econom\u00edas il\u00edcitas tambi\u00e9n encontraron protecci\u00f3n y complicidades dentro de las propias estructuras del poder.<\/p>\n\n\n\n

<\/a>Del narcogallo, su narcopollo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Si el principal problema de Bolivia fuera el narcotr\u00e1fico, cabr\u00eda esperar que el Estado concentrara sus esfuerzos en desarticular las grandes redes econ\u00f3micas que lo hacen posible. El narcotr\u00e1fico contempor\u00e1neo necesita rutas internacionales, empresas de fachada, operadores financieros, funcionarios corruptos, infraestructura log\u00edstica y mecanismos sofisticados de lavado de dinero. Es all\u00ed donde se concentra el verdadero poder de estas econom\u00edas il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el discurso oficial parece orientarse en otra direcci\u00f3n. Mientras las mayores incautaciones de droga vinculadas a Bolivia contin\u00faan revelando la existencia de organizaciones con enorme capacidad econ\u00f3mica y log\u00edstica, la principal categor\u00eda pol\u00edtica del Gobierno recae sobre quienes marchan, bloquean caminos, participan de organizaciones sociales y, claro est\u00e1, Evo Morales.<\/p>\n\n\n\n

Las recientes incautaciones de m\u00e1s de cien toneladas de marihuana l\u00edquida en Chile y de alrededor de cincuenta toneladas de coca\u00edna l\u00edquida en Brasil, ambas provenientes de Bolivia, son una muestra de la escala del problema. Se trata de cargamentos cuyo valor alcanza miles de millones de d\u00f3lares y cuya circulaci\u00f3n dif\u00edcilmente podr\u00eda explicarse sin complejas redes de protecci\u00f3n institucional, financiera y empresarial. Frente a operaciones de semejante magnitud, la respuesta estatal ha sido llamativamente escasa en t\u00e9rminos de informaci\u00f3n p\u00fablica sobre los responsables de esas estructuras, las investigaciones patrimoniales o las redes de complicidad que permiten su funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n

Esa asimetr\u00eda resulta reveladora. Mientras el discurso oficial coloca a campesinos, maestros, gremiales, transportistas y pueblos ind\u00edgenas en el centro de la amenaza, las organizaciones capaces de mover toneladas de droga permanecen, en buena medida, fuera del foco del debate p\u00fablico. La pregunta, entonces, deja de ser \u00fanicamente qui\u00e9nes son perseguidos porque es urgente preguntarse qui\u00e9nes no lo son.<\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, parece tener sentido que distintas estaciones del telef\u00e9rico de La Paz y El Alto exhiban mensajes de felicitaci\u00f3n por el 4 de julio, D\u00eda de la Independencia de Estados Unidos. Pues a la par de importar el discurso de \u201cnarcoterrorismo\u201d se importa la cooperaci\u00f3n asim\u00e9trica, la doctrina y el alineamiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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