El Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, presentado por el ministro de Econom\u00eda, Cristian Morales Burgos, el 30 de octubre de 2026, se define como el primer instrumento fiscal dise\u00f1ado en el marco del acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones. Sus metas macroecon\u00f3micas centrales \u2014d\u00e9ficit fiscal del 6,7% del PIB, inflaci\u00f3n del 10,7% y contracci\u00f3n econ\u00f3mica del -1,5%\u2014 coinciden formalmente con las comprometidas ante el organismo. Sin embargo, contiene una contradicci\u00f3n que lo invalida como instrumento de cumplimiento: asigna Bs 11.000 millones para subvencionar la gasolina y el GNV, cuando el Memorando de Pol\u00edticas Econ\u00f3micas y Financieras establece expresamente que \u201cel presupuesto de 2027 no incluir\u00e1 partidas para subsidios a los combustibles, ni del Tesoro ni de las empresas estatales\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El propio ministro confirm\u00f3 la asignaci\u00f3n: \u201cDentro del presupuesto estamos garantizando una subvenci\u00f3n de 11 mil millones de bolivianos aproximadamente\u201d. El contraste es directo: el acuerdo exige cero subsidios; el presupuesto reserva Bs 11.000 millones para ellos. Esto no significa que el FMI haya declarado un incumplimiento formal \u2014el presupuesto a\u00fan debe ser aprobado por la Asamblea y podr\u00eda modificarse\u2014, pero s\u00ed revela que el Ejecutivo est\u00e1 enviando se\u00f1ales contradictorias: negocia con el FMI un ajuste del 8,5% del PIB, pero al mismo tiempo preserva el gasto que el propio acuerdo identifica como la partida m\u00e1s voluminosa a eliminar.<\/p>\n\n\n\n
La l\u00f3gica pol\u00edtica detr\u00e1s de esta contradicci\u00f3n es comprensible: el GLP y la gasolina son los combustibles de uso masivo en hogares y transporte, y su eliminaci\u00f3n sin compensaci\u00f3n efectiva desatar\u00eda una conflictividad social a\u00fan mayor que la de 2026. Pero esa misma l\u00f3gica es la que socava la credibilidad del programa y expone al gobierno a que los desembolsos del FMI \u201412 en total, sujetos a evaluaciones\u2014 queden condicionados a reformas que el presupuesto no contempla.<\/p>\n\n\n\n
El PGE 2027 se elabor\u00f3 con un supuesto de Bs 12 por d\u00f3lar, confirmado por el ministro. Este supuesto refleja la transici\u00f3n hacia un r\u00e9gimen de flotaci\u00f3n administrada, con intervenciones \u201climitadas\u201d del Banco Central, tal como establece el acuerdo. Pero la sostenibilidad de ese tipo de cambio depende de una variable que el presupuesto no controla: la reconstrucci\u00f3n de reservas internacionales. El FMI advierte que \u201clas reservas utilizables siguen bajas\u201d y que la crisis \u2014ca\u00edda de producci\u00f3n de gas, d\u00e9ficits monetizados y tipo de cambio sobrevaluado\u2014 \u201csigue abierta\u201d. Sin reservas suficientes, un tipo de cambio \u201cdeterminado por el mercado\u201d puede derivar en una espiral de depreciaci\u00f3n que retroalimente la inflaci\u00f3n y erosione el poder adquisitivo, especialmente de quienes reciben ingresos fijos en bolivianos.<\/p>\n\n\n\n
En materia de deuda, el acuerdo busca \u201cpreservar la sostenibilidad\u201d mediante un ajuste fiscal \u201cadelantado\u201d. Pero la l\u00f3gica del ajuste implica que el pago de la deuda se prioriza sobre el gasto social: el objetivo de reducir el d\u00e9ficit global al 3,5% del PIB en 2029 exige contener la masa salarial, racionalizar la inversi\u00f3n y reestructurar empresas estatales. El PGE 2027 proyecta, al mismo tiempo, un aumento de la inversi\u00f3n p\u00fablica a Bs 17.000 millones, lo que plantea una pregunta sin respuesta clara en el documento: si el d\u00e9ficit se reduce y el financiamiento monetario se elimina, \u00bfcon qu\u00e9 recursos se financiar\u00e1 esa inversi\u00f3n? La respuesta impl\u00edcita es m\u00e1s deuda externa y bonos soberanos, lo que traslada el costo del ajuste actual a las generaciones futuras.<\/p>\n\n\n\n
El impacto del PGE 2027 y del acuerdo con el FMI no puede analizarse en abstracto. Ocurre en un contexto de erosi\u00f3n institucional profunda que reduce la capacidad del Estado para gestionar el ajuste y proteger a los m\u00e1s vulnerables. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no puede pronunciarse sobre si una ley vulnera derechos fundamentales porque no tiene qu\u00f3rum: cinco magistrados prorrogaron sus mandatos indefinidamente en diciembre de 2023, y la actual composici\u00f3n de solo cuatro magistrados ha generado una \u201cgrave contradicci\u00f3n institucional\u201d. El TCP acumula 22.000 expedientes pendientes, muchos de ellos solicitudes de revisi\u00f3n de privaci\u00f3n de libertad de personas encarceladas, con esperas de hasta tres a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Esta desinstitucionalizaci\u00f3n tiene un efecto directo sobre los sectores pobres: sin un sistema judicial funcional, no hay mecanismos para resolver conflictos \u2014laborales, de tierras, de acceso a servicios\u2014 y sin un Tribunal Constitucional operativo, no hay contrapeso jur\u00eddico frente a decretos que afectan derechos sociales. La desinstitucionalizaci\u00f3n no es un tel\u00f3n de fondo: es un multiplicador de la vulnerabilidad, porque elimina las v\u00edas institucionales por las que los sectores populares podr\u00edan resistir o negociar los impactos del ajuste.<\/p>\n\n\n\n
El incremento en las tarifas de electricidad y agua opera como un ajuste silencioso que golpea directamente a los hogares de menores ingresos. Las tarifas est\u00e1n indexadas al tipo de cambio oficial y a las Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), de modo que la depreciaci\u00f3n del boliviano se traslada autom\u00e1ticamente a las facturas. Como advirti\u00f3 el expresidente Morales, \u201cmientras unos pocos ganan con la especulaci\u00f3n, las familias m\u00e1s humildes tendr\u00e1n que soportar un aumento constante en las tarifas de electricidad y agua\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El impacto es regresivo por dise\u00f1o: en los hogares pobres, el gasto en electricidad y agua representa una proporci\u00f3n mucho mayor del ingreso que en los hogares de clase media o alta. Un incremento porcentual id\u00e9ntico en la tarifa implica una p\u00e9rdida de bienestar proporcionalmente mayor para quien destina el 10% de su ingreso a servicios b\u00e1sicos que para quien destina el 3%. Organizaciones de derechos humanos han alertado que estas medidas configuran \u201cuna bomba de tiempo\u201d que empuja a la pobreza, y han documentado incrementos dr\u00e1sticos en los cobros del agua potable. La propia l\u00f3gica de \u201cser pobre es muy caro\u201d se profundiza: el acceso a servicios b\u00e1sicos en zonas perif\u00e9ricas ya cuesta \u201centre tres a cinco veces m\u00e1s\u201d que en zonas con acceso directo, y el ajuste tarifario agrava esa brecha.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno ya elimin\u00f3 la subvenci\u00f3n general al di\u00e9sel en septiembre de 2026: su precio pas\u00f3 de Bs 3,74 por litro a Bs 17,95, un incremento del 380,2%. El acuerdo con el FMI establece que, desde enero de 2027, los precios de la gasolina tambi\u00e9n deber\u00e1n cubrir costos, vinculados a cotizaciones internacionales y al tipo de cambio. El GLP sigue subvencionado, pero el memorando no fija un calendario espec\u00edfico para su ajuste, y el PGE 2027 no aclara si los Bs 11.000 millones incluyen el GLP o solo gasolina y GNV.<\/p>\n\n\n\n
Para los hogares pobres, la combinaci\u00f3n es letal. El GLP es el combustible de cocina de la mayor\u00eda de las familias de bajos ingresos; su eliminaci\u00f3n sin compensaci\u00f3n \u201cpodr\u00e1 empobrecer m\u00e1s a\u00fan a la poblaci\u00f3n boliviana debido a que depende de ese energ\u00e9tico f\u00f3sil para preparar sus alimentos\u201d. La gasolina afecta el transporte p\u00fablico y el costo de los fletes que trasladan alimentos a los mercados urbanos. El di\u00e9sel, ya ajustado, encarece el transporte de carga y la producci\u00f3n agr\u00edcola. Cada uno de estos aumentos se transmite en cascada a la canasta familiar, que absorbe el impacto de manera desproporcionada en los hogares que destinan la mayor parte de su ingreso a alimentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La Fundaci\u00f3n Jubileo ha cuantificado el efecto. En 2024-2025, el 44,7% de la poblaci\u00f3n se encontraba en pobreza por ingresos (unos 5,5 millones de personas) y el 16,9% en pobreza extrema (unos 2 millones). Cerca de 2,5 millones de personas se encuentran \u201cinmediatamente por encima de la l\u00ednea de pobreza\u201d, con ingresos en torno a Bs 1.328 mensuales, por lo que \u201cun aumento del costo de vida puede reducir r\u00e1pidamente su capacidad de compra\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Las microsimulaciones de Jubileo proyectan que, solo por la eliminaci\u00f3n del subsidio al di\u00e9sel, la pobreza podr\u00eda subir del 44,7% al 46%, 47% o hasta 49%, lo que supone entre 171.000 y 514.000 personas adicionales en pobreza. Si a ello se suman el ajuste de la gasolina, el posible ajuste del GLP y el incremento de tarifas de servicios b\u00e1sicos, el escenario de 514.000 nuevos pobres deja de ser un l\u00edmite superior y se convierte en una estimaci\u00f3n conservadora. Los hogares afectados responder\u00e1n \u201creduciendo la cantidad o calidad de los alimentos, recurriendo a deudas informales, vendiendo activos o postergando gastos de salud y educaci\u00f3n\u201d, lo que significa que el impacto se acumula intergeneracionalmente: menos nutrici\u00f3n, menos salud, menos educaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El PGE 2027 es un presupuesto atrapado en una contradicci\u00f3n que lo debilita: se presenta como el instrumento del acuerdo con el FMI, pero asigna Bs 11.000 millones a los subsidios que el acuerdo ordena eliminar. Esta contradicci\u00f3n no es un error t\u00e9cnico, sino el reflejo de un dilema pol\u00edtico irresoluble: el gobierno necesita el financiamiento del FMI, pero no puede eliminar de golpe los subsidios que sostienen la paz social de los sectores m\u00e1s pobres.<\/p>\n\n\n\n
El problema es que no ha construido los mecanismos para resolver ese dilema. El Registro Social Unificado, que deb\u00eda focalizar las compensaciones, no est\u00e1 operativo. El Tribunal Constitucional no puede ejercer su funci\u00f3n de contrapeso. El sistema judicial no ofrece v\u00edas de resoluci\u00f3n de conflictos. Y las tarifas de servicios b\u00e1sicos, indexadas al tipo de cambio, siguen trasladando el costo de la devaluaci\u00f3n a los hogares sin que exista una compensaci\u00f3n equivalente.<\/p>\n\n\n\n
El resultado es que los sectores m\u00e1s pobres absorben el ajuste por tres v\u00edas simult\u00e1neas: la eliminaci\u00f3n de subsidios a los combustibles que encarece la canasta, el incremento de tarifas de servicios b\u00e1sicos que reduce el ingreso disponible, y la desinstitucionalizaci\u00f3n que les impide negociar o resistir esos impactos por cauces institucionales. La proyecci\u00f3n de hasta 514.000 nuevos pobres no es una fatalidad econ\u00f3mica: es el resultado de decisiones pol\u00edticas que priorizan la disciplina fiscal y el cumplimiento (parcial) del acuerdo con el FMI sobre la protecci\u00f3n efectiva de la poblaci\u00f3n. Mientras esas decisiones no se corrijan \u2014con un registro social operativo, una compensaci\u00f3n directa y suficiente, y un m\u00ednimo de funcionalidad institucional\u2014, el ajuste seguir\u00e1 recayendo, una vez m\u00e1s, sobre los que menos tienen.<\/p>\n\n\n\n
31 de octubre de 2026<\/em><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" 1. La contradicci\u00f3n central del PGE 2027: un presupuesto que incumple elacuerdo que dice cumplir El Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, presentado por el ministro de Econom\u00eda, Cristian Morales Burgos, el 30 de octubre de 2026, se define como el primer instrumento fiscal dise\u00f1ado en el marco del acuerdo con el FMI por USD 1.900 […]<\/p>\n","protected":false},"author":30,"featured_media":1273,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[56,3],"tags":[],"class_list":["post-1271","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-economia-picante","category-muy-picante"],"jetpack_publicize_connections":[],"wpmagazine_modules_lite_featured_media_urls":{"thumbnail":["https:\/\/ajicolorado.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/MINISTRO-DE-ECONOMIA--150x150.jpg",150,150,true],"cvmm-medium":["https:\/\/ajicolorado.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/MINISTRO-DE-ECONOMIA--300x300.jpg",300,300,true],"cvmm-medium-plus":["https:\/\/ajicolorado.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/MINISTRO-DE-ECONOMIA--305x207.jpg",305,207,true],"cvmm-portrait":["https:\/\/ajicolorado.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/MINISTRO-DE-ECONOMIA--400x600.jpg",400,600,true],"cvmm-medium-square":["https:\/\/ajicolorado.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/MINISTRO-DE-ECONOMIA--600x600.jpg",600,600,true],"cvmm-large":["https:\/\/ajicolorado.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/MINISTRO-DE-ECONOMIA--1024x1024.jpg",1024,1024,true],"cvmm-small":["https:\/\/ajicolorado.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/MINISTRO-DE-ECONOMIA--130x95.jpg",130,95,true],"full":["https:\/\/ajicolorado.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/MINISTRO-DE-ECONOMIA--scaled.jpg",2560,1145,false]},"categories_names":{"56":{"name":"ECONOM\u00cdA PICANTE","link":"https:\/\/ajicolorado.com\/?cat=56"},"3":{"name":"MUY PICANTE","link":"https:\/\/ajicolorado.com\/?cat=3"}},"tags_names":[],"comments_number":"0","brizy_media":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ajicolorado.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1271","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ajicolorado.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ajicolorado.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajicolorado.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/30"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajicolorado.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1271"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ajicolorado.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1271\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1272,"href":"https:\/\/ajicolorado.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1271\/revisions\/1272"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajicolorado.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1273"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ajicolorado.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajicolorado.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajicolorado.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}